Las primeras imágenes de la activista y abogada Rocío San Miguel se difundieron este martes por la noche, luego de más de 10 meses de estar encarcelada en El Helicoide.
A través de las redes sociales se publicaron cuatro fotografías de la activista siendo examinada en lo que parece un consultorio médico cuya ubicación es desconocida. Las imágenes, según se puede observar en un cartel que sostiene la activista, fueron captadas el lunes, 9 de diciembre.
La abogada y directora de la ONG Control Ciudadano estaba en una revisión médica, pues debe ser sometida a una intervención quirúrgica en el hombro derecho. San Miguel esperaba hace cuatro meses ser atendida por la lesión que tiene.
Rocío San Miguel es una de las más de 200 mujeres presas políticas que hay en Venezuela actualmente.
La ONG Caleidoscopio Humano explicó en redes sociales que la difusión de las imágenes de Rocío San Miguel durante una revisión médica, un acto privado, es una forma de revictimizar a la activista.
«Exigimos al Estado que @rociosanmiguel tenga acceso a sus médicos de confianza. La defensora debe liberada no solo por su salud, si no por la arbitrariedad que se ha cometido. La publicación de estas imágenes le revictimiza, no se da explicación de cómo se encuentra», escribió en un tuit.
El abogado y exfiscal Zair Mundaray también condenó la publicación de las imágenes y comparó la imagen de San Miguel con las que tomaban organizaciones como las criminales como las Farc y el ELN para negociar libertades a cambio de prebendas.
«La dictadura de #MaduroEsAsedio con esta fotografía de @rociosanmiguel reconoce que se trata de una organización criminal que secuestra a personas. Manda una fe de vida con la víctima sosteniendo un letrero con la fecha. Las FARC, el ELN, entre otras organizaciones terroristas hacen esto para negociar libertades a cambio de dinero u otras prebendas. Ningún proceso penal legítimo requiere de fe de vida.
@TarekWiliamSaab responsable directo de esto», señaló.
De qué acusan a Rocío San Miguel
San Miguel, acusada por el Ministerio Público de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo en febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
El pasado julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que su institución ha documentado un incremento de «las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas».
Türk denunció entonces 38 casos de «detención arbitraria» en este sentido, y mencionó los casos concretos de San Miguel y Carlos Julio Rojas, «detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección».