Familiares de los presos políticos consideran que las excarcelaciones se producen a cuentagotas. Mientras un pequeño grupo de detenidos logró regresar a sus hogares durante el pasado fin de semana, cientos continúan atrapados en un sistema que no les da respuestas. La espera desespera a madres, esposas, hijos y hermanos que aguardan frente a los penales, bajo la incertidumbre de no ver los nombres de sus parientes en las listas de liberación.
La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 20 detenidos tras culminar el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición impulsado por Estados Unidos.
Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó 39 excarcelaciones, detallando que 17 de los liberados no figuraban previamente en sus registros de presos políticos.
Sin embargo, las cifras son ínfimas frente a la realidad. Al 25 de septiembre de 2026, JEP contabiliza 450 personas privadas de libertad por motivos políticos.
“Detrás de cada caso hay familias que enfrentan un profundo desgaste e incertidumbre constante", destacó la ONG, haciendo un llamado urgente a otorgar medidas humanitarias inmediatas para salvaguardar la vida de adultos mayores y personas con patologías graves de salud.
Una larga espera
Aunque un pequeño grupo recuperó su libertad el pasado fin de semana, a las afueras de los penales la realidad sigue siendo desgarradora. La larga espera continúa intacta para las familias de detenidos vulnerables, cuyas vidas corren peligro tras las rejas.
María Alejandra Rodríguez Malavé. Detenida por la Dgcim el 29 de agosto de 2025 en Punto Fijo, Falcón, permanece recluida en el INOF en Los Teques. La vinculan al expediente masivo de «PDVSA Obrero». Ella es una emprendedora del hogar sin nexos con el sector petrolero. La detención dejó desprotegida a su familia. Una abuela de 73 años asumió la crianza de sus dos nietos. El hijo mayor de la detenida es un paciente con diabetes tipo 1. Su vida corre peligro por la falta de insumos médicos.
Larry José Moya Alfaro. Militar retirado y amputado de su pierna derecha. Cumple casi 700 días recluido en el Complejo Penitenciario de Yare II. Su arresto está vinculado al cuestionado caso «Pdvsa Obrero» —un expediente que mantiene a unas 80 personas en prisión por presuntas violaciones al debido proceso—, a pesar de que Moya nunca formó parte de la nómina ni tuvo vínculos con la empresa estatal. En casa, cuatro hijos, incluido un pequeño de cuatro años, siguen esperando su regreso.
Jesús Rafael Medina Vásquez. De 40 años, fue arrestado sin orden judicial el 27 de diciembre de 2025 en Maracay, Aragua. Ocurrió en un operativo donde hombres armados apuntaron a su madre y a su hijo de seis años. Recluido en Yare II, su madre, Miguelina Vásquez, denuncia que ha sufrido golpes y descargas eléctricas. Medina es paciente renal crónico desde los siete años (hidronefrosis izquierda) y ha desarrollado hipertensión, prostatitis y gastritis en el encierro. El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han ignorado las solicitudes de atención médica especializada.
Antony Lamuño García. Cumplió 31 años tras los muros del módulo tres de Yare II enfrentando un juicio por el «delito» de grabar un video con su celular. Lamuño era militante activo de la Juventud del PSUV (Jpsuv). El 14 de abril de 2024, filmó la llegada a una actividad del entonces presidente Nicolás Maduro y subió el video a su estado de WhatsApp usando una palabra coloquial que sus propios compañeros de partido interpretaron como una burla. Fue delatado y detenido por la Dgcim, pasando cuatro días desaparecido antes de ser ubicado en Boleíta Norte. «A mí me dijo el abogado que le llegó muy cerca al presidente para grabarlo», dijo su madre Vilma García al desmentir una supuesta violación del anillo de seguridad del mandatario. Además, lo acusan de conspiración.
- Capitán Juan Carlos Caguaripano Scott. Permanece recluido tras ser condenado a la pena máxima de 30 años de prisión por liderar la toma del Fuerte Paramacay en 2017. Su caso, marcado por constantes denuncias de torturas por parte de sus familiares, fue ratificado judicialmente a finales de 2025. A pesar de que el pasado 26 de agosto de 2026 se celebró la audiencia oral ante la Sala N.º 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo, el tribunal mantiene el caso en un limbo legal. El lapso estimado de diez días hábiles para emitir un pronunciamiento definitivo expiró a mediados de septiembre. De esta forma Caguaripano y otros 22 imputados continúan en una espera que la defensa califica como una grave dilación de justicia.
Estos nombres representan apenas un mínimo porcentaje de una larga lista. Para las decenas de madres que siguen apostadas frente a las cárceles venezolanas, las recientes negociaciones políticas no se traducen en números, sino en la dolorosa vigencia de una promesa de libertad que todavía no toca las puertas de sus hogares.
Los familiares coinciden en que la prolongada espera agrava las patologías de los reclusos. Insisten en que retrasar la justicia equivale a aplicar tratos crueles. El reclamo también se mueve con fuerza en las redes, donde la exigencia es una sola: libertad para todos los presos políticos