En Venezuela donde actualmente se estima que hay alrededor de 900 presos políticos, según organizaciones defensoras de derechos humanos; 92 de ellos enfrentan serios problemas de salud.
Detenidos entre 2004 y 2025, bajo diversas circunstancias, estas personas padecen condiciones médicas que van desde hipertensión y diabetes hasta enfermedades críticas como la insuficiencia renal, cáncer y secuelas de accidentes cerebrovasculares. Todo ello agravado por las duras condiciones de reclusión.
Nombres como Otoniel Guevara, Ermilendris Benítez, Rocío San Miguel y Carlos Chancellor están incluidos en una lista proporcionada a Efecto Cocuyo por la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). Esta ONG, que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad, registró el empeoramiento de la salud de al menos 92 personas encarceladas por razones políticas.
Condiciones graves: cáncer, insuficiencia renal y emergencias
En la lista de JEP, figuran 12 casos con diagnósticos como cáncer, insuficiencia renal y emergencias médicas que requieren atención urgente. Martha Tineo, abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora general de JEP, cuestionó la falta de respuesta del sistema penitenciario frente a estas situaciones críticas y destacó la indiferencia institucional hacia los detenidos más vulnerables.
“Suficientemente se denuncia cuáles son los casos más graves, cuáles son los que requieren una atención inmediata. Se hacen llamamientos ante las autoridades de forma pública y de forma privada y hay una absoluta indiferencia al agravamiento de las condiciones de vida de estas personas”, dijo en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.
Tineo también aseguró que el sistema penitenciario es incapaz de cumplir con sus responsabilidades básicas, especialmente a quienes enfrentan enfermedades graves. “Una pésima gestión que lejos de cumplir con lo que establece la norma constitucional en ese sentido que es garantizar no solamente condiciones de reclusión digna a favor de los privados de libertad, sino favorecer estrategias para la rehabilitación”, explicó.
Enfermedades crónicas
La hipertensión y la diabetes son las afecciones más comunes entre las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Entre los 92 casos registrados por JEP, 29 personas padecen de estas enfermedades crónicas cuyas condiciones necesitan seguimiento médico continuo.
Tineo dijo cómo estas personas con enfermedades, presentes antes de la detención en muchos casos, empeoran en reclusión por la falta de atención adecuada. “Hay personas que tenían enfermedades preexistentes a la detención y, evidentemente, no recibieron la atención médica que necesitan con las condiciones de reclusión. Pues estas enfermedades se han agravado, se han agudizado”, indicó.
La ausencia de infraestructura sanitaria en las cárceles es un factor clave para la proliferación de enfermedades. “No solo no se dispone estructuralmente de los servicios de atención médica idóneos en los centros de reclusión, sino que hay una inclemencia ante las condiciones en las que esas personas se encuentran”, dijo.
Tineo citó a Carlos Chancellor, exalcalde en Bolívar, quien “tiene una enfermedad crónica y por la falta de atención médica, pues está quedando prácticamente ciego”, como un ejemplo concreto de este problema.
Secuelas de torturas y lesiones físicas
Ocho personas presentan condiciones derivadas de presuntas torturas o lesiones físicas no tratadas, un aspecto que la abogada vinculó directamente a la intención punitiva del sistema.
Tineo recalcó que estas situaciones son parte de un castigo deliberado hacia los presos por motivos políticos. “La prisión forma parte de un castigo a la oposición real o así percibida por las autoridades nacionales y entonces se suma justamente la crueldad, la inclemencia porque el sistema se utiliza para castigar e incluso condenar anticipadamente a estas personas”.
La defensora de derechos humanos mencionó casos como el de Emirlendris Benítez, quien “por las torturas y además la falta de atención médica, pues prácticamente ha quedado sin caminar”. También destacó el caso de Rocío San Miguel, quien tras una caída en prisión, no se le ha atendido una fractura que sufrió en su hombro derecho. “Prácticamente ya no puede movilizar el brazo derecho. Pese a todos los llamados, denuncias, solicitudes y acciones que se han emprendido para que Rocío sea operada y reciba la atención médica, ha sido imposible”, lamentó Tineo.
Trastornos neurológicos y psicológicos
En la lista analizada por Efecto Cocuyo destacan diez casos de trastornos neurológicos, psicológicos o del desarrollo, como autismo y ansiedad.
Tineo recueda que el Estado es responsable de la vida y la integridad física y emocional de todas las personas que se encuentran privadas de libertad, ya que el entorno carcelario impacta y deteriora la salud mental de quienes están detenidos.
“El hacinamiento, la insalubridad, la falta de agua potable y la alimentación deficiente —cuando la reciben— agravan la situación. En muchos casos, ni siquiera les proporcionan comida, dejando esa responsabilidad completamente a las familias”, explicó.
Problemas respiratorios y pulmonares
Nueve personas enfrentan afecciones respiratorias o pulmonares, como asma y fibrosis, muchas de las cuales se desarrollaron o empeoraron en prisión.
La coordinadora de JEP mencionó que estas condiciones están ligadas al ambiente de reclusión. “Hay personas que no tenían enfermedades antes de entrar a prisión y las han adquirido justamente por las condiciones de reclusión”.
Otros casos notables
Por último, los casos restantes abarcan condiciones diversas, desde discapacidades visuales hasta problemas cardíacos que padecen quienes están encerrados por ser considerados disidentes.
Subrayó las acciones que han emprendido organizaciones y defensores de derechos humanos para visibilizar dentro y fuera de Venezuela todos los casos de personas privadas de libertad, que ONG señalan que más de 900 personas, para este 28 de marzo, están en prisión por oponerse a las políticas gubernamentales.
“Las estrategias que hemos utilizado a lo largo de la última década es documentar estas violaciones a los derechos humanos, denunciarlas ante organismos internacionales y nacionales y, sobre todo, insistir ante las autoridades a la urgencia de que los casos más graves sean atendidos con la urgencia de vida”.
