Dos meses después de los terremotos que destruyeron miles de hogares en Caracas y La Guaira, las familias refugiadas lamentan el cambio drástico en sus vidas. La escasez de agua, la convivencia de hasta 20 personas por salón, la prohibición de recibir ayuda humanitaria independiente y la indignación por los oportunistas que intentan conseguir una vivienda en medio de la tragedia es lo que marca la cotidianidad

Por: Kemberlyn Talero y Glorimar Fernández

Hace dos meses la vida de Yuraima*, al igual que la de miles de familias, dio un giro “del cielo a la tierra". Pasó de estar cómoda en su apartamento en el urbanismo Hugo Chávez Frías, en Playa Grande, a tener un destino incierto y una rutina a la que todavía se está adaptando. Con tono de resignación, esta madre describe las dificultades que enfrenta diariamente en el refugio 10 de Marzo, ubicado en Catia La Mar, La Guaira.

Ahí se encuentra desde hace mes y medio, después de los dos terremotos que ocurrieron en Venezuela, el 24 de junio y que causaron la muerte de 6.438 personas, según la última cifra dada por la administración de Delcy Rodríguez. Los 15 días siguientes a esta tragedia pernoctó junto a su familia en las calles de La Guaira, justo frente a los escombros de lo que era su casa, expuestos a las lluvias constantes bajo un toldo improvisado. Su madre, de la tercera edad, había quedado tapiada en su edificio durante el doblete sísmico y presentaba fracturas. 

La necesidad de un espacio más seguro para sus hijas, de 7 y de 10 años, y para su madre, la llevó a buscar refugio en uno de los más de 87 campamentos transitorios que se instalaron en la región central del país para atender a los damnificados.

Si bien los sobrevivientes de la catástrofe aseguran que reciben comida diaria, atención médica y productos de higiene personal, describen como violento el vuelco en sus rutinas diarias. 

Los nuevos retos cotidianos ponen a prueba su resistencia: desde convivir en espacios pequeños con desconocidos y compartir dos baños entre más de 400 personas, hasta soportar restricciones a la ayuda humanitaria independiente, e incluso intentos de abusos en algunos sitios. 

Y en este escenario, no sobra la indignación que genera la presencia de personas “oportunistas" que se filtran en los campamentos para obtener viviendas a través de programas sociales.

Sin privacidad

En La Guaira, el refugio 10 de Marzo funciona dentro de un colegio donde las familias se acomodan por aulas de clase. La escuela alberga actualmente entre 400 y 500 personas, por lo que en cada salón duermen aproximadamente 20 personas, distribuidas por grupos familiares en literas. Esto equivale a compartir espacios entre dos, tres o hasta cuatro familias completas. Hombres, mujeres o niños, todos en el mismo lugar. 

Entre ellos no existen paredes ni divisiones físicas; cada grupo familiar debe poner sábanas o cortinas para intentar rescatar algo de privacidad. La falta de intimidad es tal que para cambiarse de ropa, los miembros de una familia le piden al resto de los habitantes del cuarto que salgan momentáneamente al pasillo.

Para Yuraima, el uso del baño es “de terror". Solo hay dos sanitarios en funcionamiento para todos los habitantes del refugio. Cada día, un grupo de refugiados se organiza para lavar los baños comunes a las 5:30 a.m., por ser la única hora en la que llega el agua. En ese momento, los damnificados llenan tobos y pipotes que trasladan a sus cuartos para asegurar algo de reserva.

En los sanitarios, el agua almacenada se agota a las dos o tres horas, lo que convierte estos espacios en un riesgo de infecciones. Ante este escenario, muchas madres se ven obligadas a poner a sus niños a hacer sus necesidades biológicas en bolsas o envases dentro de los mismos salones.


Ya conocemos de refugios porque sobrevivimos a la tragedia de Vargas, sabemos que la orden del Gobierno es jugar al desgaste para que la gente se vaya y así son menos las casas que tienen que entregar. Pero ahora no vamos a confrontarlos, sencillamente regresamos a este lugar donde estamos más libres

Yusmeli Aguilera, damnificada

Para bañarse, las familias utilizan unas duchas improvisadas con lonas divisorias que se alimentan de cisternas que llegan ocasionalmente de noche. 

La higiene de la ropa es otro reto: el albergue solo dispone de dos lavadoras para las 400 personas. Existe una lista de espera administrada por la dirección del refugio. En casi dos meses de estadía, Yuraima solo ha podido usar la lavadora en dos oportunidades. Para evitar que la ropa sucia se acumule, las familias recolectan agua en tobitos y lavan prendas a mano.

Tampoco disponen de armarios ni estanterías. Las pocas pertenencias que lograron rescatar, o que recibieron en donaciones, las almacenan en bolsas negras, apiladas debajo de las literas o sobre las camas vacías. 

La seguridad es nula. Los cuartos solo tienen rejas abiertas, sin cerradura, por lo que las familias nunca dejan las habitaciones solas. Si un adulto debe salir a trabajar, otro permanece obligatoriamente en el cuarto custodiando las pertenencias, e incluso los niños.

A esta asfixiante realidad se suma un reciente bloqueo de la asistencia humanitaria. Yuraima relata que durante las primeras semanas posteriores a los dos terremotos, el refugio recibía constantes donaciones directas de particulares y camiones con colchones, ollas, sábanas y alimentos. 

Sin embargo, la dirección del refugio prohibió la descarga de ayuda independiente, alegando que la administración de Rodríguez impuso una restricción que exige permisos especiales de la gobernación. Debido a esto, los camiones y vehículos particulares son devueltos con sus donaciones. 

Incluso, las actividades recreativas y de esparcimiento para los niños que intentan realizar grupos externos son bloqueadas si no provienen de entidades oficiales. Las visitas familiares también están reguladas, permitiéndose, únicamente, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y bajo estricto registro de entrada. 

Mientras tanto, la incertidumbre crece de cara al inicio de las clases en el mes de septiembre, ya que las autoridades del refugio no les han ofrecido ninguna información sobre a dónde serán trasladados cuando la escuela deba reabrir sus puertas para los estudiantes.

Salir del refugio

Esta dura realidad no es exclusiva del centro escolar de 10 de Marzo. Las severas condiciones en los albergues de la región han provocado deserciones en otros puntos, como en el refugio Guaicaimacuto de Macuto, también en La Guaira. Allí, los esposos Yusmeli Aguilera y Freddy Silva abandonaron las instalaciones militares junto a sus 13 hijos. La decisión la tomaron tras sufrir el hurto de su único teléfono celular durante los primeros diez días en el albergue, prefiriendo regresar a un campamento informal en los campos de golf de Caraballeda antes que tolerar las estrictas normas impuestas.

“Ya conocemos de refugios porque sobrevivimos a la tragedia de Vargas, sabemos que la orden del Gobierno es jugar al desgaste para que la gente se vaya y así son menos las casas que tienen que entregar. Pero ahora no vamos a confrontarlos, sencillamente regresamos a este lugar donde estamos más libres", dijo Yusmeli Aguilera.

Verónica Gutiérrez, una joven madre que rescató a su hijo de nueve años de los escombros de las OPPE de Caribe, también se retiró de Guaicaimacuto al no sentirse segura compartiendo el espacio con extraños ni permitiendo que su niño usara el baño de hombres sin supervisión. Gutiérrez decidió trasladarse momentáneamente a Caracas, alojándose en casa de un familiar mientras busca un empleo que le permita alquilar un anexo.


No quiero estar más con mis hijas aquí, no me importa dónde me den (una casa), con tal de que me den algo donde yo pueda estar con mis hijas

Yuraima, damnificada

Más hacia la costa, en Mare Abajo, los sobrevivientes de los edificios de la Misión Vivienda, instalaron inicialmente carpas en la arena de la playa, frente a los apartamentos en ruinas. 

En ese espacio improvisado, la falta de agua y servicios sanitarios expuso a las familias a condiciones insalubres. Varias de las mujeres denunciaron intentos de agresión sexual cuando los hombres trabajaban como rescatistas. 

Aunque un mes después se estableció un campamento formal vigilado por la Fuerza Armada, el Sebin y la Dgcim, las entrevistadas aseguran que los intentos de abuso de índole sexual han persistido, manteniendo a la comunidad bajo un miedo constante a pesar de las detenciones de los implicados.

No faltan los oportunistas

En Caracas, la dinámica de los refugiados se concentra en grandes centros escolares como el Liceo Gran Colombia de la avenida Roosevelt, parroquia Santa Rosalía, el cual fue subdividido en campamentos bautizados como Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador. Las familias duermen sobre colchonetas en las aulas de clase, conviviendo unas siete familias por salón.

Al igual que en La Guaira, existen roces cotidianos por el uso de los servicios comunes, sin embargo, las circunstancias los obligan a unirse. Una de las damnificadas de este refugio, que sufre de crisis de nervios debido al trauma del terremoto, explica que prefiere enviar su ropa a lavar fuera de la institución para evitar altercados. Los brotes de virosis tampoco son ajenos a estos espacios.

A pesar de que las familias agradecen la entrega de tres comidas diarias, artículos de aseo personal y algunos utensilios, puertas adentro existen sospechas con relación al proceso de asignación de viviendas. 

Si bien el Ministerio de Hábitat y Vivienda realiza inspecciones técnicas en las residencias colapsadas para verificar los daños de los refugiados, los damnificados denuncian que personas oportunistas, que no sufrieron pérdidas reales, se han infiltrado en los listados del albergue para beneficiarse de la entrega de casas.

“Aquí hay mucha gente viva, hay mucha gente avispada que se ha metido aquí queriendo que le den. Uno está refugiado y perdió todo, pero hay mucha gente viva que se ha metido aquí diciendo lo mismo. Para eso es que el gobierno los lleva a inspeccionar, para ver si es verdad", dijo una afectada en condición de anonimato.

Un hogar digno

Hasta el momento, los refugiados no tienen detalles sobre las asignaciones de viviendas. Yuraima, del campamento 10 de Marzo, dijo que no conoce casos cercanos de reubicaciones en las más de 300 viviendas que el Ejecutivo nacional asegura que entregó. Solo tiene noticia de una persona de su antiguo sector que recibió un inmueble definitivo. 

“Hasta donde sé, la gente de los refugios como tal, no ha salido. Ha salido gente así del gobierno, con cargos altos. De los refugios, no. Tenemos gente de donde vivíamos que están en otros refugios y nadie ha salido de ahí", señaló.

Ella espera que pronto pueda ser reubicada, en La Guaira o en cualquier otra zona, pero no quiere ser trasladada a otro refugio. 

“No quiero estar más con mis hijas aquí, no me importa dónde me den (una casa), con tal de que me den algo donde yo pueda estar con mis hijas", apuntó.

Mientras tanto, la vida de las familias sobrevivientes transcurre entre agradecimiento, espera, y angustia de no saber cuándo recuperarán un hogar digno.


* Nombre cambiado a petición de la entrevistada