Este 9 de febrero, la abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel cumple un año de haber sido detenida por las fuerzas policiales de Nicolás Maduro, sin que hasta ahora se le haya respetado el debido proceso y su derecho a la integridad física.
Uno de sus defensores, el abogado Juan González Taguaruco, comentó en declaraciones para Efecto Cocuyo que, cerca ya de esos 365 días de cautiverio, la situación de la fundadora de la ONG Control Ciudadano no reporta ningún progreso positivo.
«Ya pasados cinco meses aproximadamente de la caída que sufrió y en la que se fracturó el hombro, más la tardanza de cuatro meses para diagnosticarla, al día de hoy, solamente recibe irregularmente tratamiento con analgésicos. No ha sido debidamente atendida esta contingencia, en el sentido de que debe ser acordado un equipo médico para la corrección quirúrgica de la fractura de consolidación viciosa», indicó el jurista.
González indicó que San Miguel debe recibir de parte de los tribunales y fiscalía que sigue su caso una medida humanitaria, para que se atienda esa y otras patologías que ha sufrido en medio de su encarcelamiento.
«Por ello reiteramos que, ante la obvia incapacidad de dispensar las atenciones que demanda la atención de esta situación de salud, es menester que le sea acordada una medida que por razones estrictamente humanitarias, haga cesar su detención, a los fines que sea evaluada e intervenida quirúrgicamente por médicos de su confianza.
Añadió que se espera que el próximo 11 de febrero se realice la audiencia de presentación, pues ya se cumplirá un año sin que se hubiere dispuesto la apertura del juicio.
Por humanidad
La ONG Provea exigió que se otorgue una medida humanitaria y la libertad a Rocío San Miguel. “Exigimos libertad para Rocío San Miguel, defensora de DD. HH. que fue víctima de desaparición forzada y tiene 360 días de injusta detención en El Helicoide”, publicó el lunes 3 de febrero, en X.
Provea insistió en que San Miguel, quien también posee nacionalidad española, no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla. “En reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna”.
De acuerdo con la ONG, la directora de Control Ciudadano «tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna”.
Sostuvo que la activista, que asegura es inocente y víctima de la falta del debido proceso, no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física.
Un año de injusticia
San Miguel, defensora de derechos humanos, fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto a su hija.
El Ministerio Público la vincula con una conspiración que incluía un supuesto plan de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro. Sus abogados no pudieron acceder al expediente del caso ni asistirla legalmente hasta ahora.
Provea añadió que cinco de los familiares de San Miguel también fueron víctimas de detención arbitraria, incluso su exesposo, Alejandro González, permanece detenido.
La ONG solicitó a las autoridades venezolanas respeto al debido proceso y la libertad de Rocío San Miguel. También pidieron a España que actúe para garantizar la integridad de su ciudadana