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Fotografía del 6 de febrero de 2024 de un muro conmemorativo de las víctimas mortales de las protestas del 12 de febrero de 2014, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE.

A 10 años de ‘La Salida’, Los familiares de las 43 víctimas de esa ola de protestas en Venezuela siguen sin ver justicia.

Derek Redman lamenta que no se haya hecho justicia por el asesinato de su único hijo, Robert, quien recibió un balazo aquel 12 de febrero, primer día de ‘La Salida’, protestas que duraron tres meses.

«No hay nadie preso por el asesinato de mi hijo y yo lo he aceptado. No puedo hacer nada para que capturen a los que mataron a mi hijo», comenta con resignación -como muchos otros familiares de víctimas- el hombre, a sus 87 años.

La tercera víctima en ‘La Salida’

Robert Redman era piloto de avión, de 31 años, y abiertamente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro. Fue testigo de los dos primeros asesinatos de ‘La Salida’, en una manifestación en Caracas, convocada por líderes estudiantiles y representantes del antichavismo.

En las primeras horas de la revuelta, Robert ayudó a cargar a Bassil Da Costa. El joven estaba herido de muerte y en el punto de atención médica no pudieron hacer nada. Fue la primera víctima mortal.

Más tarde, ya en casa, su padre lo vio manchado con sangre del fallecido y con heridas causadas por los perdigones que disparó la Policía. Eso no impidió que volviera a salir, de noche, a otra manifestación.

La protesta nocturna en la que participó fue disuadida a disparos por un grupo de hombres que no fueron identificados. Múltiples medios coincidieron en asegurar que eran policías.

La siguiente vez que Derek Redman vio a su hijo fue en la morgue, con la cabeza atravesada por una bala que, 10 años después, la Justicia asegura no saber quién disparó.

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El piloto se convirtió en la tercera víctima letal -después de Da Costa y Juan Montoya- de la represión ese día. La jornada cerró con 66 heridos graves -17 policías o militares y 49 civiles-, una mecha que encendió el país por las siguientes doce semanas.

Una muerte impune 

Por el caso de Redman fueron detenidos unos policías pero ninguno fue sentenciado, según explica su padre a EFE.

«He podido aceptar el caso, porque a él no lo voy a revivir. Conociendo la Justicia en este país, como funciona, es un poco difícil lograr una investigación tan profunda», dice el octogenario, que repite sin cesar su resignación.

Padre e hijo habían participado juntos en numerosas manifestaciones antichavistas y, cuando se extendió el llamado a conmemorar el Día de la Juventud en una movilización, ninguno de los dos dudó en lanzarse a la calle, como miles de venezolanos.

Derek Redman está «cansado» de hablar con los medios sobre «lo mismo». El recuerdo de su hijo sigue vivo en su mente, en las fotografías y en una placa de reconocimiento que fue develada en una cancha deportiva de Caracas.

Jhony Montoya cuenta los días 

Jhony Montoya, de 59 años, denunció en innumerables ocasiones que su hermano Juan cayó muerto producto de una confabulación entre miembros de un colectivo chavista. Juan era simpatizante oficialista convertido en opositor. Uno de ellos fue condenado a 26 años solo como un «parapeto de justicia», dice Jhony.

Lleva la cuenta de los días transcurridos desde el asesinato impune de su hermano Juan, cuya última tarea fue comprobar que los estudiantes no tenían armas en la manifestación, Era parte de la «Inteligencia de la Policía de Caracas». Ese fue el último mensaje que transmitió por radio.

«No hubo ninguna investigación, no hubo ningún allanamiento, no hubo ninguna retención de armas, no hubo ninguna detención, no hubo nada», repite Jhony. Según su relato aún gozan de libertad los otros cuatro cómplices.

‘La Salida’, un recuerdo de asesinatos impunes

Igual que Redman, cree que no puede haber justicia mientras siga esta situación política y este régimen, en alusión al Gobierno de Maduro.

Aunque la vida continuó para casi todos, los familiares de los 43 venezolanos que murieron en 2014 son el testimonio indeleble de la violencia que se desató entonces y que se repitió en 2017, cuando el saldo mortal se triplicó, así como las denuncias de impunidad.

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El fiscal general, Tarek William Saab, en el cargo desde 2017, asegura que el Estado no ha dejado de investigar los asesinatos perpetrados en las protestas y que los responsables identificados cumplen condena.

Saab rechaza los señalamientos de organismos internacionales que aseguran que se cometieron crímenes de lesa humanidad que no fueron atendidos por la Justicia, y reitera que el Estado no ha dejado de investigar los hechos, con el objetivo de identificar y juzgar a los culpables. 

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