El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hecho sobre Venezuela, que tendrá dos años más para investigar, documentar y registrar la violación de garantías fundamentales en el país.
Con 25 votos a favor, el mayor número desde que se aprobó la misión por primera vez, los países mantuvieron el trabajo de este grupo de expertos que en los últimos años ha documentado la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional bajo las gestiones del chavismo.
También se aprobó el mandato del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU, que viene trabajando sobre el terreno para registrar las violaciones de derechos humanos.
La ONG Provea expresó que ambas instancias son «mecanismos clave para la denuncia y la rendición de cuentas de graves violaciones a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y ambientales en el país«.
Los países que apoyaron la extensión del trabajo de las dos instancias son Albania, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Chipre, Chequia, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Francia, Gambia, Islandia, Italia, Japón, Malawi, Islas Marshall, Mauritania, Países Bajos, Macedonia del Norte, Corea del Sur, Eslovenia, España, Suiza y Reino Unido. Además, hubo 17 abstenciones y cinco votos en contra (Cuba, China, Burundi, Egipto y Vietnam).
Maquinaria represiva intacta en Venezuela
En 2019, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se aprobó la resolución 42/25 que dio inicio al trabajo de la misión, que nació para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. En principio su mandato era por un año, pero desde entonces se ha ido renovando y ahora trabajará hasta 2028; es decir, llegará a nueve años cuando termine su labor en dos años sino se prolonga.
El pasado 18 de septiembre, la actual jefa de la Misión, Sofía Macher, se refirió a los dos más recientes informes sobre el país. Destacó que entre septiembre y diciembre de 2025, «los hallazgos de la Misión confirmaron que las violaciones de derechos humanos continuaron produciéndose a una escala y de conformidad con patrones plenamente consistentes con los documentados en anteriores informes».
Además, a pesar de reconocer que hubo una disminución de detenciones arbitrarias después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero, el aparato represivo del chavismo seguía intacto, con 19 altos funcionarios señalados de graves violaciones a los DDHH en sus puestos o en otros a los que cambió Delcy Rodríguez al asumir la administración del poder tras la extracción del exlíder chavista.
«Otros actores implicados en la represión pasada continuaron ocupando sus mismos cargos en instituciones de seguridad e inteligencia, incluido el ministro responsable de los asuntos internos, Diosdado Cabello. En informes anteriores, la misión ha vinculado al señor (Gustavo) González y al señor (Diosdado) Cabello con graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», explicaron en el documento.