La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César, consignó nuevamente las denuncias que hizo el pasado 6 de octubre sobre la coacción a la que fue sometida para firmar la inhabilitación política de María Corina Machado en diciembre de 2023, ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
César mostró los documentos con el sello de recibido de estas dos instancias que junto a la Contraloría General de la República constituyen el llamado Poder Ciudadano, a las que pidió iniciaran una investigación.
Dijo que en el caso del Ministerio Público es la tercera oportunidad en la que acude a introducir la denuncia sobre los hechos que la llevaron a inhabilitar a Machado, ya que las autoridades detuvieron a sus dos hermanos militares, el teniente coronel Guillermo César y el mayor Guillermo Henry César, además de su cuñada, la mayor Diana Victora Justo, a quienes a inicios de este mes condenaron a penas de prisión de 12 a 3 años por el caso «Brazalete Blanco».
«Solicito una vez más sus buenos oficios en el sentido que remita la presente al Ministerio Público y lo exhorte a que inicie una investigación, por cuanto en tres oportunidades he denunciado ante este organismo lo antes expuesto en el anexo sin obtener la debida y oportuna respuesta de conformidad con el artículo 51 de la Constitución», dice la exmagistrada en la carta dirigida a la defensora del Pueblo, Eglee González Lobato.
Mientras que la dirigida a Larry Davoe, actual fiscal general de la República, le pide que inicie la investigación que no ha sido procesada por este organismo, titular de la acción penal en el país pese a la gravedad de las denuncias expuestas por César desde inicios de este mes.
Qué denunció la exjueza a principios de octubre
En un video de más de 40 minutos, la que fuese vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ contó como desde la presidencia de esa sala y del TSJ la obligaron a firmar la inhabilitación de Machado y Henrique Capriles, así como la habilitación de otros dirigentes políticos de oposición como parte de la introducción de recursos de estas personas que aspiraban postularse a las presidenciales de 2024, pero en el caso de la líder opositora al ratificarse la inhabilitación anteriormente fijada por la Contraloría no pudo ser la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática el 28 de julio de 2024.
César dijo que a sus hermanos y cuñada los sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los mantuvieron en desaparición forzada por 78 días y ella solo pudo verlos 8 meses después de que los habían encarcelado, hecho que ocurrió el 15 de diciembre de 2023, el mismo día en el que el equipo de abogados de Machado llevó la petición al TSJ para que se levantara su inhabilitación política, considerada arbitraria e ilegal.
También contó que la obligaron a renunciar en dos oportunidades al TSJ y fue en octubre de 2024 cuando tramitaron esta decisión, que no tomó por decisión propia, pero le negaron la jubilación.
“He sido víctima de violencia institucional, psicológica y patrimonial, al igual que miembros de mi familia, que son personas de la tercera edad y niños. Fue hasta el 15 de octubre de 2024 que me ingresaron administrativamente del TSJ, sin derecho a jubilación, aún cuando cumplo con los parámetros establecidos en las normativas vigentes", explicó.
Vente Venezuela exige levantar inhabilitación de Machado tras denuncia de exmagistrada
Quién es Bárbara César, la exmagistrada del TSJ
César fue miembro de la Defensa Pública, abogada penalista desde 2013 y en abril de 2014 la Asamblea Nacional controlada por el chavismo la nombró magistrada y miembro de la Sala Político Administrativa del máximo juzgado pese a no tener experiencia en ese campo.
Fue la jueza que firmó la prohibición de salida del país contra el exeditor de Tal Cual, Teodoro Petkoff (+) en la causa iniciada por Diosdado Cabello por supuesta difamación. Ya estando en el TSJ, bajo la presidencia del número dos del chavismo en el Parlamento, la nombraron coordinadora de los Tribunales de Violencia contra la Mujer, unos juzgados que comenzaron a implementarse en todo el país desde 2014, pese a que tampoco contaba con experiencia probada en esa jurisprudencia.
“Como magistrada principal y vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia fui víctima de un secuestro y violencia institucional, psicológica y patrimonial, donde la vida de mis seres queridos se usó como rehenes para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país", confesó el pasado 6 de octubre al decir que el miedo y las amenazas hacia sus seres queridos le impidió hablar en su momento.
Después de su denuncia, el partido de Machado, Vente Venezuela, exigió el levantamiento inmediato de la inhabilitación política de la ganadora del Nobel de la Paz 2025 al manifestar que era una medida nula e ilegal.
«La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión, que según una magistrada ahora denunciante, sólo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes, confirmando así la ocurrencia de graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación. Pero a todo evento esa inhabilitación debe ser levantada de inmediato», expresaron en un comunicado el 8 de octubre.