En Venezuela, la situación de los presos políticos, en términos de salud, ha sido un tema de considerable preocupación y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, familiares y activistas.
A continuación, se detallan algunos puntos clave sobre las denuncias:
- Condiciones de salud deterioradas: Varios informes indican que muchos presos políticos en Venezuela enfrentan condiciones de salud que se han deteriorado significativamente durante su encarcelamiento. Se ha reportado que algunos presos han muerto debido a la falta de atención médica adecuada. Por ejemplo, recientemente, se informó que dos presos políticos fallecieron en un lapso de 72 horas, con denuncias de negligencia en su tratamiento médico.
- Negligencia médica: La atención médica en las prisiones venezolanas para presos políticos suele ser insuficiente o inadecuada. Hay casos documentados donde los diagnósticos son erróneos o tardíos, lo que ha llevado a desenlaces fatales. Un ejemplo es el caso de Osgual González, quien falleció presumiblemente por hepatitis, diagnosticado inicialmente como un cólico nefrítico.
- Alertas de las ONG: Organizaciones como Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones han denunciado repetidamente la falta de atención médica y los maltratos en las cárceles venezolanas. Estas ONG han señalado que muchos presos políticos presentan cuadros graves de salud que no son debidamente atendidos, lo que puede incluir desde enfermedades óseas hasta padecimientos cardíacos severos.
- Impacto de las protestas postelectorales: Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el gobierno detuvo a más de 2.000 y algunas de estas han experimentado un deterioro de su salud mientras están bajo custodia del Estado. La represión y las condiciones de detención parecen haber exacerbado problemas de salud preexistentes o creado nuevos problemas debido a la falta de atención médica.
- Acciones del Gobierno: Aunque hay algunos casos de excarcelaciones de presos políticos, las condiciones de salud de estos venezolanos y venezolanas suelen usarse como un factor crítico para su liberación. Sin embargo, para muchos, la liberación viene con condiciones que no garantizan un tratamiento médico completo y adecuado fuera de prisión.
Los presos políticos en Venezuela
El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que llenó cárceles de Venezuela con más de 2.000 detenidos por razones políticas, a los que acusó de terrorismo o conspiración, en medio de las protestas postelectorales que ocurrieron luego del 28 de julio pasado, de los cuales 170 son adolescentes. Más recientemente, el gobernante Nicolás Maduro dijo en una alocución pública que en Venezuela no existen presos políticos, una afirmación que anteriormente hizo su canciller Yván Gil en foros internacionales.
Activistas de derechos humanos como la abogada Theresly Malavé, presidenta de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, señaló que a la fecha suman más de 3 mil presos políticos.
«Nosotros pensamos que hay más de 3.000 presos políticos en el país por la cantidad de gente, salen unos pocos, lo que de paso es difícil de monitorear, ya que unos salen y valientemente publican su libertad, pero otros no quieren tener contacto más nunca con el exterior por miedo a vivir de nuevo lo que están viviendo», explicó.
Sostuvo que la cifra de presos políticos continúa en aumento a pesar de algunas excarcelaciones, debido al número continuo de detenciones arbitrarias que se producen en el país. Esta semana se han confirmado al menos tres de ellas: dos de dirigentes de Vente Venezuela en Miranda y Yaracuy, mientras que hubo una de un integrante de Voluntad Popular en Barinas.
También señaló que a los nuevos presos políticos se les da en los centros detención el mismo trato de los que ya tienen años tras las rejas, entre las que mencionó la falta de defensa legal, el acceso a la salud escaso y la restricción de visitas de familiares.
Sobre la causa de la muerte de varios detenidos en los últimos días, señaló que si los enfermos no tienen contacto con su defensa para que se notifique al tribunal, el trámite que se «debe hacer para que se haga efectivo el derecho a la salud queda obviado», y el incumplimiento de las leyes, lo que incluye la inacción por parte de directores carcelarios.
Otro ejemplo es de la activista y abogada Rocío San Miguel, presa en el Sebin desde el 9 de febrero de este año. La semana anterior se filtraron imágenes de una consulta médica en la que se confirmó sufrió una fractura en su hombro derecho.
Su abogado, Juan González Taguaruco, dijo que San Miguel se cayó hace cuatro meses y desde ese momento solo le suministraron analgésicos de forma irregular por intermedio de su hija, quien es la única que puede visitarla en El Helicoide.
22 muertes en custodia
La muerte de tres detenidos ocurrida en el último mes ha disparado las alertas nacionales e internacionales sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
ONG como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia asevera que los presos políticos «viven un horror tras las rejas» y que su salud física y mental «está cada vez más comprometida».
Estas organizaciones de derechos humanos apuntan que las causas de estas muertes incluyen principalmente torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica adecuada.
Desde el año 2015, según se ha dado a conocer a través de los medios de comunicaciób independientes, murieron 22 presos políticos en sus lugares de detención, bajo custodia de organismos del Estado.
Entre ellos:
Rodolfo González: Excapitán de aviación civil, de 64 años de edad, a quien apresaron en abril de 2014 por su supuesta vinculación con las protestas antigubernamentales de ese año; lo encontraron muerto el 13 de marzo de 2015, en su celda de el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Carlos Andrés García: concejal de Guasdualito, en el estado Apure, falleció en septiembre de 2017 a consecuencia de un ACV sufrido en agosto de ese año, mientras se encontraba detenido en la sede del Sebin, en ese estado. El partido Primero Justicia, denunció que a García lo encarcelaron ilegalmente y se le negó atención médica.
Rafael Arreaza Soto: Teniente de la Guardia Nacional, murió en diciembre de 2017 tras un intento de fuga junto a ocho compañeros desde la cárcel militar de Ramo Verde, durante su traslado a los tribunales militares en Fuerte Tiuna.
Fernando Albán: El concejal de Caracas por el partido Primero Justicia, fue detenido el 5 de octubre de 2018. Tres días después, el 8 de octubre, se informó que había fallecido tras caer desde el décimo piso del edificio del Sebin en Plaza Venezuela, en Caracas.
Nelson Martínez: Exministro de Petróleo de Venezuela y expresidente de PDVSA, falleció el 12 de diciembre de 2018 debido a complicaciones de salud mientras estaba bajo custodia del Estado.
Rafael Acosta Arévalo: capitán de corbeta de la Armada Bolivariana, murió el 29 de junio de 2019. Su esposa, Waleska Pérez, denunció que lo torturaron y que su muerte fue resultado directo de las lesiones causadas durante su detención.
Virgilio Jiménez: El joven de 20 años de edad murió el 5 de febrero de 2019 mientras estaba detenido en la cárcel de Uribana, en el estado Lara. Lo arrestaron en noviembre de 2017 durante las protestas contra el gobierno de Maduro y lo acusaron de terrorismo y otros delitos. Jiménez sufrió una grave deshidratación, fiebre alta, vómitos y sangrado.
Ángel Sequera: Ingeniero de la Corpoelec, murió el 9 de marzo, durante el apagón nacional, en una celda del Cicpc. Pero poca es la información que se conoce de este caso.
Elwin Mendoza: Lo detuvieron el 23 de febrero por estar involucrado en las protestas del 2019, se encontraba en el destacamento 113 de la GNB en Cabimas, Zulia. Falleció a causa de una tuberculosis y una neumonía crónica que contrajo.
Wilfredo Heredia: El 26 de diciembre del 2019 lo detuvo la Dgcim por el caso Operación Aurora. Presuntamente falleció a causa de golpes recibidos en su detención.
Luis Armando Monsalve: Sargento segundo de la GNB, murió el 31 de mayo de 2020, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, tras un paro respiratorio. El efectivo estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde mayo de 2019.
Pedro Pablo Santana: Ganadero; lo detuvieron el 29 de agosto de 2019 por presunta vinculación con actos terroristas. Falleció el 14 de agosto de 2020 mientras estaba bajo arresto domiciliario debido a diversas complicaciones médicas derivadas de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca e hipertensión.
Salvador Franco: Indígena pemón; falleció el 3 de enero de 2021 en la cárcel El Rodeo II en Miranda. Lo detuvieron en diciembre de 2019 por su presunta implicación en el asalto a un cuartel militar en el estado Bolívar. Durante su tiempo en prisión, padeció tuberculosis y desnutrición, y su salud se deterioró gravemente debido a la falta de atención médica adecuada.
Gabriel Medina Díaz: Exfuncionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), falleció por un paro respiratorio el 29 de agosto de 2021, mientras estaba detenido en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Lo detuvieron en abril de 2020 junto con otras ocho personas, acusado de planear un supuesto secuestro del líder chavista Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia.
Raúl Isaías Baduel: Exministro de Defensa de Hugo Chávez, falleció el 12 de octubre de 2021 mientras estaba detenido en una cárcel de máxima seguridad en Caracas. Según el fiscal Tarek William Saab, Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del covid-19.
Armando Flores Piñango: Falleció el 23 de agosto de 2022 en el Hospital Militar de Caracas. Al capitán retirado le diagnosticaron cáncer, según informó en ese entonces la abogada Tamara Suju.
Leoner Azuaje: Falleció el 20 de abril de 2023 mientras estaba bajo custodia del Sebin. Lo detuvieron el 14 de abril de 2023 por presunta corrupción relacionada con sus funciones como presidente de Cartones de Venezuela.
Juan Almeida, alias N33: Fue un hacker al servicio del Gobierno que murió el 15 de mayo de 2023 mientras estaba bajo arresto domiciliario. Lo detuvieron en abril de dese año por su presunta implicación en el caso Pdvsa-Cripto.
Marino Lugo Aguilar: Era un coronel de la FAN, que se desempeñó en distintos puestos importantes en empresas del Estado. Lo detuvieron o el 17 de abril de 2024 por su presunta implicación en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.
Jesús Manuel Martínez: Lo apresaron el 29 de julio de 2024, pocas horas después de que se anunció la supuesta victoria de Nicolás Maduro, por ser testigo electoral en las elecciones presidenciales en representación de la Plataforma Unitaria Democrática. Durante su tiempo en prisión, sufrió maltratos y se le negó la atención médica adecuada para su diabetes tipo II, de acuerdo con las denuncias de familiares y allegados. Sus piernas se necrosaron y falleció el 14 de noviembre cuando le amputaban las dos extremidades en un hospital del estado Anzoátegui.
Jesús Rafael Álvarez: También detenido durante las protestas contra los resultados electorales, murió bajo custodia del Estado por motivos aún no esclarecidos. El preso político de 44 años de edad se encontraba recluido en la prisión de Tocuyito.
Osgual Alexander González: Lo detuvieron arbitrariamente junto con su hijo, de 19 años de edad, tras le proceso electoral del 28 de julio. A ambos los trasladados al Internado Judicial de Tocuyito, en Carabobo. Su hijo todavía continúa privado de libertad en este penal. Durante este mes de diciembre lo hospitalizaron por presentar un fuerte dolor abdominal. En el penal indicaron que se trató de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis. Su familia denunció que la atención médica fue tardía.