Activistas y representantes de organizaciones de derechos humanos analizaron este 13 de octubre el avance del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a partir de la propuesta que surgió en la mesa de diálogo entre el chavismo y la Asamblea Nacional de 2015, que esta semana cumple con las entrevistas de los 127 aspirantes que presentaron sus nombres para integrar el comité de postulaciones judiciales en representación de la sociedad civil.
El codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, precisó que la diferencia con procesos anteriores que surgió de las negociaciones y por primera vez en muchos años, el oficialismo no tendrá mayoría en el consejo de verificación de credenciales aprobado como un ente externo y asesor, así como la participación de la sociedad civil con 12 miembros y una mayoría aunque mínima de actores no partidistas, si en realidad se cumple la imparcialidad de esos postulados.
«La sociedad civil está apostando por este proceso, otra cosa diferente. Este proceso sí tiene diferencias con los previos y alguien ve que puede terminar en un TSJ que puede no estar controlado por el gobierno, pero no hay garantías de que vaya a terminar bien o mal», dijo. Es decir, sería bueno si es un tribunal independiente, porque de lo contrario no se avanzaría hacia una verdadera transición democrática.
El foro celebrado la tarde de este martes 13 de octubre, organizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), contó con la participación de Andrea Santacruz (Civilis), Martha Tineo (Justicia, Encuentro y Perdón), Deborah Van Berkel (Ideas para la Democracia), Oscar Murillo (Provea), Alí Daniels (Acceso a la Justicia) y Faisal Yamil (Justicia y Verdad, Cepaz).
Moderado por el periodista Luis Carlos Díaz, los panelistas dijeron que la sociedad civil debe estar vigilante y exigir transparencia desde el inicio con las entrevistas de los aspirantes al comité de postulaciones, así como demandar que se den a conocer los expendientes tanto de estas personas como de los que quieran ser magistrados.
Renovación del TSJ debe tener reglas claras
Tineo pidió reglas claras, el baremo, que se conozca quiénes han participado como miembros del sistema judicial en las últimas dos décadas en la inacción en la defensa de los derechos humanos, al hacer énfasis que la ONG que coordina tiene una lista de más de 300 personas fallecidas por persecución política, sin ningún responsable juzgado, por lo que no solo deben verse currículos ni credenciales sino también el papel en la omisión que han permitido se mantenga la impunidad.
«Hay que poder evaluar que muchos de los que se han postulado tienen carrera en el sistema de justicia, son jueces y fiscales que nada han hecho por enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos», insistió.
Yamil destacó que desde la sociedad civil se elaboró una matriz técnica que permite identificar con más precisión los requisitos que deben cumplir los representantes al comité de postulaciones, un aporte que aseguró tendría que tomarse en cuenta al momento de las entrevistas.
«Tienen que aspirar a altos estándares, la afiliación que está invocando, la representación sectorial, la trayectoria de esta persona en materia de justicia y DDHH, tener comprensión del sistema de justicia, si hay señalamiento de violaciones a los DDHH, si hay involucramiento en hechos de corrupción, si tiene relación o ingresos que perciba de parte del Estado que se debe evaluar. Si queremos los mejores magistrados tenemos que seleccionar las mejores personas», precisó entre los requisitos que deben ser evaluados por la comisión preliminar que decidirá quienes son las 12 personas que presentará a la plenaria de la Asamblea Nacional.
El termómetro para una verdadera transición democrática
Oscar Murillo, de Provea, agregó que toda la crisis y corrupción del sistema de justicia venezolano llevó a lo que el país vive en la actualidad, por lo que se está ante un proceso difícil que pondrá a prueba si se puede llegar a una transición democrática.
Insistió en que los plazos para la reinstitucionalización de Venezuela deben ser de la gente y no de las élites. «Los desafíos son extraordinarios. El mensaje de Provea es que aquí no se puede, los plazos no pueden ser los plazos de las élites, hay una gente que está sufriendo que requiere que esto se haga con absoluta responsabilidad y los plazos sean de la gente».
Van Berkel, de Ideas para la Democracia, coincidió en que solo se avanzará hacia una transición si la escogencia de los magistrados del TSJ y rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumple con los estándares de la Constitución venezolana vigente de 1999.
«Un TSJ que se conforme con unos magistrados como establece la Constitución, que no tengan una dependencia de una línea política y respondan realmente a su mandato y luego un CNE que tenga un funcionamiento institucional como se exige para un cambio democrático. Esas figuras son fundamentales y por eso no podemos dejarlo en manos de unas élites, unos expertos, la ciudadanía tiene que participar, exigir que se cumpla tengan el perfil para ser miembros del comité y magistrados al TSJ», sostuvo.
Santacruz añadió que para ganarse la confianza de la sociedad civil con esta renovación se debe avanzar en plazos reales y verificables con magistrados realmente independientes, imparciales que no respondan a intereses del gobierno.
El panel coincidió en que los futuros magistrados deberían tener un plazo transitorio para su funcionamiento, que sean probos, no tengan vinculación con partidos políticos (ni de gobierno ni de oposición), no estar involucrados en violaciones de derechos humanos por acción u omisión, que sean capaces de responder a los intereses del país y no de quien está en el poder.