Rocío San Miguel se encuentra en estado de indefensión, denuncia su abogado
Gobierno acusó a Rocío San Miguel por la conspiración "Brazalete blanco" / Foto: Archivo

La activista venezolana Rocío San Miguel, detenida el pasado 9 de febrero, tras ser acusada de estar presuntamente vinculada con un plan conspirativo para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, se encuentra en estado de «total indefensión», denunció este miércoles el abogado Joel García, quien es parte de su equipo de defensa.

En declaraciones a medios locales, el jurista aseguró que, tras 20 días privada de libertad, el estado de Rocío San Miguel, así como el de su expareja Alejandro José González Canales -detenido posteriormente- «es de total indefensión, además de incomunicación».

«Si bien es cierto que Miranda Díaz, hija de Rocío San Miguel, pudo comunicarse con ella el día 18 de febrero, no es menos cierto que hasta la presente fecha no ha habido comunicación (letrada) alguna y, en el caso de Alejandro González nunca ha tenido comunicación con sus familiares directos, ni hijos, ni parientes, ni amigos, es decir que está totalmente incomunicado», aseveró.

García pidió a las autoridades judiciales venezolanas que permitan que tanto la activista como su expareja puedan acceder a una defensa de confianza, que pueda «demostrar, en un juicio oral y público, quién tiene la razón».

Siguen sin tener acceso a su defendida

Los abogados de San Miguel han denunciado que, pese a que en tribunales y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde se encuentra recluida, les informan que la activista será trasladada desde su celda para que pueda conversar con su defensa privada, estos planes no se han concretado, por lo que los juristas no han tenido acceso al expediente de la causa.

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el pasado 19 de febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.

Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela rechazaron recientemente la «detención arbitraria» de la activista, arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

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