El partido opositor Primero Justicia (PJ) acusó este lunes a Nicolás Maduro -investido presidente pese a una cuestionada victoria electoral- y a los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, de formar parte de un eje antidemocrático que, junto a Rusia, Irán y China, «atentan contra la paz en Occidente».
«Es un peligro real para la democracia continental y mundial«, señaló, en un comunicado difundido a través de X, la formación opositora, al advertir de una «escalada autoritaria» en la región.
En un mensaje dirigido a su militancia después de las manifestaciones convocadas por la oposición el pasado 9 de enero, Primero Justicia dijo ver «el inicio de una nueva fase» en la «lucha democrática», que exigirá «resiliencia» y «rectitud», frente al «envilecimiento autocrático» que atribuye al chavismo.
«Inicia un periodo de envilecimiento autocrático que exigirá resiliencia política, creatividad estratégica y rectitud personal», señaló la formación, cuyos miembros prometieron mantenerse «firmes y fieles en la lucha por el respeto de los resultados electorales del 28 de julio».
Prmero Justicia apoya a Machado y González Urrutia
La oposición reclama la victoria de los comicios de julio pasado para su líder, Edmundo Rodríguez Urrutia, para lo cual presenta como prueba el 85 % de las actas que recabó mediante testigos de mesa y personas que participaron en el proceso de votación, aunque las autoridades chavistas las tachan de «falsas».
González Urrutia -exiliado en España- insiste en que asumirá el «mandato popular», en referencia a la Presidencia que asegura haber ganado, «en el momento preciso».
«Hemos llegado a una bifurcación histórica. De un lado está una dictadura vil y despiadada. Del otro lado, los venezolanos de bien que hemos dado muestras heroicas de nuestro compromiso democrático», apuntó en una declaración posterior a la toma de posesión de Maduro.
Desde el 1 y hasta el 10 de enero, la ONG Foro Penal registró la detención de 75 personas por motivos políticos en Venezuela, en un contexto en el que han aumentado las detenciones arbitrarias, incluso la de adolescentes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.