El Consejo de Seguridad de la ONU llega este miércoles a Colombia, en su tercera visita desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, para supervisar sus avances en un país donde hay abiertas otras dos negociaciones con la voluntad de acabar el conflicto armado.
«La visita del Consejo de Seguridad se da en un momento decisivo para la construcción de paz en el país, pues pese a los retos y desafíos, hay una voluntad política renovada frente a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y varios diálogos de paz en marcha en el marco de la política de paz total», señaló el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Los quince representantes del Consejo de Seguridad manifiestan así su apoyo a una paz que ya sirvió para desmovilizar a las FARC y que ahora quiere pactar también con su principal disidencia, el Estado Mayor Central (EMC), y con la última gran guerrilla latinoamericana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ambos procesos han vivido -y viven- altibajos pero celebran un cese al fuego bilateral, del que la ONU es verificador, y el acuerdo de 2016, que sirvió para reducir notablemente la violencia en el país, tiene aún muchas demoras en su implementación en temas como reparación a víctimas o repartos de tierras.
La implementación del acuerdo de 2016
Los representantes del Consejo de Seguridad se entrevistarán en los próximos tres días con autoridades y sociedad civil, visitarán un antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como se llama a las zonas donde los guerrilleros hicieron su desmovilización, y también harán visitas a comunidades afrocolombianas para conocer su situación frente al conflicto.
La ONU quiere dedicar especial atención al Capítulo Étnico del acuerdo de paz, pues es uno de los más demorados en su implementación, por lo que se reunirán con autoridades y líderes indígenas «para conversar sobre su importante papel en la construcción de la paz» y también con víctimas y jóvenes comprometidos con ese proceso.
En los casi ocho años transcurridos desde la firma del acuerdo, de las 578 disposiciones contenidas en él, 181 han sido completadas (menos de un tercio) y casi la mitad están en estado de implementación mínimo o no iniciado.
Precisamente son el capítulo étnico -y el de género- los que tienen más retrasos, pues el 74% de sus disposiciones llevan un avance mínimo o ni siquiera han empezado a implementarse, según el último informe de seguimiento del Instituto Kroc.
«Confiamos en que el 2024 será el año de la implementación del Acuerdo Final de Paz, y esta visita es un aliento de la comunidad internacional para que Colombia renueve sus compromisos y muestre al mundo su determinación en la construcción de la paz», añadió Ruiz Massieu, quien es también jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Hacia la «paz total»
La visita de los miembros del Consejo de Seguridad, compuesto actualmente por EE.UU., Reino Unido, Francia, Rusia, China, Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona y Suiza, se produce también dos días después del anuncio de la extensión por 180 días del cese al fuego bilateral del Gobierno con el ELN.
Se trata de una prórroga del ya de por sí cese al fuego más largo que se ha pactado con esta guerrilla, que comenzó el 3 de agosto, y que ahora además incluirá la decisión unilateral del ELN de suspender las «retenciones con fines económicos», como llama la guerrilla a los secuestros.
Este cese al fuego se une al que también hay en pie con el EMC, que comenzó el 16 de octubre y fue también prorrogado por tres meses hasta el 16 de abril.
La ONU, a través de la Misión de Verificación, actúa de mediadora y verificadora del cese al fuego en los dos procesos, que han tenido sus altibajos, pero que han conseguido hitos como el compromiso de ambos grupos de renunciar a los secuestros y que se ha traducido en una aparente disminución de algunas formas de violencia.
Esta tercera visita del Consejo de Seguridad a Colombia, tras las de mayo de 2017 y julio de 2019, es, según el Gobierno, un reconocimiento al compromiso con la paz y una muestra del apoyo de la comunidad internacional «para superar las violencias por vías pacíficas y democráticas».
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