Caracas.- La ONG VE sin Filtro advirtió que una eventual reforma de la Ley contra el Odio no debería limitarse a retirar sanciones penales, sino que también tendría que desmontar los mecanismos que permiten restringir contenidos y bloquear sitios web en Venezuela.
La discusión sobre la Ley contra el Odio en Venezuela volvió al centro del debate sobre la libertad de expresión. Esta vez, la organización VE sin Filtro puso el foco en las consecuencias que todavía tendría una reforma si mantiene herramientas para controlar lo que los ciudadanos pueden publicar y consultar en internet.
La ONG reaccionó después de que desde la Administración de Delcy Rodríguez surgieran planteamientos para revisar la normativa. El debate sobre sus cambios tomó fuerza desde febrero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoció que la legislación había tenido casos de “mala utilización" y señaló que el Programa para la Convivencia Democrática estudiaba sus alcances. En ese momento también consideró probable una reforma.
Para VE sin Filtro, sin embargo, el problema no termina con retirar o reducir las penas asociadas a determinados delitos.
A través de su cuenta en X, la organización señaló que “despenalizar no elimina la censura". Su argumento apunta directamente a los mecanismos que la normativa establece para intervenir sobre contenidos publicados en internet.
La ONG sostiene que la Ley contra el Odio ha permitido criminalizar expresiones en el entorno digital y contempla mecanismos para ordenar el retiro de publicaciones, aplicar sanciones y restringir el acceso a portales de internet.
Por eso, VE sin Filtro plantea que cualquier modificación de la legislación debe eliminar esas herramientas y establecer garantías efectivas para la libertad de expresión en línea.
La posición de la organización llega además en un momento en el que los bloqueos de páginas web continúan formando parte de la discusión pública en Venezuela. En septiembre, VE sin Filtro reportó que decenas de dominios permanecían restringidos, incluso después de que las autoridades anunciaran el levantamiento de algunas medidas.
Reforma de la Ley contra el odio: Piden su derogación por inconstitucional
¿Qué se ha planteado sobre la Ley contra el Odio?
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia entró en vigor en 2017. Desde entonces, organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión han cuestionado su alcance y aplicación.
La normativa contempla penas de prisión de entre 10 y 20 años para determinadas conductas relacionadas con la promoción o incitación pública al odio, la discriminación o la violencia. Human Rights Watch ha señalado que la legislación se ha utilizado para detener a críticos mediante delitos formulados de manera amplia.
Un antecedente importante para la discusión actual ocurrió en febrero de 2026. Jorge Rodríguez reconoció que la norma había tenido una “mala utilización" en algunos casos y afirmó que esas situaciones debían corregirse. También explicó que el Programa para la Convivencia Democrática, impulsado a petición de Delcy Rodríguez, estudiaba el alcance de la legislación.
La controversia, por tanto, no se limita a determinar qué conductas deberían conservar una sanción penal. También involucra el uso de la legislación para intervenir sobre expresiones públicas, publicaciones digitales y medios de comunicación.