Por Gloriana Faría*
En los últimos años, el uso de Internet y las redes sociales se ha convertido en una parte integral de la vida de los venezolanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
Esta revolución digital ha transformado la comunicación, el consumo de información, la educación y la forma en que socializan las y los jóvenes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido el acceso a Internet como un medio clave para la materialización de otros derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, y la participación.
Sin embargo, también ha generado preocupaciones significativas sobre la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes. La situación requiere una respuesta integral, más allá de las prohibiciones. Es esencial promover una colaboración activa entre el Estado, las familias y la sociedad civil para crear un entorno digital seguro.
La hiperconectividad, reforzada durante la pandemia de COVID-19, permite el acceso constante a recursos educativos y recreativos y a plataformas de socialización. A su vez, implica la exposición a riesgos como el ciberacoso, el grooming y los peligros asociados a los retos virales.
Retos virales
A finales de 2024 se reportaron casos alarmantes, como la muerte de una adolescente en Petare tras participar en un desafío en TikTok y una serie de intoxicaciones entre estudiantes en varios colegios, donde se presume se trató de un reto viral con el nombre de chroming. Los casos, registrados en varios estados del país, involucraron a más de 200 estudiantes. Tres fallecieron.
La situación llevó al gobierno a considerar medidas, como la ordenada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para solicitar a TikTok y a otras plataformas retirar videos considerados como contenido peligroso.
En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso de amparo para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia ante estos riesgos y a finales de diciembre, alegando una supuesta negligencia por parte de TikTok, se le impuso una multa de 10 millones de dólares y se le exigió abrir una oficina en nuestro territorio para continuar funcionando en Venezuela. También se ha hablado de una propuesta de ley para restringir el uso de redes sociales a niños, niñas y adolescentes.
La realidad es que en Venezuela la legislación vigente es insuficiente para abordar estos desafíos. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y la Ley de Delitos Informáticos son los principales instrumentos legales que abordan la protección de la niñez y la adolescencia en el entorno digital, pero se quedan cortos ante la complejidad de la situación actual.
A diferencia de otros países como Australia y Noruega, además de la Comisión Europea que está avanzando en la regulación del uso de redes sociales, Venezuela carece de un marco legal robusto que contemple no solo la edad de acceso, sino también restricciones horarias, privacidad y protección de datos.
Si se plantea una propuesta de ley, para su aprobación y verdadero éxito es necesario una consulta con sectores de la sociedad, expertos en la materia y, sobre todo, con los usuarios: los niños, niñas y adolescentes, quienes deben aportar su visión, opinión, propuestas y posibles soluciones sobre el tema, garantizando que las medidas implementadas no tengan una visión únicamente restrictiva ni se vuelvan una camisa de fuerza para el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a opinar y a ser escuchados.
Pero ¿es suficiente? ¿Estas acciones generarán por sí solas resultados o se requiere algo más?
La Observación General N° 25: un marco de referencia
La Observación General N° 25 del Comité de Derechos del Niño relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital fue publicada en el año 2021 y proporciona un marco valioso para abordar estos desafíos. Para su elaboración fueron consultados niños y niñas de diferentes países y contextos, quienes expresaron que las tecnologías digitales son esenciales para su vida y futuro.
Destacaron que el acceso a Internet les permite obtener información de todo el mundo, conocer aspectos importantes de su identidad y encontrar cosas que les alegran cuando están tristes. Este documento reconoce que, aunque las tecnologías digitales ofrecen oportunidades, también presentan riesgos significativos.
El Comité de los Derechos del Niño enfatiza que los Estados deben implementar medidas legislativas y educativas que promuevan un entorno digital seguro y enriquecedor. Esto incluye la creación de campañas de concienciación sobre los derechos de los niños en el entorno digital y la formación de padres y educadores en el uso responsable de las tecnologías.
Basados en la Observación General N° 25 y en nuestra experiencia sobre procesos asociados con los derechos de la niñez, se sugiere abordar esta temática desde una perspectiva integral. Esto implica incluir en la formación académica un enfoque de educomunicación que contemple el uso seguro de Internet y redes sociales, abarcando tanto a estudiantes como a docentes, para que puedan identificar y gestionar los riesgos asociados a la conectividad.
Además, uno de los actores fundamentales en esta propuesta son los padres, madres y cuidadores, quienes tienen la responsabilidad y el deber de asegurar la protección y bienestar de sus hijos. Es esencial implementar programas de formación para padres sobre el uso responsable de las redes sociales y la importancia de establecer límites, supervisar y guiar a los hijos en el uso de Internet y las redes sociales, así como estar informados acerca del uso de la tecnología y las redes.
Es importante consultar a la hora de legislar
Es fundamental que si el Estado decide avanzar hacia una legislación que regule el acceso a las redes sociales, lo haga no solo considerando la edad de acceso, sino también horarios y tipos de contenido, tomando como referencia la experiencia de otros países, para establecer políticas públicas, planes y programas efectivos y adaptados a la realidad venezolana, que cuenten con los recursos financieros y humanos necesarios para su implementación.
Asimismo, es vital crear espacios donde los niños y jóvenes puedan expresar sus preocupaciones y sugerencias sobre el uso de Internet. Su participación en la toma de decisiones garantizará que las políticas sean efectivas y alineadas con sus necesidades.
El desafío que enfrentamos en Venezuela en relación con el uso de Internet y las redes sociales es complejo y multifacético. La solución no radica en la prohibición, sino en la construcción de un entorno digital que priorice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y promueva su bienestar.
Esto requiere un enfoque colaborativo que involucre al Estado, las familias y la sociedad civil en su conjunto. La Observación General N°25 del Comité de Derechos del Niño nos brinda una hoja de ruta clara para avanzar hacia un futuro donde la niñez y la adolescencia y también los jóvenes, puedan disfrutar de los beneficios de Internet, formándolos para tomar decisiones responsables en el uso de las plataformas y garantizando el goce efectivo de sus derechos, procurando que tengan un acceso seguro y positivo a las oportunidades que el mundo digital puede ofrecer.
*Gloriana Faría es abogada, defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y Coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap. Fue Secretaria Adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) durante cinco años y llevó la Dirección del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente del Municipio Chacao entre 2007 y 2018.
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