Larry José Moya Alfaro, militar retirado y amputado de su pierna derecha, cumple casi 700 días privado de libertad en el Complejo Penitenciario de Yare II, estado Miranda. Su detención está vinculada al denominado caso Pdvsa‑Obrero, un expediente que mantiene al menos a 80 personas aun en prisión y que ha sido cuestionado por familiares y organizaciones de derechos humanos por presuntas violaciones al debido proceso.
Moya fue detenido de forma arbitraria en octubre de 2024, según su familia. Los primeros días estuvo desaparecido; luego fue torturado y presentado clandestinamente en una audiencia telemática, sin acceso a una defensa efectiva, de acuerdo con lo declarado por sus parientes.
Aseguran que, desde entonces, no se han presentado pruebas suficientes que sustenten la acusación en su contra.
Su condición física exige atención médica y quirúrgica constante para el cuidado del muñón y el control de problemas cardiovasculares. Sin embargo, sus allegados afirman que en Yare II no recibe los cuidados mínimos indispensables y que su salud se ha deteriorado de manera acelerada.
Protestas y llamados internacionales
En junio de 2026, familiares de los detenidos del caso Pdvsa‑Obrero —incluyendo a la abogada Zimaru Fuentes, pariente de Moya— se sumaron a una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir mediación internacional.
El grupo sostiene que el proceso judicial está marcado por opacidad, retrasos y ausencia de garantías. “Queremos hacer entender que la recuperación de un país pasa por tener un sistema de justicia sano", declaró Fuentes, insistiendo en que no buscan favores, sino justicia, debido proceso y una defensa real.
Los familiares de Larry José Moya exigen que se le garantice atención médica inmediata y especializada, se respeten sus derechos procesales, incluyendo defensa efectiva y acceso a su expediente, y se investiguen las denuncias de tortura, desaparición forzada y presentación clandestina.
Además, que se evalúe la aplicación de medidas humanitarias o su libertad, dada su condición de salud y la falta de pruebas sólidas en su contra.
Tras agotar gestiones ante instituciones venezolanas, la familia dirige ahora su llamado a la comunidad internacional, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a organismos de derechos humanos, a mecanismos de protección para personas privadas de libertad y a la diputada Dinorah Figuera.
“La vida de Larry José está en juego. No pedimos privilegios, exigimos justicia", dijeron sus parientes.