La oposición mayoritaria congregada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió este sábado que sea revertida la sentencia en la que se ratificó la inhabilitación contra la líder antichavista María Corina Machado, lo que le impide participar en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año.
«Debe revertirse y volverse de nuevo al estatus anterior (de negociación política)», dijo ante periodistas el abogado Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en el diálogo con el Gobierno, quien denunció que, con esta medida publicada el viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó a Machado sin derecho a la defensa.
Se debe conformar una comisión de verificación
La delegación de la PUD para el diálogo con el Gobierno también pidió este sábado la conformación de una comisión de seguimiento y verificación que evalúe el estatus de los acuerdos firmados, en octubre pasado, en Barbados.
«En cada acuerdo hemos establecido una comisión y ha sido muy difícil, por no decir casi imposible, poder establecerlas. No se quiere control sobre la verificación y ejecución de cada una de las etapas de los acuerdos», aseveró Blyde.
A juicio de la delegación, el Gobierno ha violado lo acordado, luego de que el Supremo ratificara el viernes la inhabilitación contra la líder opositora María Corina Machado, que le impide competir en las presidenciales, pese a que fue elegida como candidata de la mayoría antichavista en unas primarias en las que obtuvo el 92,35% de los votos.
Blyde explicó que, en este momento, ya debería estar conformado un grupo que evalúe «la verdad y la verdadera ejecución de lo acordado», tal como se pautó entre las partes en octubre, cuando se firmó el «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos».
Las partes están en mora
Detalló que está establecido que las partes «tienen que nombrar, de común acuerdo, a dos personas adicionales» para que sean ellas, junto a alguien designado por Noruega -facilitador de la negociación política- quienes verifiquen el cumplimiento de lo pactado, pero tanto el Gobierno como el antichavismo están «en mora».
Además, señaló que ya «debería estar establecida o, al menos, ya bastante aproximada la fecha de la elección» presidencial, prevista para el segundo semestre de este año.
Para Blyde, la falta de la fecha exacta, así como de un cronograma electoral, significa «tratar de imposibilitar que haya tiempo suficiente para que vengan todas las misiones de observación, tratar de imposibilitar que se haga todo lo que se tiene que hacer con el Registro Electoral, con la inscripción de nuevos votantes», entre otros aspectos.
El Supremo también ratificó la sanción administrativa contra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y habilitó a otros cinco opositores, en respuesta a las solicitudes de revisión de las inhabilitaciones introducidas por estos antichavistas, como parte de un mecanismo para el estudio de estos casos, acordado en Barbados.
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