La aplicación de la Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en noviembre de 2017 cuando Delcy Rodríguez presidía la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, ha sido usada a lo largo de estos casi nueve años de su vigencia para castigar a la disidencia política en Venezuela.
El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, aseguró que esa organización ha registrado la imputación de 927 personas a las que acusaron de incitación al odio desde 2017.
De ese número, todavía hay seis de ellas privadas de libertad y “683 siguen sujetas a medidas cautelares«; es decir, que hay causas penales en su contra por la aplicación de este instrumento jurídico.
Los números los da a conocer el activista de derechos humanos a propósito de la petición que hizo Rodriguez de pedir a la Asamblea Nacional la reforma de la normativa, enfocada en la despenalización.
Criminalización de periodistas
Desde que este 29 de septiembre se hizo la solicitud “con carácter de urgencia", organizaciones defensoras de derechos humanos han dicho que no basta con su reforma sino que se debe avanzar en su derogación.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que 7 de cada 10 periodistas con causas judiciales abiertas a enero de 2026 habían sido acusados por «incitación al odio». Todavía hay seis de ellos con procesos judiciales pendientes, sometidos a medidas cautelares que restringen sus libertades.
Escribir mensajes en redes sociales como X o Facebook, grabar videos en Ti Tok o expresar sus opiniones en estados de la aplicación de mensajería de Whatsapp fueron usados por el chavismo para encarcelar a la ciudadanía en general, a dirigentes políticos y periodistas, a quienes también apresaron bajo la supuesta incitación al odio por hacer cobertura de las manifestaciones poselectorales a finales de julio y principios de agosto de 2024 tras las presidenciales.
Reforma de la Ley contra el odio: Piden su derogación por inconstitucional
Condenas hasta 30 años de cárcel por expresarse en Whatsapp
El 10 de junio de 2025 se dio a conocer la condena de 10 años de cárcel para la joven Merlys Oropeza (de 25 años al momento de su sentencia), en Maturín. Su delito fue el haber criticado en un grupo de Whatsapp, en el sector Las Carolinas a la jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). “Estas son las palabras de la jefe del CLAP de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos", escribió en una crítica a la representante comunal.
La detuvieron el 9 de agosto de 2024 y 10 meses después el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas la condenó «por incitación al odio» a una década en prisión. Un mes después de haberla condenado, la excarcelaron bajo medidas cautelares, pero es un ejemplo de cómo se instrumentalizó la justicia con esta ley.
A la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de entonces 65 años, la condenaron a 30 años de cárcel en noviembre de 2025. Es la pena máxima en el país para acusados de delitos graves como homicidio, secuesto y casos de violación. En su caso, también después de las presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro vencedor el 28 de julio, en un audio que distribuyó por Whatsapp cuestionó fuertemente al ahora depuesto gobernante.
El 5 de agosto de 2024 policías llegaron a su casa en la localidad de San Juan de Colón, en el municipio Ayacucho del estado Táchira, para arrestarla. Su audio fue compartido con simpatizantes del chavismo que lo llevaron a las autoridades como la Fiscalía que ordenaron su arresto.
La jueza Luz Dary Moreno Acosta condenó el 16 de noviembre de 2024 a Orozco por la presunta comisión de los delitos de «traición a la patria, conspiración e incitación al odio». En su audio ella pidió a sus vecinos votar en contra de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024 y dejar «la sinvergüenzura» mientras que la mayoría de los hijos de esas personas vivían fuera del país por la crisis política, social y económica. A finales de diciembre de 2025 la excarcelaron tras la dura condena en su contra.
Usaron la Ley del Odio para extorsionar
Según la ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, señala que ese instrumento viola los principios de las Naciones Unidas sobre leyes de este tipo, pero que además de toda la consideración legal, la persecución política empleada por el chavismo, funcionarios policiales y simpatizantes afines a esa ideología la usaron como una extorsión.
«Más allá de su uso como herramienta de persecución política directa, la ley genera esquemas de extorsión. Funcionarios de seguridad o del Ministerio Público utilizan la amenaza de iniciar una investigación para obtener beneficios económicos. El segundo patrón opera entre particulares: individuos amenazan a otros con denunciarlos por comentarios en redes sociales, exigiendo un pago para no presentar la denuncia. Tres elementos de la ley facilitan directamente estos abusos: la elevada penalidad; la ambigüedad jurídica que permite calificar casi cualquier crítica como ‘odio’; y el alcance sobre la mera difusión de mensajes», precisaron en abril de este año.
En sus registros de personas detenidas bajo delitos de odio contabilizan «más de 120 casos documentados (2017-2024) y al menos 33 detenciones en el ciclo postelectoral de 2024 bajo imputaciones de promoción e incitación al odio», en su mayoría infociudadanos, activistas y periodistas.
La ONG alertó que su aplicación provocó «un efecto paralizante» de la libertad de expresión en Venezuela porque difundir cualquier mensaje crítico al chavismo podía ser usado como una imputación.
Delcy Rodríguez pide al Parlamento la reforma de la Ley contra el Odio
Un caso fabricado para lograr un ascenso
A dos jóvenes emprendedoras del estado Mérida las condenaron a 10 años de cárcel por estampar unas franelas de la protesta en la que derribaban una estatua de Hugo Chávez, un caso en el que se denunció lo fabricaron funcionarios de cuerpos de seguridad que se hicieron pasar por clientes para que ellas hicieran el diseño. Ellos buscaban un ascenso con sus superiores, lo cual lograron cuando le entregaron la mercancía y posteriormente las detuvieron.
Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén fueron acusadas de “incitación al odio, traición a la patria y terrorismo". Las detuvieron en su negocio en agosto de 2024. Su juicio comenzó en diciembre de ese año y en julio de 2025 las condenaron. Formaron parte de las primeras excarcelaciones en enero de este año, que comenzaron a cuentagotas después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses.
Rodríguez pidió a la Asamblea Nacional solo una reforma, admitió en su solicitud que se debían «corregir desviaciones en su aplicación» y el mismo día que se informó tal petición, el Parlamento designó una comisión especial para los cambios que encabeza el legislador chavista Pedro Infante, quien también hace parte de la mesa de diálogo con la AN de 2015.
Precisamente desde la delegación opositora se atribuyeron este anuncio de Delcy Rodríguez como parte de los acuerdos entre las partes para avanzar hacia una democratización en el país.