Por Ana Lorena Delgadillo*
Una mujer hondureña de 25 años con dos hijos de 8 y 6 años, que fue detenida junto con otro grupo de mujeres por elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, experimentó el infierno de transitar por México y caer en manos de militares: “desnudan a las mujeres, les meten los dedos por la vagina o les meten un cañón” señaló. Refirió que, al momento de su detención, las autoridades les exigieron desnudarse y las violentaron sexualmente.
Una solicitante de asilo y trabajadora humanitaria haitiana refiere: “Las mujeres afrodescendientes migrantes en todo México estamos expuestas, en todo momento. No podemos ocultarnos, nuestro color de piel es visible, nuestro color de piel que molesta a los racistas. El guardia nacional y el INM que nos tratan de prostitutas…”
Estos y otros testimonios están recogidos en el informe y el micrositio de Bajo la Bota, donde se documentan los efectos de la militarización de la migración durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De AMLO a Claudia Sheinbaum
No es la primera vez que las personas migrantes son la moneda de cambio para que México haga frente a la amenaza -que ahora parece un hecho- del alza de aranceles a productos mexicanos por parte de los Estados Unidos.
Desde 2018 México negoció con la administración de Donald Trump el programa “Quédate en México” o MPP por sus siglas en inglés y en junio de 2019 firmó la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos donde México se comprometió a frenar la migración y a desplegar 6.000 elementos de la Guardia Nacional principalmente en la frontera sur, para ocuparse de la detención de personas migrantes, cifra que llegó a los 28.000 elementos. El nuevo acuerdo alcanzado por Claudia Sheinbaum es lo mismo, solo que inicia con 10.000 elementos de la Guardia Nacional. No hay nada nuevo.
Tampoco es exclusivo que el gobierno federal morenista, sea el primero en militarizar la migración. Desde la Operación Centinela impulsada por el gobierno de Vicente Fox y los subsecuentes planes impulsados por Calderón y Peña Nieto, muestran que nuestro país ha puesto al servicio de Estados Unidos su policía y su fuerza militar para detener y deportar personas migrantes. Sin embargo, los acuerdos alcanzados a partir del gobierno de López Obrador han marcado una institucionalización de estas prácticas al haber quedado plasmados en acuerdos binacionales.
No es cualquier cosa que se use nuestra fuerza más letal, la de los militares, en contra de las poblaciones más vulnerables que ya mucho han tenido que padecer para llegar a nuestro país.
El uso desproporcionado de la fuerza ha traído como resultado incluso ejecuciones extrajudiciales de personas migrantes, como el caso documentado en el informe de Bajo la Bota donde se narra que el 31 de octubre de 2021, la Guardia Nacional interceptó un vehículo con 12 personas migrantes de Sudamérica, el Caribe y África que se dirigían hacia EUA para solicitar asilo.
Ante la negativa del vehículo para detenerse, la Guardia Nacional disparó ocasionando la muerte de un migrante cubano y dejando 4 personas heridas. Como esta historia, hay otras más. ¿Habrá habido alguna consecuencia para esos militares que tiraron a matar? ¿Habrán tenido justicia las víctimas?
Gran costo humano
En el informe En la boca del lobo se documentan las graves violaciones ocurridas alrededor del programa Quédate en México y desde enero de 2019 la organización Human Rights First (HRF)ha venido documentando la política de Quédate en México, entrevistando a las personas que han sido devueltas a México a esperar su proceso de asilo, mostrando el gran costo humano de estas medidas.
“[E]sta es una política que no puede aplicarse de forma legal, justa y humana”, ha señalado HRF y documentado al menos “1.544 casos denunciados públicamente de secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y otros ataques violentos contra personas devueltas a México en el marco del programa Quédate en México” durante el anterior periodo de la administración de Trump.
Situaciones como la de “una mujer nicaragüense secuestrada y agredida sexualmente; un solicitante de asilo venezolano golpeado y tiroteado; una adolescente agredida sexualmente y dos nicaragüenses secuestrados por un cártel y obligados a ver cómo los miembros del cártel ponían una pistola en la boca de otro hombre y lo amenazaban con matarlo”, han quedado plasmados en los informes de esta y otras organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera.
Nadie puede negar que el escenario económico que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum es extremadamente complejo y frente a estos retos todos sentimos la necesidad de apoyar a la presidenta para que pueda hacer frente de mejor manera a esta situación.
He de ser honesta y decir que, aunque es un paso importante frenar los aranceles, me cuesta celebrar sabiendo quiénes serán las víctimas de este acuerdo. Somos un país que ha decidido actuar conforme a una política de derechos humanos, así lo dice nuestra Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por México, pero también los nuestros migran.
Entonces, si apoyamos a la presidenta con lo que ya ha pactado con EUA o con lo que está dispuesta a pactar, la pregunta es ¿a costa de qué? o ¿a costa de quienes? Lo ocurrido en el sexenio de López Obrador, pero también en sexenios anteriores nos muestra que serán las personas migrantes y solicitantes de asilo quienes terminarán pagando las consecuencias, incluyendo nuestros propios migrantes que intentan llegar hacia los Estados Unidos.
México no ha querido mejorar la seguridad, fortalecer las fiscalías para combatir el crimen organizado, ni tener mejores mecanismos para gestionar con un enfoque de derechos humanos la migración en tránsito por nuestro país. La presidenta logró una tregua porque aceptó parte de lo que Trump le exigía. La pregunta es ¿cuál es el plan que tienen para que los militares y el Instituto Nacional de Migración no violen los derechos humanos de las personas migrantes detenidas por la Guardia Nacional y las expulsadas por Estados Unidos o para dar seguimiento para que esas violaciones sean efectivamente investigadas?
¿Cómo se va a preparar México para recibir migrantes de Estados Unidos? ¿Dónde van a colocar a las personas migrantes que serán detenidas por militares? ¿Va a utilizar establecimientos militares? ¿Cómo va a organizar un control de registros de las personas detenidas y cómo se va a informar a las familias de su detención? ¿Cómo se les garantizará a los migrantes el acceso a un abogado y a comunicarse con sus familiares a fin de que no se cometan las llamadas desapariciones forzadas de corta duración? ¿Vamos a repetir el esquema violento y violatorio de derechos humanos implementado por López Obrador? La presidenta ha dicho que se van a respetar sus derechos humanos, pero ¿dónde está el plan humanitario para todas estas personas migrantes y solicitantes de asilo?
¿Cuál es la diferencia?
Alcanzar los resultados que espera EUA en un mes parece casi ilusorio cuando los problemas estructurales de seguridad y justicia han estado absolutamente abandonados por los gobiernos anteriores y cuando no hemos construido nuestra propia política migratoria que se diferencie de la política que nos está imponiendo Estados Unidos.
La embestida de Trump nos llega en un momento donde las instituciones enfrentan una debilidad extrema: sin un esquema de seguridad para combatir al crimen organizado, con fiscalías absolutamente débiles que nunca fueron depuradas, impregnadas de corrupción e incapaces de investigar la criminalidad nacional y transnacional y sin un Poder Judicial independiente o todavía peor, con un Poder Judicial “a modo” que ha sido creado para estar al servicio del partido y del Ejecutivo, lo que implicará que difícilmente las medidas judiciales que se tomen para defender a las personas migrantes, puedan tener algún éxito.
A esto hay que sumarle la gran corrupción que encierra el Instituto Nacional de Migración a quien tampoco se ha querido transformar ni investigar.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) ha señalado que “con la creación de MPP aproximadamente, 70.000 personas fueron devueltas a México sin la existencia de lineamientos, protocolos o medidas en atención a su especial situación de vulnerabilidad, necesidades especiales y derechos humanos, dejando a las personas sin acceso a derechos como a la salud, escuela para las niñas y los niños, trabajos formales, etc.”
IMUMI promovió el 4 de abril de 2019 un amparo histórico que logró ganar, en cuya sentencia, se señala entre otras cosas que “las autoridades responsables incurrieron en omisiones administrativas en relación con el ejercicio eficaz de sus atribuciones, atinentes al deber de proteger los derechos de las personas migrantes, en especial, de niñas, niños y mujeres, ante el fenómeno de la recepción de personas que están en espera de su resolución de asilo peticionada en Estados Unidos …” y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación “los lineamientos necesarios para la recepción en México de las personas extranjeras solicitantes de asilo en los Estados Unidos de América, mientras esperan la resolución de su procedimiento en aquel país, a fin de que se cuente con los elementos suficientes para que ese grupo de personas puedan estar en condiciones de ser asistidas y acompañadas”. A la fecha esto no ha sucedido.
Por su parte la Fundación para la Justicia promovió otro amparo en contra de la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos, señalando que esta no podía nacer de un acuerdo entre el excanciller Marcelo Ebrard y el Gobierno de Estados Unidos, “violaba los derechos de las personas migrantes, al permitir la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses en el territorio mexicano, que son contrarias a la Constitución y los tratados internacionales firmados por nuestro país, por su enfoque criminalizante…” y porque “[e]l Presidente de la República violó su obligación de proteger los derechos humanos de las personas y … el Senado renunció a su obligación de revisar y controlar los actos del Ejecutivo, al adoptar acuerdos con Estados Unidos sin las formalidades de un tratado internacional”.
El amparo fue turnado a la ministra Yazmín Esquivel, quien en su proyecto niega el amparo y señala que la Fundación para la Justicia no logró demostrar que los migrantes sufren violaciones en territorio mexicano, esto a pesar de toda la evidencia presentada. Tres ministros y una ministra, Loretta Ortiz, se opusieron a este proyecto y el caso fue retornado al ministro Láynez, pero el amparo aún no ha sido resuelto.
Este amparo aún tiene posibilidades de mostrar un camino respetuoso para los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo, pero con un Poder Judicial a modo, estos amparos tienen pocas posibilidades de prosperar y con ello lo que se acrecentará es el nivel de riesgo y violencia que enfrenan las personas migrantes en México, sin absolutamente ningún contrapeso. Los migrantes y solicitantes de asilo en México no estarán sólo en las manos del crimen organizado sino en las manos del ejército, en la boca del lobo, como lo dijo una migrante solicitante de asilo.
*Artículo publicado originalmente en Aristegui Noticias
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