Bárbara César denunció este 6 de octubre las presiones de las que fue víctima para inhabilitar a dirigentes opositores de alto perfil en diciembre del año 2023 en su cargo como magitrada de la Sala Político Administrativa de Tribunal Supremo de Justicia, el mismo mes en el que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a sus dos hermanos militares: el teniente corone Guillermo César y el mayor Guillermo Henry César.
La de más alto perfil que obligaron a inhabilitar fue la líder opositora María Corina Machado, quien el 22 de octubre de eso año ganó con más del 90 % de los votos las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática para las presidenciales del 28 de julio del año siguiente.
Se desempeñaba como vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, instancia a la que llegaron las peticiones de políticos opositores a pedir el levantamiento de las inhabilitaciones políticas como parte del Acuerdo de Barbados, firmado entre el chavismo y la oposición venezolana con la mediación del Reino de Noruega.
En un video de poco más de 40 minutos contó como la detención de sus hermanos influyó para que inhabilitara a Machado y Capriles Radonski, que no los pudo ver sino 8 meses después de su detención, así como que durante el juicio en su contra no la promovieron como testigo pese a estar presente en el allanamiento a los apartamentos de sus hermanos en Fuerte Tiuna.
César explicó también que la forzaron a renunciar al TSJ con la promesa de su jubilación, algo que no ocurrió. Ha pedido explicaciones por ello ante el TSJ, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero no ha obtenido respuesta ni de los antiguos titulares de esos cargos ni de los actuales; es decir, ni de Larry Davoe ni de Eglee González Lobato.
Llegó al TSJ con apenas 39 años, según destacó el sitio web Suprema Injusticia de la ONG Transparencia Venezuela. Apenas había tenido un paso breve por tribunales, pero un caso marcó su carrera. Fue ella quien prohibió la salida del país del fallecido editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, después de una demanda por difamación que Diosdado Cabello introdujo contra el medio en 2014.
Ascenso meteórico en la carrera judicial
La seleccionaron en diciembre de 2014 y fue reelegida en el año 2022. Se mantuvo como vicepresidente de la Sala Político Administrativa hasta su destitución que se dio a conocer en abril de 2024, meses después de la detención de sus hermanos y cuñada. Ella dijo que la obligaron a renunciar dos veces; la primera en diciembre, pero que pese a ello la mantuvieron en el cargo y ratificaron en enero de ese año después de la elección de Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del máximo tribunal.
Pese a que llegó a esa sala, su paso por la carrera judicial siempre lo hizo en la juridiscción penal, de allí que causó sorpresa el hecho de que la nombraran en la Político Administrativa. Antes de ser jueza, desde el año 2013, fue miembro de la Defensa Pública. La ONG Suprema Injusticia destaca que sus conexiones militares, al ser su padre un general de brigada que ejerció cargos en el Ministerio de la Defensa, también le sirvieron como un puente para llegar a lo más alto de la esfera judicial.
“Mientras estuvo en el Tribunal 29 de Juicio de Caracas, César fue la que le dictó la prohibición de salida del país a Petkoff y eso le hizo ganar puntos ante Diosdado Cabello", le explicó una exjueza a Suprema Injusticia sobre el papel que desempeñó, quien dijo que eso la ayudó a «ser electa" como magistrada.
Bajo la presidencia de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional la designaron, en 2014, como coordinadora los tribunales especializados en Violencia contra la Mujer, aunque su experiencia en ese campo era escasa.
En su paso por el TSJ desestimó demandas que podrían perjudicar al Estado, así como de los jueces que rechazaron sus destituciones desde la Comisión Judicial.
Suprema Injusticia destacó que su destitución no fue informada oficialmente por el Tribunal Supremo sino por medio de sentencias de la Sala Político Administrativa.
“Mediante auto de fecha 3 de abril de 2024, se dejo constancia que el fecha 17 de enero de ese mismo año, se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo el 13 de marzo del presente año se incorpora el magistrado Suplente Emilio Ramos González por la falta absoluta de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero, quedando integrada esta Sala Político Administrativa de la forma siguiente: presidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez; vicepresidente, Magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares y el magistrado suplente Emilio Ramos González", tenían como coletilla esas decisiones.
Persecución familiar: la práctica de la Alemania nazi
Su caso revela el patrón que usó la Alemania nazi en su persecución contra los judíos: Sippenhaft, cómo se traslada el castigo contra familiares cuando no se hace directamente contra quien se persigue.
A los hermanos de César los sentenciaron la semana anterior a penas de prisión. Al teniente coronel Guillermo César a 12 años de cárcel por supuesta conspiración y a Guillermo Henry César por encubrimiento a una pena de tres años; por el mismo lapso y delito lo hicieron con su cuñada Diana Desiré Victora Justo, también mayor del Ejército.
Los tres militares fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada por parte del entonces ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
La exmagistrada denunció que los sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Solo después de más de dos meses encarcelados fue que miembros de su familia pudo visitarlos en la cárcel de El Rodeo I. No le permitieron una defensa privada y pese a sus gestiones ante el Ministerio de la Defensa o la Fiscalía, en esta última instancia fue citada y sometida a un interrogatorio por ser testigo del allanamiento de los apartamentos de sus hermanos.
«Esta persecución sistemática confirma que las instituciones han sido instrumentalizadas para subordinar la justicia al servicio del poder vulnerando los derechos humanos más elementales», dijo al final de su mensaje en el que añadió que «ante la gravedad de estos hechos, hago esta denuncia pública para dejar constancia histórica de la verdad y para exigir el cese definitivo de la persecución contra mi familia y reclamar la plena libertad y restitución de derechos que nos han sido arrebatados. La justicia no puede seguir siendo un instrumento de coacción, ni la dignidad humana, una moneda de cambio».