El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela denunció este lunes 24 de febrero la muerte bajo custodia del Estado de Reinaldo Araujo, preso político venezolano que estaba detenido desde el pasado 9 de enero. Araujo fue interceptado en la ciudad de Valera, Trujillo, y privado de libertad.
Medios reionales aseguraron que Reinaldo Araujo era un conocido comerciante y que su detención se dio mientras el hombre observaba una manifestación opositora en su ciudad.
Además, se conoció que Zoraida Matute, esposa de Araujo, denunció en repetidas ocasiones que su pareja tenía problemas de salud y que, estando detenido, podrían agravarse. Matute recordó que su esposo y ella volvían de una cita médica cuando fue abordado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Mientras tanto, el partido de María Corina Machado solicitó presión de parte de la comunidad internacional ante este tipo de casos. “Deben actuar ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte”, escribió Vente Venezuela en redes sociales.
La muerte de Reinaldo Araujo se confirmó este lunes 24 de febrero, pero no hay mayores detalles sobre el hecho y las condiciones en las que falleció el comerciante venezolano.

Reinaldo Araujo, otro preso político venezolano que muere bajo custodia del Estado
Reinaldo Araujo no es la primera persona en fallecer bajo custodia del Estado venezolano. Nada más en 2024 tres personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas postelectorales. Jesús Rafael Álvarez, Osgual González Pérez y Jesús Manuel Martínez Medina fallecieron mientras estaban en prisión.
En los tres casos hubo denuncias previas sobre el estado de salud de estos detenidos y de otras personas que tuvieron complicaciones, pero que no murieron. Situación similar ocurrió con Reinaldo Araujo, a quien su esposa se encargó de defender de manera constante para que su situación recibiera atención.
Con el fallecimiento de Araujo la lista de personas que han muerto bajo custodia del Estado venezolano asciende a 21.
Distintos abogados han declarado a Efecto Cocuyo que, en casos como este, los familiares y allegados de las personas muertas bajo custodia “pueden y deben demandar al Estado” amparados en el artículo 272 de la Constitución venezolana. También han sugerido que los familiares pueden apelar al Protocolo de Minnesota para que las muertes en estas condiciones puedan ser investigadas y los responsables enjuiciados.