Jan Darmovzal, un ciudadano checo de 34 años de edad, lleva siete meses detenido en el país. Fue arrestado en septiembre de 2024 por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), en el municipio San Fernando de Atabapo, estado Amazonas, donde realizaba turismo de aventura, según informan medios checos y activistas de derechos humanos.
Darmovzal, que nació el 11 de octubre de 1990, es un reservista activo del 43.º Regimiento de Paracaidistas en Chrudim, República Checa, con formación en artillería, según el medio checo Neovlivní.cz. Antes de su ingreso al ejército, vivió cinco años en Singapur, donde trabajó en una pasantía en Gateway Law Corporation y colaboró en un programa Pro Bono con la Asociación de Abogados de Singapur, según reseñó el medio checo.
Estudió Management y Estudios Deportivos en la Universidad Masaryk de Brno y luego inició estudios de derecho a distancia en la Universidad de Londres, reseña Neovlivní.
Su interés por las relaciones internacionales lo llevó a participar en un voluntariado en Cisjordania, experiencia que marcó su visión crítica sobre conflictos globales. Darmovzal regresó a la República Checa, trabajó brevemente en la administración pública y luego se alistó al ejército.
Su perfil combina habilidades legales, experiencia militar y un gusto por el turismo de aventura, lo que lo llevó a viajar a Venezuela en agosto de 2024 desde Madrid, según declararon sus familiares al diario El Español.
La detención
El 5 de septiembre de 2024, Darmovzal fue detenido por funcionarios de la Fanb en San Fernando de Atabapo, un pueblo ubicado en el estado Amazonas, mientras realizaba un viaje de turismo de aventura.
El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo acusó de ser parte de un supuesto plan para «desestabilizar» el país, vinculándolo con la CIA y mercenarios europeos.

Junto a él fueron arrestados dos españoles y un estadounidense, en medio de una operación que el gobierno venezolano calificó como antiterrorista. Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que sustenten estas acusaciones.
El gobierno checo, a través de su embajada en Bogotá, capital de Colombia, solicitó información y acceso consular, pero no ha recibido respuesta clara del gobierno de Maduro, según informó la portavoz de Exteriores, Mariana Wernerova.
Desde entonces, Darmovzal permanece desaparecido, sin que se conozca su paradero exacto ni su estado físico o jurídico.
Exigen liberación
El pasado 6 de abril de 2025, la activista venezolana Tamara Suju, directora del Instituto Casla, denunció en su cuenta de X que Darmovzal lleva siete meses en desaparición forzada.
«7 meses sin saber cuál es su estado físico, situación jurídica y su paradero. Fuerzas de seguridad se lo llevaron de Atabapo, Amazonas», señaló.
El caso también fue denunciado por organismos internacionales. El 31 de octubre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a Darmovzal, considerando que enfrenta «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable».
La resolución de la Cidh solicita al gobierno venezolano informar sobre su paradero y garantizar sus derechos, pero hasta abril de 2025 no se ha reportado cumplimiento.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU señaló el caso de Darmovzal como parte de un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela. Según un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, desde 2014 se han documentado cientos de casos similares, muchos de corta duración, como herramienta de represión.

A siete meses de su detención, el 8 de abril de 2025 marca 214 días desde que Jan Darmovzal fue visto por última vez. Su familia, especialmente su madre, ha participado en actos públicos en Praga, como un concierto de la pianista Gabriela Montero, para exigir su liberación.
Más de 60 presos extranjeros
El pasado mes de marzo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de las personas detenidas por razones de conciencia en Venezuela, reveló que 66 extranjeros permanecen detenidos como presos políticos en el país, 41 de ellos con doble nacionalidad.
En una publicación en X, la organización indicó que de los 66 extranjeros, 10 son colombianos, dos ecuatorianos, dos españoles y el resto de Alemania, Argentina, Cuba, República Checa, Italia, Guyana, Países Bajos, Perú, Ucrania y Uruguay.
Detalló que del total de detenidos con doble nacionalidad 12 son colombianos, 10 son españoles, ocho italianos, cuatro portugueses, un argentino, un húngaro y un chileno.