En septiembre de 2023, un despliegue masivo de 11 mil funcionarios rodeó el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, una prisión en Venezuela que con los años se transformó en un cuartel criminal. El objetivo era desmantelar la base de operaciones principal del Tren de Aragua (TdA), la megabanda más poderosa del país, que durante casi una década había ejercido un control absoluto sobre ese recinto penitenciario.
Tocorón no era solo una cárcel, sino el epicentro de una organización que, nacida entre los escombros de un proyecto ferroviario abandonado, extendió sus redes más allá de las fronteras del país.
A pesar de las numerosas denuncias e investigaciones que documentaban los crímenes del Tren de Aragua, que van desde la extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos, el gobierno venezolano tardó en actuar con contundencia. Los primeros reportes de actos violentos atribuidos a esta megabanda fuera de Venezuela se registraron en Perú y Colombia, en 2018; pero no fue hasta cinco años después, que ocho países de América Latina fueron denunciando progresivamente la presencia de este grupo en sus territorios, cuando el gobierno comenzó el operativo para eliminar su base de operaciones.
Lo que comenzó como una banda local se transformó en una amenaza trasnacional, aprovechando la vulnerabilidad de las rutas migratorias en la región, donde sus principales víctimas son los migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria que ha expulsado a casi 8 millones de personas del país.
La expansión de este grupo criminal resonó en la principal potencia mundial. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, incorporó al Tren de Aragua en su discurso político y lo comparó con grupos terroristas como Al Qaeda.
Durante su campaña, Trump prometió acabar con la presencia del Tren de Aragua en ese país, y para lograr ese objetivo, dos meses después de llegar al poder, resucitó una ley de 1798 para facilitar la deportación masiva de venezolanos. Las recientes decisiones demuestran que para Trump, el Tren de Aragua no es solo un problema criminal, sino una narrativa que alimenta su agenda migratoria.
En este contexto de expansión, narrativas y violencia transnacional, expertos como el criminólogo venezolano Keymer Ávila, coordinador de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), investigador del Instituto de Ciencias Penales de esa casa de estudios superiores y director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (Muflven), sostuvo una entrevista con Efecto Cocuyo para analizar el fenómeno del Tren de Aragua desde una perspectiva académica y práctica, tras las políticas impuestas por Estados Unidos y la vinculación de muchos migrantes venezolanos con este grupo criminal, incluidos quienes fueron deportados a una cárcel de máxima seguridad para terroristas, a pesar de no ser sometidos a debidos procesos.
El Tren de Aragua: El origen
Para entender la complejidad operativa del Tren de Aragua, Ávila se remonta a la historia de la creación de esta banda criminal. El académico es enfático al señalar que sí existe, pese a la narrativa oficial en Venezuela, y es uno de los grupos delictivos más grandes del país que nació en el estado Aragua y tiene su origen en los sindicatos que trabajaban en un proyecto ferroviario que no se terminó.
“Como sucede en otros países vecinos, la banda tenía su base de operaciones en la cárcel. Desde allí coordinaba con distintos grupos delictivos y logró expandirse al menos a 11 estados del país”, indicó.
Entre los estados donde la banda, precisa Ávila, prefirió ampliar su presencia fue en fronterizos, costeros y mineros, lo que les permitió tener participación en una gran diversidad de mercados ilícitos, entre ellos las rutas de migrantes y el tráfico de personas.
“Es importante resaltar que las principales víctimas del TdA son los migrantes venezolanos”, enfatizó.
Narrativas sobre el Tren de Aragua
Una de las narrativas que más ha calado, que utilizan Trump y su gabinete, es que la presunta presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos representa un peligro de invasión y terrorismo en la potencia más importante del mundo. Ese fue el motivo que utilizó para incluir a esta megabanda criminal en la lista de grupos terroristas y para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una regla que solo se aplica en tiempos de guerra, y que ese país ha invocado solo en tres oportunidades, durante las dos guerras mundiales y una guerra de 1812.
Ante estas decisiones, Ávila señala que primero es importante repasar algunos conceptos, porque el terrorismo es la aplicación sistemática del terror, usualmente implementado con fines políticos y no es un monopolio de organizaciones terroristas, porque el terrorisno también lo aplican los Estados: “Es lo que se conoce como terrorismo de Estado. Los estados terroristas son los que más utilizan la categoría de terrorismo como un concepto cajón de sastre”, dice.
Para explicar qué es un «cajón de sastre», el académico lo describe como un recipiente vacío que los Estados usan a conveniencia, llenándolo con lo que necesiten en cada momento. Sirve para señalar chivos expiatorios o fabricar enemigos —reales o inventados— como los judíos, comunistas, homosexuales, migrantes, extranjeros, disidentes o pobres. Según Ávila, estos grupos, junto con otras minorías o personas incómodas para el poder, son etiquetados de formas distintas para unir a la sociedad en su contra y avivar el nacionalismo cuando las circunstancias lo requieren.
“Los delincuentes inicialmente no tienen objetivos políticos, ni buscan subvertir un sistema. Cometen delitos que están consagrados en la legislación, en ese caso deben ser procesados según la ley por un tribunal, perteneciente a un poder autónomo e independiente del poder ejecutivo”, agrega.
Keymer Ávila también pone el foco en cómo tres países manejan las narrativas sobre el Tren de Aragua. Primero está Estados Unidos, la potencia mundial cuyo presidente llegó al poder prometiendo expulsar a miles de migrantes. En el medio aparece El Salvador, que Ávila describe como un estado autoritario obsesionado con el populismo punitivo: “Quieren convertir la violación de derechos humanos en un negocio y transformar su país en una especie de colonia penitenciaria”, explica.
Luego está Venezuela, un Estado que Ávila califica de represivo y autoritario, responsable de hundir al país en una pobreza extrema y de empujar a sus ciudadanos a emigrar sin parar. “Estos tres gobiernos, de una u otra forma, han sido señalados por dar pasos hacia autogolpes”, apunta.
“Finalmente, está una ley que representa más de 200 años de atraso cuya principal categoría es la de ‘enemigo‘, que no es una categoría jurídica, sino bélica; es decir, no se trata de ciudadanos, sino de sujetos sin derechos, con los que se puede hacer cualquier cosa. Así de grave es el escenario en el que nos encontramos”, dijo.
¿Realmente es una amenaza ?
Tras las narrativas impulsadas desde distintos gobiernos y el impacto que verdaderamente tiene el Tren de Aragua, la verdadera pregunta que se hacen muchas personas es si en realidad una megabanda como el TdA pudiera representar una amenaza terrorista o de invasión a los Estados Unidos.
Ávila explica que, aunque en Venezuela hay bandas delictivas con niveles importantes de organización, expansión y poder de fuego, difícilmente llegan a los niveles de sofisticación, experiencia, extensión, redes, recursos y poder de los carteles colombianos, brasileros y mexicanos, estos últimos también incluidos en la lista de terroristas y que tienen presencia en Estados Unidos.
No descarta que los carteles mexicanos, colombianos y brasileños podrían estar contratando a miembros del TdA en relaciones de subordinación.
“Presentar un relato en el cual los grupos delictivos venezolanos van a disputarle poder a estos en su propio territorio es una historia que de pronto puede generar muchos clics en una web, así como muchos tweets. Puede ser un producto que te puede dar rating por un tiempo, pero en la realidad es difícil de sostener”, dijo.
El académico sostiene que actualmente se está dando un fenómeno de reclutamiento de migrantes venezolanos por parte de grupos delictivos, para los trabajos más infames al menor costo.
«Luego, cualquier venezolano que cometa un delito, o se encuentre en riesgo de exclusión, es etiquetado como miembro del TdA. Por ello, lo importante es diseñar políticas de inclusión para ofrecerles a estas personas opciones de vida en el mundo lícito, para que sus principales opciones no sean la exclusión, la persecución, la estigmatización, las bandas delictivas, los mercados ilegales y la muerte”.
No hay evidencia sostenible sobre un gran alcance del TdA en Estados Unidos
El alcance del Tren de Aragua en Estados Unidos ha generado un debate sobre si es posible que esta megabanda tenga tanto poder como para que obligara a Trump a invocar una ley del siglo XVIII.
Según reportes del New York Times, la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos ha sido vinculada a crímenes como tráfico de personas, drogas y armas en estados como Nueva York, Texas, Florida y Colorado.
En Nueva York, por ejemplo, el Departamento de Policía ha reportado desde 2022 actividades como robos, tiroteos y prostitución forzada, mientras que en Texas se han documentado arrestos en El Paso y un asesinato en Houston atribuido a miembros confirmados. Sin embargo, un informe de inteligencia estadounidense del 26 de febrero de 2025, citado por el Times, concluye que el Tren de Aragua no opera bajo control del gobierno venezolano ni tiene la estructura para ser una amenaza coordinada a gran escala en EE. UU., como lo afirma la Casa Blanca.
A pesar de las detenciones y la atención mediática, expertos y fuentes consultadas por The New York Times sugieren que la magnitud de la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos podría estar exagerada.
En Colorado, casos como el de Aurora han ganado notoriedad tras videos virales de supuestos miembros armados, pero la policía local ha negado que el grupo controle áreas significativas. En estados como California y Georgia también se han reportado incidentes aislados, pero no hay evidencia de una red interconectada o de órdenes directas desde Venezuela, según el Times.
El periódico señala que, aunque el grupo explota a migrantes venezolanos y comete crímenes violentos, su reputación parece haber crecido más rápido que su capacidad operativa real en EE. UU., alimentada en parte por el discurso político de Trump, quien lo ha comparado con organizaciones terroristas para justificar políticas migratorias duras.
En este contexto, Ávila añade que desconoce algún estudio académico importante que pueda hablar sobre la verdadera presencia del TdA en Estados Unidos, más allá de iniciativas periodísticas.
“Han logrado expandirse a través de rutas migratorias a otros países, dos casos comprobados judicialmente se dieron en países con escasos índices de delincuencia violenta, y posiblemente por eso destacaron: Perú y Chile. Este último el más evidente con el escandaloso asesinato de Ronald Ojeda. Este caso es muy importante porque se tiene una investigación judicial, en el marco de un proceso legal, es decir, se tiene evidencia oficial y probada de un caso concreto. Claro está, esto a su vez ha dado pie a diversos discursos xenófobos que trae réditos para los políticos locales. Y esto es la clásica fórmula de creación de la agenda setting y cómo se definen las políticas públicas de seguridad ciudadana en determinadas coyunturas, especialmente a partir de casos que conmocionan a la opinión pública”, explica.
A partir de este tipo de casos emblemáticos, dice Ávila, se construye una agenda mediática y política que no siempre es congruente con la realidad, ni obedece a las necesidades públicas ni de la gente común, sino a la de quienes tienen el poder de definición de los temas de esa agenda.
“En esta agenda securitaria es fundamental la figura del chivo expiatorio, en momentos de crisis el sacrificio de determinados sectores sociales, usualmente los parias, los nadies, chicos y personas en situación de calle, jóvenes pobres, adictos o migrantes, son los candidatos para estos espectáculos. Se escoge a estos sectores como el enemigo público, sobre el cual concentrar todos los males sociales, así se desvía la atención de problemas más estructurales y más difíciles de resolver”, indica.
Se instrumentaliza la diáspora para cumplir promesas electorales
El coordinador de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la UCV menciona que en este caso se instrumentaliza a la diáspora venezolana para desviar la atención de problemas internos o simplemente cumplir con promesas electorales.
“No hay que perder de vista que cuando se aceptan excepciones para determinado tipo de personas se están haciendo también excepciones para todos. Los derechos son para todos o no serán para nadie. No hay procedimiento legal, ni judicial, que compruebe que estas personas son miembros de grupos delictivos, y aún en ese caso lo que procede es su enjuiciamiento, no su deportación ni destierro. Es claramente un retroceso de más de doscientos años en materia de derechos humanos y libertades. ¿Qué delitos cometieron estas personas? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Tuvieron algún tipo de defensa? ¿Realmente pertenecen al TdA? Esto viola derechos básicos fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa”, agrega.
Ávila también explica que estas prácticas son parecidas a las que hizo Venezuela con las matanzas masivas de las OLP o la FAES o las detenciones masivas post electorales del 28J.
“Lo que hace Trump ahora con estas deportaciones masivas es una versión internacional –imperial si se quiere- de este tipo de abusos”.
El experto explica que estos gobiernos ven a los pobres y excluidos como objetos, mercancías y fichas de cambio y que el foco de discusión no es solamente un grupo delictivo real o sobredimensionado, porque hay actores gubernamentales, intereses geopolíticos, y propaganda oficial proveniente de gobiernos sin ninguna credibilidad.
Agrega que los principales beneficiarios de este tipo de discursos son en primer lugar los políticos que los promueven, porque dan la sensación que tienen la receta mágica y sencilla para un problema complejo, y los grupos delictivos autóctonos, que logran zafarse del ojo público y tienen a quién achacarle sus responsabilidades mientras siguen con sus actividades delictivas de manera más desapercibida.
“Las consecuencias para la gente común son nefastas porque no tienen ningún tipo de protección ante el poder estatal que opera sin límites, ya sea en EEUU, El Salvador o Venezuela”, concluye.