Los trabajadores de la prensa Deisy Peña y Paúl León, a quienes detuvieron en el contexto de las protestas poselectorales que comenzaron el pasado 29 de julio, fueron pasados a juicio tras las audiencias preliminares de cada uno, realizadas este 22 de octubre.
Paúl León es camarógrafo del medio Venezolanos por la Información (VPI) y fue apresado el 30 de julio por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Valera, estado Trujillo.
De acuerdo con lo que informó VPI, a Paúl León se le negó el derecho a la defensa privada en la audiencia preliminar, que se realizó 78 días después de su arresto.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó que el Ministerio Público ratificó la acusación contra la reportera gráfica Deisy Peña por los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública, pasando así a etapa de juicio. Según la organización, fue el juez Carlos Liendo quien tomó esa decisión y se mantiene la privativa de libertad.
Peña fue aprehendida el pasado 2 de agosto en Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Desde el 5 de agosto Deisy Peña está recluida la cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy.
Según una publicación hecha en Instagram por la ONG Sin Mordaza, hace dos semanas Deisy Peña se descompensó debido a un cólico nefrítico, por lo cual requirió un traslado a un centro de salud. Ella sufre de litiasis renal (piedras en los riñones).
Ambos se encontraban ejerciendo su trabajo y no protestando cuando fueron detenidos por agentes de seguridad del Estado.
¿Cuántos van?
Pero Peña y León no son los únicos trabajadores de la comunicación social que han sido detenidos, sin pruebas, por las autoridades. Los gremios periodísticos contabilizan, por lo menos, 13 profesionales de esta rama injustamente tras las rejas, sin que se les cumpla el debido proceso.
Desde el comienzo de la campaña electoral, de esos 13, ocho periodistas siguen presos, acusados de «terrorismo» e «incitación al odio». La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena enérgicamente esta represión del régimen de Nicolás Maduro contra los profesionales de la información.
Luis López, Ismael Gabriel González, Yuosnel Alvarado, Paúl León, Deysi Peña, José Gregorio Camero, Eleángel Navas, Gilberto Reina y Ana Carolina Guaita se enfrentan a graves cargos y a condenas que van de 12 a 20 años de cárcel.
Los 8 periodistas encarcelados
Luis López, de más de 60 años, es un periodista con 27 años de experiencia. Ha trabajado para Radio Caracas y el diario La Verdad en La Guaira, ciudad costera al norte de Caracas, la capital del país. Está especializado en política y defensa de los derechos de las comunidades. Fue detenido arbitrariamente el 14 de junio cuando se dirigía a realizar un reportaje. Desapareció durante más de 24 horas. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de El Helicoide, en Caracas, acusado de «incitación al odio» y «asociación para delinquir».
Yuosnel Alvarado de 23 años, es fotoperiodista de Noticias Digital. Especializado en cobertura comunitaria y política, fue detenido por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando grababa a unos ciudadanos que organizaban un «cacerolazo» para protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales. Acusado de «terrorismo» e «incitación al odio», estaba detenido en el Comando 331 de la GNB en Barinas y fue trasladado al estado de Aragua.
Paúl León, de 26 años y camarógrafo de VPI TV desde marzo de 2024, con experiencia en medios deportivos, fue detenido el 30 de julio junto con varios manifestantes en Valera, estado de Trujillo. Tras ser arrestado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue trasladado a la División de Investigación Criminal de la PNB en Carvajal, pero posteriormente, según informes, fue llevado el 25 de agosto a un lugar desconocido. Se le acusa de «terrorismo» e «incitación al odio».
Deysi Peña es una fotoperiodista con 20 años de experiencia. Fue detenida el 2 de agosto por una patrulla policial sin orden judicial por fotografiar la manifestación del 30 de julio. Está recluida en la cárcel de mujeres de Ocumare del Tuy, al sur de Caracas, donde deberá permanecer 45 días mientras se lleva a cabo una investigación. Está acusada de «terrorismo», «incitación al odio», «resistencia a la autoridad», «vandalismo y daños contra la propiedad pública y privada», permanece detenida un mínimo de 45 días mientras se lleva a cabo una investigación.
José Gregorio Camero es productor y presentador de un programa informativo radiofónico en Talento 102.7 FM, en Valle de la Pascua, estado de Guárico. Fue detenido el 3 de agosto por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), presuntamente con pasamontañas, tras una manifestación de protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales. Un tribunal especial de terrorismo lo condenó a al menos 45 días de prisión.
Eleángel Navas, de 25 años, es fotógrafo y community manager del diario El Oriental. El 3 de agosto, agentes de policía se presentaron en su domicilio para detenerlo por «terrorismo» e «incitación al odio». Como no estaba en casa, detuvieron a su madre y a su sobrina de cinco años. Obligaron a su madre a llamarlo y a concertar una cita con él en un lugar público, donde la policía lo detuvo. Permaneció detenido 45 días. El 26 de agosto lo trasladaron a la prisión de Yare, en San Francisco de Yare, estado de Miranda, pero sus familiares siguen buscándolo.
Gilberto Reina, de 52 años, cubría noticias locales y políticas para el medio digital La Sapa del Orinoco en Ciudad Bolívar, al este del país. Fue detenido en su domicilio por los servicios de contraespionaje (DGCIM). Se le acusa de «terrorismo» e «incitación al odio».
Ana Carolina Guaita, de 32 años, cubría diversos temas para el medio de comunicación online La Patilla, tras haber trabajado como redactora para Globovisión. El 20 de agosto fue detenida sin orden judicial cuando salía de su domicilio en Maiquetía, al norte de Caracas, por presuntos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Al parecer se encuentra detenida en la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira, al norte del país, aunque no se ha confirmado oficialmente el lugar de su detención. La periodista es hija de dos dirigentes políticos de la oposición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha concedido medidas cautelares por encontrarse en una situación urgente en la que existe riesgo de daño irreparable a sus derechos. Todavía se desconocen los cargos que se le imputan.
A ellos se le suman otras detenciones, como las del empresario de medios Leocenis García, el miembro de Voluntad Popular y periodista Roland Carreño, el político Enzo Scarano y el locutor Jesús Mata, que no fueron detenidos por ejercer la profesión, pero igual están tras las rejas sin justificación.
Recrudecimiento de la intimidación
«Desde el 28 de julio, las y los periodistas en Venezuela vieron empeoradas sus condiciones para ejercer el oficio, al aumentar la hostilidad, en un clima de persecución e intimidación, marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información de interés público», así lo afirma la ONG Espacio Público en su más reciente informe sobre violaciones al derecho a la información.
La organización detalla que hasta el 29 de agosto registran 130 casos vinculados con violaciones a la libertad de expresión desde el 28 de julio, día de la elección presidencial, entre ellos detenciones arbitrarias, ataques, hostigamientos físicos y verbales, bloqueos digitales y criminalizaciones de opiniones.
«Hemos contabilizado 13 detenciones arbitrarias, la mayoría de estas se dieron en el marco de las protestas ocurridas luego del 28 de julio. Otros arrestos ocurrieron bajo presuntas órdenes de allanamiento, lo que da cuenta de un patrón de acoso hacia la labor periodística, propio de contextos represivos y como respuesta a la conflictividad social y política», agregan.