Tras cumplirse los tres meses de detención del político opositor Jesús Armas, la también dirigente, activista y pareja del exconcejal de Caracas, Sairam Rivas, denunció la violación de los derechos de Armas, desde el mismo momento de su aprehensión el 10 de diciembre de 2024.
«Le han violado todos y cada uno de sus derechos fundamentales. Tres meses después, aún no sabemos cuál es su defensor público que le impusieron, ni los cargos que les imputan. Como él, más de 20 presos políticos siguen en aislamiento total, sin visitas ni contacto con sus familias», escribió Rivas en la cuenta de la red social X.
Armas estuvo siete días en desaparición forzada, no le han permitido un abogado defensor privado y lo presentaron en una audiencia sin informarle a sus familiares ni equipo defensor.
«La única prueba de vida que sus familiares y seres queridos recibimos es la ropa sucia que les entregan y la lista de medicamentos y alimentos que necesitan. Exigimos la libertad inmediata de Jesús y de todos los presos políticos», detalló Rivas sobre la situación de Armas.
Nueve días después de que lo apresaran, el 19 de diciembre de 2024, Rivas dijo que lo trasladaron de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.
Gobierno ignora peticiones de la Cidh
En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó medidas cautelares de protección y exigió a las autoridades informar sobre su paradero, estatus legal y respetar sus garantías fundamentales.
Hace más de dos meses, el organismo solicitó que se respetaran los estándares internacionales de detención en este caso. Entre ellos mencionaron que «se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes».
También que «se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, así como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha o presentado ante un tribunal independiente».
Por último pidieron que «se realice inmediatamente una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria».
Ninguna de estas demandas las tomaron en cuenta las autoridades, según la denuncia que hizo Rivas este 10 de marzo.