Exigieron el traslado de los civiles presos por medidas de seguridad
Los reclusos conversaron con el general Ojeda

Exigencias escuchadas. Los 27 funcionarios militares que estaban en huelga de hambre en el Centro de Procesados y Penados Militares (Cepropemil) en Charallave, estado Miranda, levantaron la protesta tras ser escuchados por el general Luis Ojeda. 

“Me informan que la huelga de hambre se levantó ayer (22 de octubre) hay  27 militares de los cuales cuatro son presos políticos”, informó una fuente cercana al caso al equipo de Efecto Cocuyo la mañana de este miércoles 23 de octubre. 

Los presos políticos que participaron en la huelga fueron el sargento mayor de tercera Luis Bandres Figueroa, el sargento mayor de tercera Geomer Martínez Natera, el sargento segundo Edgar Díaz y el sargento segundo Evert Glock. 

“El general Luis Ojeda fue a conversar con ellos, el objetivo principal además de obtener mejoras en dicho recinto es que sean trasladados de allí los presos civiles”, informó la fuente.

La huelga

El pasado 20 de octubre, al menos 27 militares realizaron una huelga de hambre tras recibir reiteradas amenazas por parte de la población reclusa común y de los custodios de ese centro de detenciones ubicado en Charallave.

Las esposas y familiares de los reclusos presos políticos que se encuentran recluidos en este recinto fueron las que alertaron sobre la protesta mediante videos subidos a la red social X. 

En esa oportunidad las mujeres hicieron responsables a altos funcionarios militares a cargo de esa prisión de cualquier daño que puedan sufrir los detenidos. También mencionaron las malas condiciones del recinto carcelario y la falta de atención médica adecuada.

Entre las amenazas que enfrentan los militares, mencionaron la presencia de civiles privados de libertad y de alta peligrosidad que han amenazado con secuestrar a los reclusos militares para obtener beneficios que, según afirma, les fueron prometidos tras un motín ocurrido el 17 de septiembre

En Cepropemil están recluidos 27 militares, ocho funcionarios policiales y 72 civiles.