La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) publicó este martes, 7 de enero, un informe sobre Venezuela en el que destacó que el gobierno de Nicolás Maduro no sólo aplicó terrorismo de Estado sino también una estrategia de represión coordinada para “perpetuarse en el poder.
El extenso documento, que se divide en cuatro capítulos, analiza las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país suramericano antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“En el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía”, destaca el organismo que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Aseguran que esta estrategia de represión se desarrolló en tres etapas. La primera que buscó impedir la participación opositora en los comicios. Esto incluyó inhabilitaciones políticas vía la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, pero también detenciones arbitrarias de dirigentes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.
A esto se sumaron las restricciones a la libertad de prensa desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que bloqueó más medios de comunicación independientes para impedir que hubiese información libre y al alcance de la población venezolana.
Proclamación sin transparencia
Sobre el propio proceso electoral destacaron que “el gobierno implementó una estrategia destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia. Con este propósito, el CNE detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque. Asimismo, suspendió la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados. Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda”.
La última de las etapas fue “de represión sistemática, incrementando el terror como herramienta de control social”. Esto después de las protestas que hubo en el país ante el desconocimiento de los resultados electorales, sin que hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya presentado las actas para confirmar su anuncio del triunfo de Maduro en el proceso.
“Esta operación (Tun Tun) dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión. Además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.
Antes del 28 de julio
La Cidh menciona los obstáculos que hubo a lo largo de la precampaña electoral como el impedimento de la inscripción de la académica y filósofa Corina Yoris por parte de la Plataforma Unitaria Democrática después de la inhabilitación a María Corina Machado, además de las detenciones arbitrarias de al menos 50 dirigentes de la oposición entre enero y junio de 2024.
“Las acciones evidencian un patrón de persecución contra Vente Venezuela, el comando de campaña de María Corina Machado, quien apoyó al candidato Edmundo González Urrutia. a. Las detenciones se llevaron a cabo en diferentes lugares y sin debido proceso, involucrando distintas fuerzas de seguridad del Estado, así como personas no identificadas. Estos actos reflejaron un esfuerzo por controlar el panorama político y desmantelar la capacidad de organización y expresión de la oposición en Venezuela”.
Destacan la detención de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel y su familia, así como de los representantes de Vente Venezuela que comenzaron desde el propio mes de enero.
“Las detenciones arbitrarias de personas líderes opositoras o percibidas como tales y personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social antes de la elección evidenciaron un patrón sistemático de persecución política en el país”.
Qué pasó el 28J y después
El organismo hace hincapié en la falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras dar a conocer los resultados en los que proclamó a Nicolás Maduro. Tras cinco meses de los comicios, la institución que preside Elvis Amoroso sigue sin presentar las actas de escrutinio y su página web sigue sin funcionar.
“El anuncio de los resultados sin la publicación de las actas de respaldo, junto con la renuencia a permitir auditorías que verificaran la veracidad del supuesto ciberataque, generó desconfianza de la ciudadanía en los resultados anunciados por el CNE y dio lugar a numerosas denuncias de fraude electoral a nivel nacional e internacional”.
La Cidh cita las conclusiones de los informes de la misión de observación electoral del Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU que cuestionaron las cifras que anunció Amoroso por no tener respaldo.
Terrorismo de Estado en Venezuela
Ante la falta de actas en el país hubo alrededor de 300 protestas ciudadanas en contra de los resultados que desembocaron en miles de detenciones arbitrarias.
“En respuesta, el régimen puso en marcha prácticas de terrorismo de Estado para infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme. Entre los principales perpetradores están las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como ‘colectivos’ , que están incorporados legalmente en el ‘Sistema 64 Popular de Protección para la Paz’”, señala el documento.
Y aunque destacan que este clima se vivió en las protestas de los años 2014 y 2017, la diferencia “distintiva de este pico represivo es que las más altas autoridades del régimen y las fuerzas de seguridad contribuyeron a alimentar el clima de terror con sus declaraciones y publicaciones en redes sociales”.
Quiénes son responsables de muertes poselecciones
La Cidh dice que hubo 25 muertes “en su mayoría como consecuencia del uso arbitrario de la fuerza por parte del Estado o de grupos paraestatales”. Identificaron a los fallecidos como: Isaías Jacob Fuenmayor González (15); Ángel David Mora (17); Jeison Gabriel España Guillén (18); Anthony Enrique Cañizales Gareta (19); Luis Eduardo Roberto Hernández (19); Jhon Alejandro Graterol Mendoza (19); Anthony David Moya Mantia (20); Jesús Gregorio Tovar Perdomo (21); Dorian Rair Rondón (22); Jeison Javier Bracho Martínez (22); Olinger Johan Montaño López (23) Euris Junior José Mendoza Royé (24) José Antonio Torrents Blanca; y (26) Aníbal José Romero Salazar; Carlos Oscar Porras (26); Gustavo Rojas (29); Walter Páez Lucena (29); Rancés Daniel Yzarra Bolívar (30) Gabriel Ramos (33); Víctor Alfonzo Bustos (34); Yorgenis Emiliano Leyva Méndez (35); Andrés Alfonso Ramírez Castillo (36); Julio Valerio García (40); Edgar Alexander Aristeguieta (42); Jesús Ramón Medina Perdomo (56).
En el informe agregan que “según información pública, 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales. De estas, ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los ‘colectivos’, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e, inclusive, están incorporados legalmente en el ‘Sistema Popular de Protección para la Paz’ . Dos de los casos serían atribuibles a 77 acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales. En los otros casos no se cuenta con información sobre el perfil de los presuntos responsables”.
Y añaden que “en relación con las causas de muerte, la información documental y testimonial permite concluir que todas las víctimas murieron por arma de fuego. Siete con disparos en el cuello, cinco en tórax, cuatro en la cabeza, tres en la espalda, dos en el abdomen, y tres en otras partes del cuerpo . La trayectoria de los proyectiles permite concluir que las armas fueron disparadas con intencionalidad letal”.
Detenciones de niños y adolescentes
La Cidh cuestionó la detención arbitraria de niñas, niños y adolescentes en el contexto poselectoral venezolano. Y reflejan, según cifras del Foro Penal, que al menos ocurrió la aprehensión de 158 de ellos.
“En general, las personas detenidas tras las graves denuncias de fraude electoral, incluyendo dirigentes políticos como María Oropeza , Williams Dávila , Freddy Superlano y Biagio Pilieri , 96 97 98 99 están siendo sometidas a procesos penales por delitos redactados de forma ambigua y amplia que, además de tener penas excesivamente altas, riñen con el ejercicio de la libertad de expresión y buscan generar un efecto paralizador por temor a la persecución judicial. Los cargos imputados por el Ministerio Público abarcan los delitos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes”.
Te contamos: Rele y Cidh condenan represión contra la prensa en Venezuela
Un capítulo a la libertad de expresión
El informe contiene un capítulo sobre la situación de la libertad de expresión en el que destacan las detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de la prensa después de los comicios presidenciales, así como las órdenes de detención previo a los comicios contra comunicadores y personas que cuentan con canales y programas en redes sociales.
“En la primera mitad de agosto, tras las elecciones del 28 de julio, se documentó la detención de, al menos, nueve periodistas; cuatro de los cuales fueron imputados por delitos de terrorismo . Entre ellos se encuentra el fotoperiodista Yousner Alvarado, acusado de terrorismo”, dice. Y sostienen que “como ya han señalado la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, las detenciones de periodistas representan una de las principales tácticas utilizadas por el Gobierno para intimidarlos o como represalia por el ejercicio de su trabajo; y suelen realizarse sin orden judicial o fundamento jurídico”.
Antes de las elecciones reflejaron el cierre de emisoras de radio, las restricciones de Conatel para cesar programas críticos al chavismo, así como la expulsión de corresponsales extranjeros que llegaron al país para cubrir el proceso.
Qué concluyó la Cidh
El informe concluye que en Venezuela hubo una alteración constitucional tras los resultados del 28 de julio.
“Las circunstancias que rodearon esta elección configuran, a todas luces, una alteración del orden constitucional. El régimen ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude. Todo esto, con la participación, aquiescencia y tolerancia de las instituciones creadas para resguardar la democracia y proteger los derechos humanos”.
Lea aquí el informe completo de la Cidh