Dos demandas legales buscan frenar la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) de los migrantes venezolanos de 2023. El beneficio expira el próximo 7 de abril, por lo que los migrantes y los grupos que los apoyan iniciaron este jueves, 20 de febrero, una batalla legal con el objetivo de impedir que Donald Trump cumpla con su objetivo.
La primera de las demandas fue introducida en el estado de California. Esta acción, quizá la más conocida del día, fue impulsada por la Alianza Nacional TPS y ocho venezolanos que cuentan con este beneficio. Este recurso apunta, principalmente, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y asegura que su motivación para poner fin al TPS es un tema racial.
«Rechazamos la descripción racista e inexacta que hace la administración Trump de los beneficiarios venezolanos del TPS. Los beneficiarios venezolanos del TPS, como todos los beneficiarios del TPS, están presentes legalmente aquí de conformidad con la protección otorgada porque no es seguro para ellos regresar a su país en este momento», aseguró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS.
Mientras tanto, la segunda demanda fue empleada en el estado de Maryland, al otro lado de Estados Unidos. En dicho recurso se busca la impugnación de la medida que pone fin al TPS para los migrantes venezolanos de 2023 y se establece como elemento justificativo una claúsula de la Quinta Enmienda de la constitución de EE. UU., la cual indica que el gobierno no puede tomar medidas “las cuales la intención o el propósito discriminatorio sea un factor motivador”.
La defensa legal es la principal arma de los venezolanos con TPS en EEUU
Hay pocas formas de defenderse contra las medidas emitidas por el gobierno de Donald Trump, una de ellas es por la vía legal y confiando en que las instituciones del país sean lo suficientemente fuertes para hacer lo correcto. En este caso, los demandantes explican que las razones para poner fin al TPS no solo son injustas, sino que tienen una motivación discriminatoria.
Gran parte de esta justificación viene gracias a las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encargó de generalizar a la migración venezolana llamándola criminal, pero además, asociándola directamente con el Tren de Aragua. Noem se expresó de forma despectiva de los migrantes y lo hizo en televisión, pero también a través de redes sociales.
La demanda introducida en el estado de California tiene posibilidades de prosperar y toma como jurisprudencia otras demandas previas para detener el fin del TPS, como las ocurridas durante el primer gobierno de Donald Trump.
“Es un día que hubiésemos querido que no llegara, pero llegó. La demanda fue introducida anoche (…) vamos de la mano de los mejores abogados que pudimos tener”, dijo Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano Americano (VAC, en inglés). Ferro ofreció una rueda de prensa en la que dio más detalles sobre la acción y las expectativas.
De tener éxito algunas de las dos demandas, los venezolanos con TPS podrían permanecer en el país con ese mismo estatus. De lo contrario, las personas todavía podrían acogerse al derecho de asilo siempre y cuando tengan elementos que resulten convincentes para las autoridades estadounidenses y, teniendo en cuenta las demoras que esto puede llevar en cada caso.