- Los jueces de paz en Venezuela son mediadores comunitarios elegidos para resolver conflictos locales mediante conciliación y arbitraje
- Su deber es promover paz, convivencia comunitaria, manejar disputas menores y recibir formación en DD.HH.
- En Venezuela la politización de la justicia y las represalias por críticas al gobierno generan confusiones sobre el rol de los jueces de paz
El 15 de diciembre de 2024, en Venezuela se realizó la elección de 28,486 “jueces de paz” y sus suplentes, cuya figura está establecida por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, que fue reformada en noviembre de 2024, por la Asamblea Nacional chavista de 2020.
A nuestros chatbots, llamados La Tía del WhatsApp y de Telegram, que fueron creados para contrarrestar los efectos de la desinformación, llegó la petición de verificación un audio, en el que una persona señala que tiene que autocensurarse en un grupo de WhatsApp e invita a los demás integrantes a hacerlo ya que tras la elección de los jueces de paz, pues estos tendrán contacto directo con las autoridades afines al gobierno nacional y estos no permitirán que en dichos grupos se emitan mensajes en contra de Nicolás Maduro y el alto gobierno.
Es por eso que tras la incertidumbre que genera esta elección de jueces, y de cómo van a operar, en Cocuyo Chequea decidimos realizar un explicador -también llamado pre-debunking porque también sirve para prevenir futuras desinformaciones- para comprender cuál es la función y qué desinformaciones hay detrás de esta figura.
¿Qué son los jueces de paz?
Según la Gaceta Oficial n.° 6.854, del 25 de noviembre de 2024, los jueces de paz en Venezuela tienen la función principal de “promover la resolución de conflictos en el ámbito comunitario” a través de métodos alternativos como la conciliación, la mediación y el arbitraje.
La Gaceta especifica que los jueces de paz comunal son elegidos por votación popular, permitiendo tres jueces por cada ámbito territorial junto con sus suplentes. Su labor incluye “la promoción de la paz y la convivencia dentro de las comunidades”, actuando como mediadores en disputas locales y facilitando soluciones que eviten la judicialización de conflictos menores.
Además de su función mediadora, la reforma indica que los jueces de paz deberán recibir una formación específica en justicia de paz comunal y derechos humanos antes de asumir sus cargos.
La Gaceta también menciona que los jueces de paz comunal serán evaluados semestralmente a través de informes presentados ante la asamblea de ciudadanos y la Coordinación Nacional de Justicia de Paz Comunal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Qué dicen los expertos sobre la justicia de paz comunal
Expertos consultados por nuestros compañeros de la redacción política de Efecto Cocuyo señalan que ven en esta legislación la posibilidad de una mayor politización de la justicia a nivel comunitario ya que esta reforma busca empoderar a las comunidades a través de la justicia de paz, pero introduce un componente ideológico que preocupa a algunos analistas, quienes temen que este sistema sea utilizado para el control social tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Un abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien prefirió mantener su nombre en anonimato, argumenta en el artículo que la reforma efectivamente desvirtúa el propósito original de la justicia de paz. Señala que el artículo 178 de la Constitución, que asigna competencias a los municipios, está siendo usurpado por esta ley, que introduce la figura de los Consejos Comunales en la administración de justicia local.
Otro experto en políticas públicas locales, también citado en el artículo y que optó por no revelar su identidad, critica la reforma por su potencial para politizar la justicia de paz. Este especialista argumenta que la justicia debería centrarse en la resolución alternativa de conflictos y en fomentar la convivencia, no en fortalecer el poder popular, lo cual podría conducir a una administración de justicia influenciada por intereses políticos.
El artículo destaca que la justicia de paz, desde su reforma, está más vinculada a las estructuras comunales, como los Consejos Comunales y Comunas, que son mayoritariamente conformados por miembros o simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
La reforma también permite que los jueces de paz puedan ser revocados por conductas consideradas «fascistas y neofascistas», lo cual abre un amplio margen de interpretación y potencial uso discriminatorio.
Ramón Muchacho, ex-alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, al este de Caracas y quien se encuentra en el exilio, cuestiona si esta versión de la justicia de paz comunal logrará cumplir su cometido sin caer en la politización.
“La justicia de paz nació con muchas expectativas en los municipios. Se vendió como una forma de que la gente de escasos recursos iba a tener acceso a justicia expedita, gratuita y al final se quedó corta. Falló por las mismas razones que falla el sistema de justicia en general y una de ellas, en los últimos años, ha sido la politización del sistema. La justicia en Venezuela está politizada desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el último eslabón de los tribunales de menor instancia”, dijo.
Arrestos por hablar mal de Maduro
En Venezuela hay registros de detenciones contra ciudadanos por hacer críticas a la administración de Nicolás Maduro mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantáneas como WhatsApp.
Múltiples artículos periodísticos han reseñado estos casos de detenciones, por lo que, es razonable que muchos ciudadanos se autocensuren para evitar ir a prisión si sus mensajes son divulgados por un tercero, como señala el audio recibido en nuestros chatbots.
Hasta el 14 de abril de 2024, Efecto Cocuyo registró que al menos nueve venezolanos fueron detenidos por emitir críticas o hacer un tipo de comentario sobre Nicolás Maduro o algún miembro de su gabinete, como se señala en esta nota.
De hecho, la administración de Maduro, ha puesto en marcha la llamada y temida «Operación Tun Tun» una estrategia represiva que busca intimidar a quienes se oponen al gobierno, que también tiene un componente de estigmatización digital, según se puede leer en un artículo publicado por la BBC.
El pico más grande de arrestos de esta operación se concentró tras las elecciones de 28 de julio de 2024, donde la organización Foro Penal contabilizó al menos 1.000 detenciones en una sola semana, aunque la cifra más tarde se elevó a 2.800 arrestos.
El modus operandi de esta operación incluye detenciones indiscriminadas en sectores populares y residenciales, cambiando el patrón de represión tradicional. Ahora, las detenciones no solo se centran en protestas sino también en personas en sus actividades cotidianas, como ir al trabajo o caminar por la calle o escribir una crítica en redes sociales al gobierno, esto genera un miedo colectivo que hace que los ciudadanos lo piensen dos veces antes de salir a protestar o manifestar de distintas formas en contra del gobierno madurista, como se refleja en esta nota.
Desinformación sobre los jueces de paz
Al realizar una búsqueda con las palabras claves jueces+paz en la red social X, se pudo evidenciar algunas denuncias realizadas por personas que evitan la protesta, en cualquiera de sus formas para no generar un conflicto con los jueces de paz, como se puede evidenciar aquí.
Incluso se pudo identificar en una captura de pantalla compartida por un usuario en la red social X, que algunos de los jueces de paz no tenían claras sus funciones, como se demuestra acá, tras la filtración de un chat de WhatsApp.
Una nota publicada por nuestros colegas verificadores de Cotejo.Info, referida a las declaraciones de Ramón Muchacho, concluye que las afirmaciones del político opositor son a medias verdaderas. Los verificadores de Cotejo.Info señalan que según un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social de febrero de 2024, se confirma que una de las estrategias del gobierno venezolano para mantener el control social incluye infiltrar comunidades con miembros de su partido político.
El texto señala que las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), creadas en 2017, son utilizadas por el gobierno para «vigilar» lo que sucede en las comunidades bajo el pretexto de «defender la nación». El objetivo de estas redes es identificar quiénes son leales al gobierno de Nicolás Maduro y quiénes no. Generalmente, aquellos que no apoyan el régimen son etiquetados como traidores a la patria.
En Cotejo.Info explican que llegaron a esa conclusión tras realizar una revisión documental que confirma la existencia de control social en el país. Sin embargo, la narrativa oficial se enfoca en resaltar las ventajas de la nueva figura de los jueces de paz y los beneficios de la normativa reformada.
Los jueces de paz no aplicarán Ley Simón Bolívar
La Ley Simón Bolívar es una normativa que, según el gobierno de Maduro, busca combatir el «bloqueo imperialista» y proteger la soberanía del país. Esta legislación fue aprobada por la Asamblea Nacional chavista y abarca desde el financiamiento de actividades políticas hasta la prevención del lavado de dinero, con una interpretación que puede ser muy amplia, según han señalado expertos.
La aplicación de esta ley recae en el Ministerio Público, el Poder Judicial y cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), no los jueces de paz, como lo señala la cadena y el audio recibido en nuestro chatbot. Estas autoridades pueden investigar y procesar a quienes se considere que amenazan la soberanía nacional, lo que incluye a opositores políticos y organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, para la libertad de expresión, la Ley Simón Bolívar sí puede ser una amenaza. Su amplio alcance permite que la crítica al gobierno sea vista como una acción “terrorista”, promoviendo la autocensura y el miedo entre los ciudadanos.
Otros países donde funcionan la justicia comunal
No solo en Venezuela existe esta figura, en España los jueces de paz también existen y se ocupan de casos civiles pequeños, algunos delitos menores y trabajan para el registro civil. Mientras que en Uruguay su trabajo principal es mediar y conciliar disputas, incluyendo casos penales urgentes. En el vecino país, Colombia, los jueces de paz se encargan de resolver problemas comunitarios y personales de manera justa.
Por su parte, en la República Dominicana, la justicia comunal está encargada de asuntos de pensión alimentaria y otros casos civiles menores y en Panamá, ayudan a mantener el orden público al prevenir y sancionar conductas disruptivas.
En Australia, estos jueces certifican documentos y toman juramentos. En Inglaterra y Gales, Reino Unido, se encargan de casos menores en tribunales de primera instancia.
Veredicto
Tras aplicar nuestra metodología de verificación podemos señalar que la figura del juez de paz en Venezuela, funge como una forma de resolver conflictos menores en las comunidades, incluso pudiendo llegar a empoderarlas, pero debido a las sistemáticas violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, la detenciones arbitrarias tras expresar la libertad de expresión, la función de estos jueces se pudiera ver empañada por la ideología política y la influencia que pueda ejercer el gobierno de la administración chavista en la resolución de los conflictos que les competan a las comunidades.
Esta figura de justicia comunitaria no solo existe en Venezuela, sino en diversos países como Colombia, España, Panamá, entre otros.
Ante cualquier duda sobre los contenidos que se encuentran en las redes sociales, te invitamos a consultar a la Tía de WhatsApp o la Tía del Telegram, los chatbots de verificación de información de Efecto Cocuyo.