María* vive en una espera agobiante desde que su hijo, de 34 años, fue encarcelado en la prisión de Tocorón -estado Aragua- el 29 de julio de 2024. Lo acusan de terrorismo e incitación al odio, supuestamente por participar en una protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el CNE, pero ella asegura que no es verdad “él solo estaba trabajando en Caracas, cuando lo detuvieron”.
Como muchas madres venezolanas que anhelan la libertad de sus hijos, María mantiene la esperanza de que su muchacho aparezca en una lista de excarcelación, ya que dentro de la cárcel, él ha intentado suicidarse, cayó enfermo y está emocionalmente destrozado.
Ante lo que le sucede, María* no se quedó de brazos cruzados y emprendió una carrera para demostrar la inocencia de su hijo ante el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, en las protestas del Comité de madres. También le ha tocado pedir al gobierno de Nicolás Maduro que lo libere.
Sin embargo, siempre recibe la misma respuesta: el proceso está en marcha, pero la libertad no llega.
“Adentro (de la cárcel) le dicen que no se preocupe, que esta semana lo soltarán. Hoy es viernes, 21 de febrero de 2025, y sigo esperando frente a una puerta que no se abre”, contó María en una llamada telefónica al equipo de Efecto Cocuyo.
Su voz resuena entre miles de testimonios que organizaciones no gubernamentales recogen para visibilizar esta realidad y exigir la liberación de los detenidos por motivos políticos. Aunque desde noviembre de 2024 ha habido excarcelaciones, aún quedan al menos 1.061 personas tras las rejas en Venezuela por oponerse a las políticas del gobierno. María, como tantas otras madres, aún sigue esperando la excarcelación de su hijo.
Un posible diálogo con Suiza
Desde el pasado 25 de enero, cuando el fiscal general Tarek William Saab, informó sobre la revisión de medidas vinculadas con las protestas postelectorales, ya no se han registrado más excarcelaciones en Venezuela, o al menos no han sido públicas.
Kelvi Zambrano, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo que se están llevando a cabo diálogos entre representantes del gobierno de Maduro y diplomáticos suizos para lograr un acuerdo que permita la liberación de más presos políticos.
“Hemos tenido información de que se están dando algunos procesos de diálogo aparentemente con representantes del cuerpo diplomático de Suiza y personas vinculadas a los procesos de negociación”, declaró Zambrano.
Una fuente cercana a los derechos humanos también informó a este medio sobre estos supuestos diálogos, aunque no se revelaron detalles concretos sobre los avances o acuerdos alcanzados.
El abogado destaca que estas conversaciones podrían ser un paso hacia la reconciliación nacional, aunque advierte que cualquier proceso de diálogo debe incluir el respeto a los derechos civiles, políticos y humanos.
“El país requiere que las partes en conflicto busquen puntos de acuerdo. Sin embargo, esto solo será posible si el gobierno libera a las personas injustamente detenidas y garantiza el respeto a los derechos humanos”, afirmó.
El director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que las excarcelaciones han sido utilizadas como una herramienta política porque liberan a personas a cambio de que se le suspendan las sanciones o se reconozca su autoridad, una práctica, conocida como “diplomacia de los rehenes”, que Zambrano compara con estrategias utilizadas por otros gobiernos autoritarios, como el de Irán.
El patrón de excarcelaciones y detenciones
Para Martha Tineo, abogada y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), una organización que defiende los derechos de las personas privadas de libertad por razones políticas, las excarcelaciones en Venezuela han sido utilizadas como una herramienta política para neutralizar la disidencia.
“El gobierno detuvo a más de 2.200 personas tras las elecciones del 28 de julio para acallar las protestas y manifestaciones. Aunque se han liberado a 1.189, aún quedan más de 600 presos políticos, incluyendo a quienes fueron detenidos antes y después de las elecciones”, explicó Tineo.
Estas detenciones, agrega, forman parte de una política de miedo. “Se detuvo a más de 2.200 personas para neutralizar cualquier movimiento social. La sociedad civil quedó atemorizada, y eso explica por qué no hemos visto más manifestaciones desde las elecciones”.
La representante del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clipve), Sairam Rivas, describe el proceso de excarcelación como la llamada “puerta giratoria”. “Mientras liberan a algunos, siguen deteniendo a otros. Esto no es una muestra de democratización, sino una estrategia para mantener el control y la represión”, señaló Rivas, que además destacó que muchas de las personas excarceladas no tienen vínculos políticos, sino que fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas.
Rivas, quien en 2014 también fue detenida por motivos políticos, mencionó que las excarcelaciones se han realizado bajo presión mediática y de los familiares de los detenidos.
“Muchas de estas personas no tenían ninguna vinculación política o social. Fueron detenidas simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”, explicó. La defensora de derechos humanos advirtió que las liberaciones no han significado una reducción de la represión.
“Apenas liberan a algunos, comienzan nuevas detenciones”, explicó.
Violaciones al debido proceso y derecho a la defensa
Uno de los aspectos más preocupantes durante este ciclo de detenciones es la violación sistemática del derecho a la defensa denunciada por organizaciones desde la detención de la activista Rocío San Miguel, quien tiene un año privada de libertad sin representación juridica privada.
“Ninguna de las personas detenidas tras las elecciones ha podido ser representada por un abogado de confianza. Les han impuesto defensores públicos que no han hecho nada para demostrar su inocencia”, denunció Tineo.
En la misma línea, Zambrano coincidió en que esta práctica deja a los detenidos en un estado de “indefensión constitucional” y afecta gravemente su posibilidad de defenderse.
Ante esta violación del debido proceso, Rivas recordó que son muchos los familiares que ni siquiera conocen a los defensores públicos asignados o los cargos imputados.
“En algunos casos, los presos políticos no aparecen en los sistemas judiciales, lo que genera una opacidad total. Esto es parte de una lógica de terrorismo de Estado”.
La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón expresó que quienes recibieron medidas sustitutivas de libertad tienen prohibición de salida del país, prohibición de dar declaraciones públicas y deben presentarse periódicamente ante los tribunales.
“Esto las mantiene en un estado de constante amenaza”, dice Tineo, quien agrega que los defensores públicos no han hecho esfuerzos por demostrar la inocencia de los acusados.
Por su parte, Zambrano recordó que esta situación deja a los detenidos en un estado de vulnerabilidad extrema.
“Sin una defensa adecuada, el riesgo de ser condenados es muy alto. Esto supone una grave violación al debido proceso”.
El abogado indicó que esta práctica podría tener consecuencias internacionales. “Desde el punto de vista internacional, es relativamente fácil argumentar que el Estado no ha permitido que estas personas agoten los recursos internos, lo que abre la puerta a acciones internacionales”.
El impacto psicológico y social de las excarcelaciones
Las excarcelaciones no han significado el fin del sufrimiento para quienes recibieron una medida sustitutiva de libertad, ya que muchos viven con el temor constante de que se revoque su medida cautelar.
“Han sido obligados a grabar videos afirmando que fueron tratados bien, aunque en realidad sufrieron tratos crueles e inhumanos”, relató Rivas, de la Comisión para la Liberación de los Presos Políticos.
No obstante, la abogada Tineo señaló que estas personas enfrentan dificultades económicas extremas, ya que en muchos de los casos deben viajar periódicamente a Caracas para presentarse ante los tribunales, lo que implica gastos que muchas familias no pueden cubrir.
“Algunos incluso dejan de comer para poder costear estos viajes”, dijo.
Los expertos hicieron hincapié en el impacto psicológico en los excarcelados y sus familias.
“Muchos nos han narrado que el dolor no terminó con la excarcelación y siguen viviendo en un estado de terror, con la amenaza constante de ser detenidos nuevamente”, dijo Rivas.
Para el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia el miedo y la represión redujeron la participación ciudadana en el espacio público generando una fragmentación social que afecta el desarrollo pleno de las personas y que debilita la democracia.
Los familiares de los presos políticos, subraya Zambrano, son frecuentemente hostigados por los cuerpos de seguridad del Estado.
A pesar de las excarcelaciones, la crisis de derechos humanos en el país sigue siendo grave. Las tres organizaciones consultadas coinciden en que el gobierno utiliza las liberaciones como una moneda de cambio en negociaciones políticas, mientras mantiene un patrón de represión y violaciones al debido proceso.
Mientras todo esto ocurre, las familias de los presos políticos y excarcelados continúan exigiendo justicia y el cese de las arbitrariedades, pero en un contexto de opacidad y represión, sus voces enfrentan grandes obstáculos para ser escuchadas.