La Asamblea Nacional (AN) de 2025 entregó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio, informó el presidente del Legislativo bajo el control del chavismo, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria celebrada este martes 13 de octubre.
Una comisión especial elaboró la propuesta que ahora quedará en manos de los magistrados del máximo juzgado para avalar su constitucionalidad, esto después de que la encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el pasado 28 de septiembre discutir con «cáracter de urgencia» los cambios en el instrumento legal para despenalizarla.
Aunque el presidente de este grupo parlamentario, Pedro Infante, dijo que discutirían con un amplio abanico de sectores de la sociedad los cambios, la comisión sólo tardó una semana para presentar los cambios que permitirían la reforma de la normativa jurídica aprobada en noviembre de 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
Defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y académicos han denunciado el uso de la Ley contra el Odio como una herramienta de persecución política, especialmente contra la disidencia, pero que desde el año 2024 tras las elecciones presidenciales también se usó contra periodistas, activistas y la ciudadanía en general por expresar opiniones en contra de los resultados de ese proceso electoral en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin presentar las actas de votación.
La Conversa | Carlos Correa: “Ley contra el Odio construyó una arquitectura asociada al miedo"
Chavismo propuso cambiar su nombre y despenalizar
El chavismo se ha propuesto cambiarle el nombre a la Ley, así como a eliminar los delitos que contemplaban penas de cárcel de 10 a 20 años, por la que varias personas fueron juzgadas, entre ellas cinco mujeres tras las masivas detenciones en 2024. Una de ellas, una joven de Maturín a la que condenaron a 10 años de prisión por cuestionar a la jefa de un Clap en el sector Las Carolinas; también una doctora en Táchira a la que aplicaron la pena máxima establecida en la legislación nacional; es decir, 30 años, así como dos jóvenes emprendedoras de Mérida, al igual sentenciadas a 10 años.
Los miembros de la comisión que elaboraron el proyecto incluyen a Jorge Arreaza y América Pérez, quienes como Infante son miembros de la delegación del chavismo en la mesa de diálogo con los representantes de la AN de 2015; el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, así como el exgobernador de Mérida, Jheyson Guzmán, y los legisladores de la oposición minoritaria Rubén Limas (AD intervenida judicialmente), América Belisario (Unión y Cambio) y Luis Romero (Avanzada Progresista).
Una ley para generar miedo
En la Conversa ARI del 8 de octubre, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, cuestionó la Ley contra el odio por su uso como una herramienta para la persecución y la disuasión social.
“En Venezuela se incorporó el odio por temas políticos y eso tiende a inhibir el debate ¿Por qué existe el derecho a la libertad de expresión? Entre otras razones, para que la sociedad pueda deliberar, para hacer escrutinio de lo público. Entonces, si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, toda crítica a la gestión pública, se puede considerar odio", detalló en la conversación con directivos de los medios de la Alianza ARI conformada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual.
El defensor de derechos humanos recordó que en grupos de Whatsapp se usaba la ley como una forma de intimidar a quienes criticaban las fallas de servicios públicos, como una forma de inhibir los cuestionamientos a la gestión gubernamental.
“Sirvió, entre otras cosas, para construir una arquitectura asociada al miedo", mencionó Correa.
Las ONG defensoras de derechos humanos y la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora en Venezuela, demandaron la derogación de la normativa en vez de reformarla, algo que el poder establecido no estuvo dispuesto a hacer.
Organizaciones como el Foro Penal detallaron que desde su aplicación en 2017 unas 927 personas fueron acusadas por el sistema judicial por el delito de «incitación al odio», de las que seis continuaban privadas de libertad y más de 600 con procesos penales abiertos. Cecodap sostuvo que 127 adolescentes fueron acusados bajo el uso de la Ley contra el Odio.