La comisión especial designada por la Asamblea Nacional de 2025 se instaló este lunes, 5 de octubre, con una agenda de trabajo para iniciar la discusión de un proyecto de reforma del instrumento legal, que desde su aprobación en noviembre de 2017 el chavismo usó para encarcelar a políticos, periodistas y ciudadanía en general.
El presidente de este grupo parlamentario, Pedro Infante (Psuv), hizo una especie de mea culpa al reconocer que se aplicó en varios casos «de manera inadecuada esta ley», además de proponer el cambio de nombre que actualmente es Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Pero destacó que fue en «casos específicos y puntuales».
A pesar de que distintos sectores de la sociedad han pedido desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero, la derogación de dicha normativa, la encargada del poder en el país, Delcy Rodríguez, pidió el 28 de septiembre su reforma parcial para la despenalización.
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El martes 29 de septiembre se designó a los miembros de una comisión especial en la sesión plenaria del Parlamento, encabezada mayormente por los legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que en el pasado elogiaron el uso de este instrumento.
Infante aseguró que establecieron «una metodología mínima de trabajo». Comenzarán por presentar el proyecto de reforma que será enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una vez se apruebe, para que le de el visto bueno antes de someterla a una primera discusión en el Legislativo.
Prometen consulta con afectados por la ley
Prometió que el proceso posterior de consulta abarcará a víctimas del odio, a «quienes de alguna manera fueron afectados por la aplicación inadecuada de esta ley», medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, universidades y otros sectores de la sociedad.
Entre lo que harán está la despenalización. La ley contra el odio contempla penas de hasta 20 años de cárcel, enfocarse en la justicia de paz para conflictos en comunidades, así como el cambio de su nombre.
El Pitazo recordó en un análisis reciente cómo cuatro mujeres fueron sentenciadas a prisión de 10 a 30 años, apresadas en agosto de 2024 bajo acusaciones de incitación al odio. Una joven de Maturín, estado Monagas, por criticar a la jefa del Clap en el sector Las Carolinas, a la que condenaromn a 10 años de prisión; dos jóvenes emprendedoras en Mérida, que fueron víctimas de funcionarios de cuerpos de seguridad e inteligencia que les pidieron estampar unas franelas con la imagen de las protestas en las que derrumbaban una estatua de Hugo Chávez, también condenadas a 10 años de cárcel.
La pena más grave fue contra una doctora en el estado Táchira, a quien castigaron con 30 años de prisión por un audio que compartió en un grupo de Whatsapp en contra de la gestión del depuesto Nicolás Maduro. A todas ellas las excarcelaron, pero tienen un expendiente judicial abierto y tienen medidas cautelares.
Dentro de la comisión están Jorge Arreaza y América Pérez, quienes como Infante es miembro de la delegación del chavismo en la mesa de diálogo con los representantes de la AN de 2015; el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, así como el exgobernador de Mérida, Jheyson Guzmán, entre otros como los legisladores de la oposición minoritaria Rubén Limas (AD intervenida judicialmente), América Belisario (Unión y Cambio) y Luis Romero (Avanzada Progresista).
Cómo usó el chavismo la Ley contra el odio
Bajo la presidencia de Delcy Rodríguez en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de 2017, la Ley contra el odio fue uno de los primeros instrumentos jurídicos aprobados por el chavismo en el año de las protestas antigubernamentales contra Maduro.
La ONG Foro Penal dijo la semana pasada que desde su aprobación imputaron a 927 personas bajo delitos de incitación al odio, de la que seis seguían detenidas y 683 sometidas a medidas cautelares; es decir con procesos penales abiertos.
Mientras que otra ONG, Cecodap, contabilizó la detención de 118 adolescentes entre los años 2024 y 2025 bajo delitos de este tipo.
Desde la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora en Venezuela, se criticó que se vaya a reformar y no eliminar.
«Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales», dijeron el 30 de septiembre en un comunicado.