La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César, contó en un video de Youtube las presiones a las que fue sometida como miembro de la Sala Político Administrativa entre los años 2023 y 2024 para dictar inhabilitaciones políticas, entre ellas a la líder opositora María Corina Machado.
Todo comenzó con la detención de sus dos hermanos militares, recientemente condenados por el caso Brazalete Blanco, el teniente coronel Guillermo César, sentenciado a 12 años de cárcel, y el mayor Guillermo Henry César, a quien un juez le dictó una pena de 3 años por encubrimiento.
En este caso también involucraron a la cuñada de la exjueza, Diana Desiré Victora Justo, a quien sentenciaron a 3 años de cárcel.
César recordó que en diciembre de 2023, después de la firma del Acuerdo de Barbados entre la oposición y el chavismo, que permitió las elecciones primarias, luego judicializadas por el mismo TSJ, dirigentes de oposición introdujeron recursos para que levantaran las inhabilitaciones políticas en su contra.
Además de Machado, lo hicieron Henrique Capriles, Pablo Pérez, Leocenis García, Vincenzo Scarano, Rosa de Scarano, Daniel Ceballos y Richard Mardo, entre otros.
Solo pudo ver a sus hermanos 8 meses después
Justo cuando la líder opositora introdujo su recurso, el 15 de diciembre, las autoridades detuvieron a los tres militares familia directa de la exmagistrada, una aprehensión que consideró arbitraria y ejecutaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Desde ese momento no supe dónde se encontraban. No tuve comunicación con ellos. A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Política Administrativa, ya que era competente, como ya lo he dicho, para decidir sobre el destino político de los candidatos a las elecciones", dijo César en su video de 45 minutos que compartió en Youtube la noche de este martes 6 de septiembre.
César aseguró que después de comunicarse inicialmente con la presidenta del TSJ y el fiscal general de la República vía telefónica, el día 18 de diciembre acudió al Ministerio de la Defensa, donde el entonces ministro de esa cartera, Vladimir Padrino López, le dijo que desconocía el paradero de sus dos hermanos y cuñada.
Un caso fabricado en diciembre de 2023
Sin embargo, sí les dijo que el caso no sería de conocimiento público hasta el mes de enero del año 2024.
Un día después, el 19 de diciembre, el presidente de la Sala Político Administrativa, sin consultar a los otros dos miembros de esa sala, solicitó el expediente de Machado a la Contraloría General de la República.
Posteriormente la hija del presidente de la Sala acudió al despacho de César para que firmara las decisiones de las habilitaciones e inhabilitaciones que ya habían sido decididas, pero que no serían publicadas en ese mes sino posteriormente.
La exmagistrada recordó que fue Nicolás Maduro, ahora preso en Estados Unidos desde el 3 de enero tras su captura por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, quien habló de la supuesta conspiración en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional el día 15 de enero de 2024 cuando habló de la supuesta conspiración. Sus seres queridos ya llevaban 31 días en prisión, en desaparición forzada.
Pero pasó una semana más para que el entonces fiscal general, Tarek William Saab, expusiera la supuesta conspiración que denominó Brazalete Blanco, en la que involucró a los dos hermanos de César.
“Manifestó una fecha de ocurrencia de los hechos, la cual no concuerda con la fecha de detención de mis hermanos. Esos hechos no ocurrieron, ni esos delitos, no hubo fallecidos, ni heridos, ni disturbios, no hubo robo de armas en cuarteles militares, ni en cuarteles policiales, ni civiles, no hubo rebelión, simplemente fueron hechos que no ocurrieron", dijo al refutar la versión de Saab.
Denunció que a sus hermanos y cuñada los desaparecieron, torturaron y los sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Ese mismo 22 de enero de 2024, tras la exposición de Saab, Padrino López en una decisión junto al alto mando militar degradó y expulsó de la Fuerza Armada a los militares que involucraron en esa operación.
La forzaron a renunciar al TSJ
Paralelamente la nueva presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, la llamó a su despacho para exigirle la renuncia al cargo. Tanto ella como el primer vicepresidente del máximo juzgado la presionaron varias horas para forzar su renuncia al cargo, lo que hizo al escribir una carta que redactó dos veces, porque en la primera hacía mención del caso de sus hermanos.
César contó, como ha ocurrido con otros presos políticos, que sus hermanos no tuvieron una legítima defensa al impedirles designar abogados de confianza.
“El viernes 26 de enero de 2024, la recién nombrada presidente del TSJ me mandó a llamar a su despacho para indicarme que firmara nuevamente las sentencias de inhabilitaciones y habilitaciones políticas. Es decir, que firmara por segunda vez las sentencias que ya había firmado el el viernes 22 de diciembre del año 2023. Subí a la Sala Político-Administrativa y en reunión de sala tuve que firmar nuevamente las referidas sentencias", señaló.
Una vez que se publican, se dio a conocer la inhabilitación política de María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski, entre otros, que ocurrió 46 días después de la detención de sus hermanos.
César detalló que a principios de febrero de 2024 la Dgcim allanó los apartamentos de sus familiares en Fuerte Tiuna, donde amenazaron a un tío a firmar el acta. Un procedimiento en el que ella también estuvo.
Posteriormente, la citaron a declarar ante el director de Delincuencia Organizada del Ministerio Público, un acto en el que también estuvo Saab. Aseguró que la sometieron a “un fuerte interrogatorio" por ese hecho.
“Al salir del interrogatorio fui a reunirme con la presidente del TSJ. quien en presencia de la segunda vicepresidenta me exigió nuevamente que renunciara a mi cargo. Viéndome forzada a entregar La renuncia por segunda vez. Para ese momento habían transcurrido 52 días sin haber visto ni tenido comunicación con mis tres familiares", agregó.
César resaltó que la detención de sus hermanos fue un hecho para coaccionarla políticamente a firmar las inhabilitaciones de entre otros políticos María Corina Machado.
Después de 78 días de su detención fue que algunos familiares pudieron tener acceso a los militares. El papá y la esposa de uno de los detenidos estuvieron en la cárcel de El Rodeo I, donde los trasladaron, pero para poder verlos los llevaron encapuchados, una práctica denunciada reiteradamente por organizaciones no gubernamentales.
Exmagistrada denuncia violencia institucional y patrimonial
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro y se desató una ola represiva sin precedentes en el país con más de 2 mil detenciones y 25 fallecidos, a César le permitieron visitar a sus hermanos. Lo hizo el 17 de agosto del año 2024 en El Rodeo I. Ya había sido forzada a renunciar al cargo, a firmar las inhabilitaciones y sometida a presiones diversas para ello.
“He sido víctima de violencia institucional, psicológica y patrimonial, al igual que miembros de mi familia, que son personas de la tercera edad y niños. Fue hasta el 15 de octubre de 2024 que me ingresaron administrativamente del TSJ, sin derecho a jubilación, aún cuando cumplo con los parámetros establecidos en las normativas vigentes", explicó.
César narra las violaciones al debido proceso en el caso de sus familiares, que no la promovieron a ella como testigo del juicio, así como la negativa de darle amnistía a sus seres queridos.
A pesar de denunciar ante diversas instancias como la Defensoría del Pueblo, tras haberle negado la jubilación que le correspondía como magistrada.
“Como magistrada principal y vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia fui víctima de un secuestro y violencia institucional, psicológica y patrimonial, donde la vida de mis seres queridos se usó como rehenes para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país", confesó.
La exmagistrada responsabilizó de lo que pudiera pasarle a ella y sus demás familiares a los organismos de seguridad, entre ellos la Dgcim. Recriminó cómo la Defensora del Pueblo haga giras junto al Fiscal General de la República actual, pese a que conoce de su caso.
“Solicito respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, a Human Rights Watch, a los organismos de derechos humanos, a las ONG nacionales e internacionales, a los defensores de derechos humanos, Colegios de Abogados, abogados, comunicadores sociales y a todas las personas de bien que, por favor, nos defiendan, que nos apoyen y protejan a partir del momento de la publicación del contenido de la presente carta", explicó.