Caracas.- Un juez federal de Estados Unidos encontró pruebas suficientes para acusar a la administración de Donald Trump de desacato penal, tras violar órdenes judiciales que impedían la deportación de 238 inmigrantes a El Salvador.
Según informes de medios estadounidenses, el juez de distrito James E. Boasberg advirtió que podría iniciar un proceso judicial si no se revierte la situación, exigiendo el retorno de los deportados a EE. UU. para garantizar su derecho a impugnar la expulsión.
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El juez Boasberg subrayó la gravedad de la desobediencia a órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios gubernamentales.
Esta acusación se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación de venezolanos deportados a la misma cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
En Caracas, familiares de los deportados han realizado múltiples protestas exigiendo respuestas. El martes 15 de abril, un grupo de aproximadamente 80 personas, liderado por Yasmira Chirinos, tía de Ysqueibel Peñaloza, se concentró en la Plaza Bolívar para presionar al gobierno venezolano a tomar acciones para el retorno de sus seres queridos.
Previamente, el 17 de marzo, Mirelys Casique, con la voz quebrada, solicitó a las autoridades estadounidenses la revisión del expediente de su hijo Francisco. En una entrevista con Telemundo, Casique negó cualquier vínculo de su hijo con el crimen organizado, exigiendo pruebas que justifiquen su deportación.
Con información de El Nuevo Herald