La abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, quien está presa desde el 9 de febrero de 2024, recibió el premio de Justicia Thulani Maseko 2025, anunció la organización internacional Human Rights Foundation (HRF) que otorga estos galardones.
San Miguel una reconocida defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano fue arrestada por la justicia venezolana en febrero de 2024 cuando se disponía a realizar un viaje fuera del país. Estuvo más de 48 horas en desaparición forzada y su proceso judicial ha estado lleno de irregularidades como la del impedimento de tener un defensor de confianza, lo que impide tener a abogados acceso a su expediente y que sólo le permiten comunicarse con su hija, a quien también detuvieron y posteriormente excarcelaron.
“San Miguel está detenida arbitrariamente y acusada de terrorismo en un proceso simulado en el que nunca se presentaron pruebas, lo que ha provocado la condena mundial y el pedido de su liberación”, señala el comunicado en el que se anunció la concesión del premio este lunes 26 de mayo.
Qué dijo HSF sobre premio a la venezolana
El Oslo Freedom House informó sobre el otorgamiento del premio en sus redes sociales. Se trata de un foro que reúne anualmente a defensores de derechos humanos en todo el mundo y cuestiona las políticas o derivas autoritarias de los gobiernos del planeta.
«Como abogada venezolana, defensora de derechos humanos y activista anticorrupción, su labor la ha convertido en blanco de acoso y persecución por parte de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro«, destacó el foro en sus redes sociales sobre la trayectoria de la jurista.
Desde noviembre de 2024 se conoció que necesita una intervención quirúrgica por una fractura en uno de sus hombros, fecha en la que activistas de DDHH demandaron asistencia médica oportuna y de especialistas de su confianza, lo que no ha ocurrido a la fecha.
El titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró el pasado 14 de febrero, un año después de la detención de San Miguel, que habían desmantelado un presunto plan que buscaba liberar a la activista. Esto, según contó en su programa radial de los viernes, ocurriría en la clínica donde iban a operarla.
Provea pidió medida humanitaria para San Miguel
Tras sus declaraciones, la ONG Provea emitió un comunicado en el que destacó que esas palabras de Cabello eran el reconocimiento oficial de la gestión de Nicolás Maduro de que la abogada necesitaba atención médica.
«Hemos denunciado que una administración penitenciaria que tardó cuatro (4) meses en diagnosticar una fractura y pasados dos (2) meses desde su diagnóstico no ha procurado restablecer su salud, obviamente, no está en capacidad de garantizar una atención médica de calidad, los cuidados postoperatorios y la necesaria rehabilitación que demanda el tratamiento de una patología de ésta naturaleza», dijeron en el texto.
En ese momento exigieron a las autoridades le concedieran una medida humanitaria a San Miguel por razones médicas, pero hasta la fecha no hay respuesta a esa solicitud.