En una semana, el Gobierno de Nicolás Maduro pateó –una vez más y con inusitada violencia– el frágil sistema de protección de derechos humanos en Venezuela con la detención de la activista y experta en seguridad y defensa Rocío San Miguel y la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual funcionaba en Caracas desde 2019.
Esto en medio del pulso con la comunidad internacional y con la oposición por la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado, y por la falta de un calendario electoral para este año, publica El Tiempo.
Según el último estudio de la firma Polianalítica, Machado goza del apoyo del 50 por ciento de los potenciales votantes mientras Maduro no roza el 20 por ciento, lo que es una muestra de la necesidad de control del chavismo al saberse perdidos.
Los activistas de derechos humanos aseguran que estas dos acciones intensificarán el patrón represivo que no en vano derivó en una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), y que al menos podía ser documentado de primera mano en Caracas con la oficina de la ONU.
Maduro cierra espacios democráticos
Para la abogada Andrea Santa Cruz, el mensaje enviado con la detención de San Miguel es poderoso, pues el Estado arrecia contra las ONG y los activistas.
Esto ocurre no solo a través del actuar policial, sino que la persecución también será por vía “legal” a través del texto que se puede aprobar en cualquier momento en el Parlamento y que lleva por nombre ‘Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines’.
Lea la nota completa en El Tiempo
¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?
Únete a nuestro canal de Telegram
https://t.me/titularesec
O a nuestro grupo de whatsapp
https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b
Con gusto te los enviaremos
