Irene Olazo, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, se pronunció públicamente este 22 de septiembre de 2026 para denunciar el vencimiento de los lapsos legales por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Carabobo, tribunal que aún no ha emitido la sentencia correspondiente tras la audiencia celebrada el pasado 26 de agosto.
Olazo detalló que la parálisis judicial mantiene en vilo a las familias de los procesados. «Han pasado diez días naturales, han pasado diez días hábiles; ya se cumplió el plazo de los 10 días de despacho. En total han pasado 27 días desde que se hizo la audiencia y los familiares y el mundo siguen sin escuchar la sentencia», fustigó, recordando que el tribunal ya agotó todos los márgenes cronológicos establecidos en la legislación venezolana para ratificar, modificar o anular la condena de 30 años.
En un mensaje directo a los jueces a cargo de la causa, Olazo instó a resistir presiones políticas. «Señores jueces, cumplan con la Constitución, cumplan con las leyes, pero sobre todo cumplan con su conciencia. Si la decisión que ustedes tomaron es contraria a cualquier presión externa, sean valientes y hagan lo correcto. Venezuela necesita jueces que hagan justicia y no una justicia selectiva; jueces con el valor de abrir el camino para una nueva Venezuela, donde la justicia vuelva a ser imparcial e independiente para todos», sentenció Olazo, enfatizando que no es momento de reflexión sino de actuar y exigir la libertad de todos los presos políticos.
Casi una década de persecución y torturas
El proceso legal se desprende de la denominada «Operación David», ocurrida el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles liderados por Caguaripano tomó la sede de la 41° Brigada Blindada del Ejército en el Fuerte Paramacay en Carabobo. Días después, el 11 de agosto de ese año, el capitán Caguaripano fue capturado en Caracas por funcionarios de PoliSucre y recluido inicialmente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Tras 8 años «de irregularidades y denuncias constantes de aislamiento prolongado», el tribunal de primera instancia del Circuito Judicial Penal de Carabobo aplicó la pena máxima de 30 años de prisión a los 24 procesados el 19 de diciembre de 2025.
La exigencia de las familias coincide con las denuncias de organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con una reciente actualización publicada por la ONG Foro Penal, Caguaripano, actualmente recluido en la cárcel de El Rodeo, fue víctima de graves torturas físicas y psicológicas que incluyeron golpizas, descargas eléctricas, asfixia y agresiones en los genitales que requirieron cirugía de emergencia, además de pasar 45 días en la celda subterránea conocida como «La Tumba» en el Sebin.
Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en 2018, el Estado venezolano nunca investigó penalmente estos abusos, recordó Olazo.