La encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento que preside su hermano Jorge Rodríguez, la modificación de la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, usada desde su aprobación en 2017 como un instrumento jurídico para perseguir a los opositores al chavismo.
En un comunicado con fecha del 28 de octubre, pero que circuló en las redes sociales de la funcionaria este 29 de septiembre se señala que esos cambios buscan «avanzar en la despenalización de conductas previstas en el mencionado instrumento normativo».
Además agrega que forma parte de su administración para «transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el encuentro y convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos».
Este instrumento era uno de los que estaba previsto discutirse en la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo como parte de las negociaciones entre las partes, que miembros de la delegación opositora anunciaron se iban a incorporar al segundo ciclo de conversaciones finalizado el pasado 27 de septiembre.
Sin embargo, no se incluyó en esa segunda ronda de la mesa, cuando además se contemplaba la discusión sobre otras normas jurídicas que desde el chavismo se han usado para perseguir, encarcelar y forzar al exilio a dirigentes políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y la ciudadanía en general en los últimos años.
Entre esas están la Ley Simón Bolívar, la de la regularización de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, además de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
Asamblea Nacional designará este 29 de septiembre el comité preliminar para el TSJ
La Ley contra el odio viola derechos humanos
Rodríguez también pidió darle «carácter de urgencia» a esta reforma que solicitó, a pesar de que dentro de la agenda para la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, 29 de septiembre, no está incluido ese punto.
En un análisis sobre la Ley del Odio, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social enumeró 20 razones sobre cómo afectaba derechos humanos entre ellos la libertad de expresión, de opinión e información, a la manifestación pacífica y participación política.
Entre sus advertencias dijeron que su «discrecionalidad de la Ley Contra el Odio representa una forma de criminalización a los derechos humanos de libertad de expresión, manifestación pacífica y participación política».
Al igual que estaba concebida bajo la doctrina de la seguridad nacional de un Estado «que cataloga de enemigo interno a críticos y disidentes del gobierno».
Este instrumento lo aprobó en noviembre de 2017 la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convocada por el ahora depuesto Nicolás Maduro para anular las competencias de la AN que estuvo bajo control de la oposición venezolana entre enero de 2016 y diciembre de 2021.