La Plataforma Unitaria Democrática, la principal alianza de oposición, exigió este 30 de septiembre la derogatoria de la Ley contra el odio, no solo su reforma para la despenalización como lo solicitó la encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales", dijo la coalición opositora en un comunicado.
El pasado 29 de septiembre, Rodríguez publicó un comunicado en el que pedía “con carácter de urgencia" que la Asamblea Nacional controlada por su hermano, Jorge Rodríguez, reformara el instrumento legal que se aprobó cuando ella estuvo al frente de la ilegítima Constituyente en noviembre de 2017.
Ese mismo martes, el Legislativo designó una comisión para atender la petición de Miraflores, pero no se conoce cómo será ese proceso. Organizaciones de la sociedad civil también han pedido que se derogue por su uso para criminalizar la libertad de expresión, la manifestación y la asociación política.
Ley del odio, instrumento de persecución
El Pitazo recordó este miércoles cómo cuatro mujeres, entre ellas una doctora y dos emprendedoras, fueron acusadas bajo esta figura en agosto de 2024 tras las protestas poselectorales y en 2025 las condenaron a penas de prisión que iban de 10 a 30 años.
Aunque todas están excarceladas fueron juzgadas por expresar sus opiniones en dos de los casos y en otro las usaron como cebo funcionarios de cuerpos de seguridad que querían subir en el escalafón dentro de organismos de seguridad e inteligencia, los principales responsables de la represión en el país.
“La Plataforma Unitaria Democrática exige su derogatoria inmediata. Venezuela no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución; necesita desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten", dijo la coalición conformada por ocho partidos que apoyan el liderazgo de María Corina Machado.
Recordaron que la libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política son garantías que no deben estar bajo un instrumento que sancione estos derechos.
Un instrumento para disuadir
La Ley contra el odio contempla penas de cárcel que van de 10 a 20 años, criminaliza a medios de comunicación y sus dueños, pero además ONG como Espacio Público señalaron que ha sido usada por funcionarios o dirigentes afines al chavismo para extorsionar a disidentes.
Naciones Unidas definió el llamado “Umbral Rabat" como una guía para legislaciones de cada país que evitara la penalización de la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés).
En Venezuela, esta ley se usó para la persecución política, el encarcelamiento de la ciudadanía en general, periodistas, activistas políticos y de derechos humanos en los últimos 9 años. La ONG Foro Penal dijo que desde su aprobación en 2017 y hasta la fecha al menos 927 personas en Venezuela.
De esa casi millar, todavía hay seis de ellas privadas de libertad y 638 tienen medidas cautelares; es decir, procesos judiciales abiertos bajo acusaciones de “incitación al odio".