Las condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por organizaciones de derechos humanos y familiares, debido a las graves afectaciones a la salud física y mental de los detenidos.
Aunque no hay información oficial, organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón cifran en más de 80 el número de privados de libertad con graves condiciones de salud; entre las enfermedades están el cáncer, la diabetes, la hipertensión y problemas de salud mental como la depresión e ideaciones suicidas.
Sairam Rivas, representante del Comité de Liberación de Presos Políticos de Venezuela (Clippve), en una entrevista para Efecto Cocuyo, señala que estos problemas de salud se incrementan en las prisiones y añade que cárceles como Tocorón y Tocuyito presentan condiciones deplorables que agravan el estado de salud de los detenidos.
Sólo desde julio de 2024, se han contabilizado cinco personas muertas bajo custodia del Estado y dos excarcelados que murieron por complicaciones de salud que se agravaron mientras estaban en prisión, según denuncias de familiares y organizaciones.
Rivas señala que una de las principales causas de que estas enfermedades se reproduzcan o empeoren en prisión tiene que ver con la comida, el agua y las condiciones en las que se encuentran los recintos penitenciarios.
Las denuncias de familiares en redes sociales y protestas han revelado que el pésimo estado de la comida, a menudo con “uñas, cabellos o en estado de descomposición”, ha causado graves problemas de salud a presos políticos, según Sairam Rivas.
La activista destacó que, durante meses, los presos políticos en estos centros de detención o cárceles solo recibían poca agua, medicinas y chucherías. Esta situación, sumada a la falta de acceso a agua potable, obligó a los reclusos a consumir agua del grifo, lo que incrementó los riesgos para su salud.
La representante del Clippve explicó que en cárceles como Tocuyito, por ejemplo, documentaron que los presos debían compartir un pote de agua potable para todo el día.
Las visitas familiares, esenciales para el bienestar emocional de los presos, también fueron restringidas. En Tocorón, hasta noviembre de 2024, las visitas se realizaban a través de un vidrio y un teléfono para impedir que el detenido tuviera contacto físico con su familiar; pero tras denuncias continuas, se les permitió el contacto directo cada 15 días y, más recientemente, visitas semanales.
Sin embargo, estas mejoras, dice Rivas, son insuficientes para mitigar el impacto psicológico de la reclusión prolongada en condiciones inhumanas.
Falta de atención médica
La falta de atención médica adecuada es una de las principales causas del deterioro de la salud de los presos políticos. La activista por los derechos humanos señala que muchos centros de reclusión no cuentan con centros de salud equipados para tratar patologías graves.
“Muchos de estos centros ambulatorios o atención médica que tienen en estos penales no están aptos para la atención de graves patologías”, explica.
Los presos con condiciones de salud preexistentes o adquiridas en prisión enfrentan un abandono sistemático, que los lleva a que sus enfermedades se agraven.
“En los comandos policiales, como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta o La Yaguara, las condiciones son aún más extremas. Los familiares deben proveer incluso el agua para el baño, y, si no pueden llevar comida diariamente, los presos enfrentan el riesgo de inanición. En centros como El Helicoide, aunque se permite llevar alimentos, las condiciones generales de reclusión siguen siendo precarias, con restricciones severas que afectan el bienestar de los detenidos”, explicó.
Rivas también denunció que la frustración de estar detenidos sin haber cometido delitos, sumada a la falta de atención médica, ha llevado a casos de suicidio entre los presos políticos. “La ausencia de contacto físico con familiares, las restricciones de movimiento y la falta de acceso a servicios básicos como agua potable agravan el deterioro mental de los reclusos, muchos de los cuales llevan meses o años en prisión sin juicio”.
Muertes bajo custodia del Estado
La abogada y defensora de derechos humanos Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, señaló que existe una «responsabilidad directa del Estado venezolano» por las muertes de presos políticos bajo su custodia.
Tineo afirmó que la muerte de Lindomar Amaro,en una cárcel, el 3 de mayo, refleja un patrón de negligencia, impunidad y violación de derechos humanos en el sistema penitenciario.
“Las personas privadas de libertad están bajo la absoluta responsabilidad del Estado. Cuando alguien muere en estas condiciones, hay una responsabilidad directa del Estado venezolano”, reiteró.
Desde 2014, JEP ha registrado más de 20 muertes de presos políticos bajo custodia del Estado.
En el caso de Amaro, Tineo cuestionó la ausencia de alertas tempranas y atención psicológica e indicó que los familiares enfrentaron un sepelio controlado sin acceso a información.
“La madre de este joven no tuvo medios para visitarlo y ahora queda sin respuestas, sin justicia y con miedo”, denunció.
La coordinadora de JEP recordó que el caso de Ermilendris Benítez, detenida desde 2018, es crítico y que la comerciante se encuentra postrada en una silla de ruedas, con hipertensión severa y dolor crónico, sin autorización para traslado a un centro de salud.
Piden diálogo
El Clippve y otras organizaciones han exigido la creación de una mesa de diálogo con representantes del Estado, familiares de los presos y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Esta mesa buscaría soluciones para garantizar la libertad de los presos políticos y mejorar las condiciones de reclusión, especialmente en lo que respecta a la atención médica. Sin embargo, la activista dice que estas solicitudes no han obtenido respuesta.
Entre las exigencias puntuales, se encuentra el cierre de centros de reclusión como Rodeo I, señalado como un lugar de tortura donde los presos son sometidos a condiciones extremas, como celdas con camas de concreto y letrinas al lado, sin contacto físico con sus familiares.
Además, solicitaron el ingreso de la Cruz Roja para verificar las condiciones de los centros y garantizar atención médica especializada.
Las organizaciones también han llevado sus demandas a embajadas de países como Colombia, México, Brasil, Japón y la Unión Europea, en busca de apoyo internacional para visibilizar la situación. Sin embargo, la falta de avances concretos mantiene a los presos políticos en una situación de extrema vulnerabilidad.