El fiscal general Tarek William Saab negó este miércoles que, en la detención de la activista Rocío San Miguel, aprehendida el pasado viernes, se haya configurado una «desaparición forzada», tal como lo han denunciado sus abogados, ONG locales y organismos internacionales que defienden los derechos humanos.
«El día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes (…) se realizó la audiencia de presentación (…) previo a una orden de aprehensión con una detención. Imposible entonces, señores mitómanos, (que) digan que haya existido en este caso la cualidad brutal (…), que condenamos y que no aceptamos, de desaparición forzada», dijo el fiscal en una conferencia de prensa.
Tarek William Saab niega la desaparición forzada
Saab aseguró que las autoridades informaron, en «los lapsos legales correspondientes», sobre la detención y la presentación ante los tribunales de San Miguel, por lo que -consideró que «decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito» con el que se pretende «enlodar» a las instituciones.
El fiscal explicó que se procedió a la detención porque la activista «aparece textualmente mencionada» en una orden de operaciones de la trama conspirativa denominada ‘brazalete banco’, con la que, según el Gobierno, se pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Detenidos y por detener
«Ella tenía una misión como parte de esa trama ‘brazalete blanco’, incluso delatada ya por los militares detenidos. (…) Su misión en la operación era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando», aseveró Saab.
Aseguró, además, que la detención de los cinco allegados de la activista -cuatro de ellos ya liberados, con medidas cautelares, y uno con privación de libertad «preventiva»- se debió a que se encargaron de «ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes a dicha ciudadana», que luego fueron recuperados por las autoridades.
Saab indicó que, hasta este momento, hay 19 personas detenidas y 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar en esta trama de conspiración.
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pero su arresto fue confirmado por el fiscal el domingo, día hasta el cual no se conoció su paradero, por lo que su defensa calificó su estado como «desaparición forzosa», que el fiscal rechaza.
Más de 500 personas condenadas desde 2017 por violar los DD.HH.
Por otra parte, Saab indicó que un total de 543 personas han sido condenadas por delitos asociados a la violación de derechos humanos en Venezuela desde agosto de 2017 hasta la actualidad.
En sus declaraciones a la prensa, el fiscal señaló que, desde que inició su gestión, en agosto de 2017, se ejecutan «acciones para que no haya impunidad» en torno a la violación de estas garantías, por lo que se ha concretado la privación de libertad de 983 personas vinculadas a estos hechos y la condena de 543.
El funcionario no precisó si las 440 personas que fueron privadas de libertad, pero no condenadas, han sido liberadas o continúan detenidas a la espera de juicio.
Indicó que el Ministerio Público ha logrado la imputación, hasta la fecha, de 2 mil 262 personas vinculadas a violaciones a derechos humanos y la acusación de 2 mil 612 involucrados.
Aseguró que este «esfuerzo sostenido» ha tenido como consecuencia la «notable disminución de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país en una cifra cercana al 40%».
El pasado septiembre, la Misión Independiente para Venezuela de la ONU aseguró que, aunque detectó que los abusos se han reducido desde 2020, «continúan cometiéndose» en el país «violaciones graves a los derechos humanos, que recientemente se han llevado a cabo de manera selectiva contra personas de la sociedad civil».
El grupo documentó, entre 2020 y 2023, al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género.
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