La petición de Delcy Rodríguez al Parlamento que controla su hermano de reformar la Ley contra el odio con «carácter de urgencia» provocó la reacción de activistas de derechos humanos, políticos y otros expertos que se pronunciaron sobre la solicitud de la encargada del poder en Venezuela-
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo en su red social X que han planteado su derogación en todos los espacios políticos de diálogo abiertos después del 3 de enero cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
«Hemos planteado desde Provea en todos los espacios posibles, la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos», explicó.
También mencionó otros instrumentos jurídicos: la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, así como «la derogatoria del estado de conmoción exterior y las disposiciones del Código Penal que han sido utilizadas para criminalizar a personas críticas con la gestión gubernamental o defensores de derechos humanos».
Murillo, quien ha sido objeto de procesos penales por ser el coordinador de Provea reiteró que «exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación. Requerimos avanzar en el proceso de reconstrucción institucional«.
Chavismo no ha querido eliminar Ley contra el odio
El periodista y activista de derechos humanos digitales, Luis Carlos Díaz, recordó que en 2017 una de las principales figuras en impulsar la Ley contra el odio fue precisamente Delcy Rodríguez, quien ahora no pide derogarla sino avanzar en su «despenalización».
«Estos meses ha tenido reticencias para eliminarla a pesar de todas las exigencias de la sociedad civil, de los presos políticos que han sido víctimas de la aplicación de esta ley, y de los propios Estados Unidos, a los que siguen burlando en sus compromisos», sostuvo sobre cómo el chavismo ha intentado retrasar su eliminación.
El instrumento se usó para la persecución a la disidencia política, la libertad de expresión y encarcelar a quienes se oponían, desde diferentes sectores de la sociedad al chavismo.
«Sus penas han sido monstruosas y los procesos judiciales aplicados contra miles de personas han carecido de derecho a la defensa, criterios claros y estándares de prueba correctos. La ley es una aberración y no puede ni ser corregida sino eliminada», insistió Díaz.
Eso que llaman "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en Venezuela" la apoyó Delcy Rodríguez en la Constituyentes en 2017. Estos meses ha tenido reticencias para eliminarla a pesar de todas las exigencias de la sociedad civil, de los…
— Luis Carlos 🏴☠️ One Piece (@LuisCarlos) September 28, 2026
El abogado y experto en derecho internacional Mariano de Alba consideró este anuncio como «un paso en la dirección correcta» aunque pidió se avanzara más allá de la reforma.
«Un paso en la dirección correcta, pero debería considerarse la derogación íntegra de la ley, ya que optar sólo por una despenalización podría dejar vigentes instrumentos de censura y exclusión política mediante sanciones administrativas. Urge también revisar las condenas y los procesos derivados de la aplicación de esta ley, liberar plenamente a todos los detenidos por su aplicación, levantar todas las restricciones asociadas y establecer vías de reparación», señaló en X.
AN de 2015 dice que el anuncio es por la mesa de diálogo
Desde la Asamblea Nacional de 2015 también hubo un pronunciamiento para hacer varias precisiones sobre este instrumento legal, aprobada por la ilegítima Constituyente del año 2017.
Se atribuyeron el anuncio de Delcy Rodríguez al trabajo desarrollado en la mesa de diálogo que mantiene una representación de este parlamento con el chavismo desde el pasado mes de agosto.
«Esta reforma se produce en el marco del proceso de diálogo orientado a la reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes», expresaron al tiempo que se solidarizaron contra quienes han sido perseguidos en los últimos nueve años por la aplicación de esta norma.
Agregaron que «estamos atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores, de acuerdo a los conversado, y contribuya al reestablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas».
No basta con reformas, hay que derogarla
Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) abogaron porque estos cambios que se solicitan incluyan el desmontaje de la penalización y criminalización a la libertad de expresión.
«Eliminar las penas de prisión sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos. Por eso, una reforma limitada a la despenalización dejaría vigentes restricciones muy graves para la libertad de prensa y de expresión», destacaron.
Fue precisamente con Delcy Rodríguez como presidente de la Constituyente cuando se aprobó la Ley contra el Odio, que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU ha cuestionado desde el principio.
En su más reciente informe, el pasado 16 de septiembre, expresaron su preocupación porque leyes restrictivas como esa continúan vigentes en el país, lo mismo que el aparato represivo y al menos 19 altos funcionarios señalados de crímenes de lesa humanidad o mantienen sus cargos o han sido cambiados por Rodríguez a otros puestos de la administración pública.
«Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas. No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario», rememoraron.
La presidenta de este grupo de expertos, Sofía Macher, aseguró entonces que “mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos."