Los derechos humanos en Venezuela no mejoraron durante 2024. Todo lo contrario. Miles de detenciones por motivos políticos, represión, nuevos exiliados, reducción del espacio cívico y persecución a activistas por los derechos humanos hacen que Nicolás Maduro repruebe esta asignatura, año tras año, durante su gobierno.
Los principales entes internacionales, encargados de velar por los derechos humanos, han criticado duramente al gobierno de Maduro durante 2024. Los comentarios han llegado desde la ONU hasta la Corte Penal Internacional, pasando por la exigencia de distintas ONG y hasta de políticos que eran cercanos al propio Maduro.
En febrero de este año, las autoridades venezolanas expulsaron del país a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. La medida fue, quizá, premonitoria de todo lo que ocurriría en el año. Sin embargo, el pasado martes 3 de diciembre se confirmó que los funcionarios de dicha oficina volverían a trabajar en Venezuela, algo que se consumó este lunes 9 cuando retomaron actividades parciales.
La lista de presos políticos en Venezuela, confirmada por la ONG Foro Penal el pasado lunes 2 de diciembre, suma un total de 1.905 personas. Entre ellas 42 adolescentes, 163 militares y 245 mujeres.
A pesar de que se han dado algunas excarcelaciones, el reclamo de los activistas y de la propia CPI es que se liberen a todas las personas que están detenidas por motivos políticos.
En perspectiva, para 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó que Cuba, Venezuela y Nicaragua sumaban 1.467 presos políticos. En aquel entonces, el gobierno cubano acumulaba la mayor cantidad: 1.034 personas detenidas para noviembre de ese año.
Antes de las elecciones el panorama de derechos humanos en Venezuela no era alentador
Hubo un antes y después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, pero la represión ya era alta previo a los comicios presidenciales. Desde el mes de enero las autoridades criollas empezaron a detener a activistas políticos, especialmente a los más cercanos a María Corina Machado.
En febrero se dio la detención de la abogada Rocío San Miguel. Fue arrestada el 9 de ese mes en el aeropuerto de Maiquetía. Este pudo ser el arresto que terminó de encender las pocas alarmas que no estuvieran encendidas ya.
Con la detención de San Miguel llegó la exigencia de por parte de gobiernos de otros países y de la propia Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU. Esto derivó en la expulsión de estos funcionarios de territorio venezolano.
En marzo se conocieron las órdenes de captura contra el anillo más cercano a María Corina Machado, incluyendo a figuras como Magalli Meda, Claudia Macero y Pedro Uchurrurtu. Estos tomaron la decisión de asilarse en la residencia de la embajada de Argentina donde, junto a otras tres personas, todavía esperan los salvoconductos que debería emitir el gobierno venezolano. Estos tuvieron mejor suerte que Henry Alviarez y Dignora Fernández, quienes fueron arrestados el 20 de marzo y permanecen bajo custodia del Sebin en El Helicoide.
En abril fue detenido el activista político y periodista Carlos Julio Rojas. Él estaba colaborando con Vente Venezuela y María Corina Machado como dirigente vecinal de La Candelaria y zonas aledañas al centro de Caracas.
Así se llegó a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU, un total de 48 personas fueron detenidas previo a los comicios. Todas bajo el argumento de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Después de las elecciones, la represión aplastó a la esperanza
Después de que el CNE emitiera los resultados en los que le daba la victoria a Nicolás Maduro, decenas de miles de personas salieron a protestar en todos los rincones de Venezuela. Había descontento y tristeza ese 29 de julio.
La oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, esperaba poder encausar esa energía. Pero la ilusión duró poco. La respuesta represiva por parte de las autoridades venezolanas fue brutal. Más de 2000 detenidos en el plazo de cinco días, la mayoría hombres y mujeres jóvenes de sectores populares.
También se contabilizaron un total de 28 muertes relacionadas con las protestas postelectorales. Las detenciones de políticos prominentes, como Freddy Superlano, vinieron acompañadas de un despliegue policial y militar en las ciudades y pueblos venezolanos.
«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, en la publicación del informe que estudió los derechos humanos en Venezuela entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.
“Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”, agregó Valiñas.
A pesar de las críticas, el chavismo decidió aprobar una ley contra las ONG que es, en opinión de expertos en materia legal, meramente punitiva.
Mensajes de la ONU y la CPI al gobierno de Nicolás Maduro
El pasado 11 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio la autorización a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela a seguir monitoreando la situación venezolana por dos años más. Esta decisión fue bien recibida por las ONG encargadas de velar por los derechos humanos.
“Damos la bienvenida a la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos y el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por otros dos años. En medio de la implacable crisis de derechos humanos que sufre el pueblo de Venezuela, la decisión adoptada hoy por el Consejo de Derechos Humanos ayuda a volver a poner la atención del mundo sobre el sufrimiento de las víctimas y su legítima lucha por la justicia.”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El 15 de octubre, apenas cuatro días después de lograr su renovación, la misión de la ONU publicó un duro informe en el que asegura que hay motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” en el contexto de las elecciones del 28 de julio.
Mes y medio después, el dos de diciembre, el fiscal de la CPI, Karim Khan, fue enfático al decirle a Nicolás Maduro que “el camino de la complementariedad se está acabando”. Además, Khan afirmó que “los menores (de edad apresados) deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”.
Mientras los entes internacionales alzan su voz sobre Venezuela cada cierto tiempo, en el país siguen detenidas casi 2.000 personas por motivos políticos y cada vez más presentan problemas de salud física y mental. El 2025 luce menos alentador en el apartado de los derechos humanos para Venezuela.