La reciente citación de Óscar Murillo, coordinador general de Provea, a rendir cuentas ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) encendió las alarmas entre los activistas por los DDHH en Venezuela. A pesar de que Murillo pudo entrar y salir, este tipo de acciones buscan generar miedo y tensión en la sociedad civil venezolana, o al menos eso opinan activistas por los derechos humanos de varias ONG venezolanas.
Aunque previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio ya estaba reducido el espacio cívico en Venezuela, las amenazas se volvieron más graves cuando Diosdado Cabello fue nombrado como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Cabello, de corte más radical, no tardó en imponer su retórica al mando de la cartera ministerial que rige a todas las insituciones policiales y de seguridad en Venezuela, con excepción de los militares.
“Es una incógnita hasta dónde pudiera llegar la fase represiva bajo el ministerio de Cabello, pero es cierto que él ha liderizado la persecución contra la sociedad civil. Me parece que es un error de diagnóstico pensar que todo sigue igual a cómo estaba antes del 28-J. El 10 de enero será un hito negativo para la historia del país”, explicó Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz en Venezuela.
¿Cómo se traduce una citación a una ONG?
La citación al coordinador general de Provea fue en calidad de testigo por el caso de Edwin Santos. Mientras las ONG y dirigentes políticos se apoyan en versiones de testigos para decir que Santos fue secuestrado, el parte oficial de las autoridades venezolana es que el dirigente murió en un accidente de tránsito.
“La citación del cuerpo de investigaciones es una acción más en el marco del esfuerzo por parte de la cúpula que gobierna de obstaculizar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y particularmente de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Pretende además producir temor de tal manera que las organizaciones no sigamos acompañando a víctimas de violaciones de derechos humanos”, explicó Marino Alvarado, abogado y activista por los derechos humanos.
Sin embargo, Alvarado aseguró que las ONG se mantendrán haciendo su trabajo de acompañamiento a las víctimas.
“El gobierno no puede pretender que, sin mayor explicación, el pueblo venezolano adopte la versión oficial. Nuestro papel fue difundir una denuncia que no llegó, la cual se nos solicitó difundir porque para ese momento la persona se encontraba desaparecida y se le explicó al organismo policial cuál es nuestro protocolo cuando nosotros recibimos una denuncia”, agregó Alvarado.
El hostigamiento a los activistas pica y se extiende
Desde principios de año, y sin importar que gran parte del mundo estaba pendiente de lo que ocurriera en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales, las autoridades criollas se enfrascaron en un constante hostigamiento hacia activistas por los derechos humanos, líderes locales y dirigentes políticos. Esto se tradujo en detenciones, autocensura y hasta en exilio.
“El efecto es evitar que se hagan denuncias públicas, abiertas y claras donde se le exija al Estado cumplir su rol que es la garantía y la protección de los derechos humanos en el país”, indicó Marysabel Rodríguez, coordinadora del programa de Observatorio Social de Espacio Público.
Rodríguez asegura que la idea de este tipo de hostigamiento es que el Estado no sea interpelado por la gente y por la sociedad civil. Sin embargo, esto no ha ocurrido, en gran parte, debido al compromiso de los activistas con las personas.
“Por primera vez desde el año 1958, una persona va a juramentarse como presidente luego de un fraude a la soberanía popular, por lo que las autoridades van a reforzar la coerción y el uso de la fuerza, ante la ausencia de apoyo de la sociedad”, agregó Rafael Uzcátegui.
¿Qué se espera para 2025 en Venezuela?
El nombramiento de Diosdado Cabello como ministro de Interior, Justicia y Paz llegó el pasado 27 de agosto. Luego de que Nicolás Maduro tuviera que enfrentar el hecho de que cientos de miles de personas en todo el país salieron a las calles para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales. La respuesta de Maduro fue nombrar a uno de los políticos más radicales dentro del ala gobernante como encargado de la seguridad y vigilancia en Venezuela.
“El mayor riesgo es que ya no estamos ante una lógica de hostigamiento desde el discurso público, sino que ahora eso se concreta en una figura ministerial, es decir, en un poder ejecutivo concreto. Entonces, la capacidad de hacer daño es mucho mayor hacia sectores de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, activistas políticos de oposición y medios de comunicación independientes”, indicó Marysabel Rodríguez a Efecto Cocuyo.
Para Rafael Uzcátegui, el nombramiento de Diosdado Cabello se da en un momento en el que parte del propio partido gobernante desconfía de Nicolás Maduro.
“Nicolás Maduro ha perdido autoridad a lo interno del Psuv. Entonces, su gobierno se está transformando en una coalición gubernamental, inestable y en tensión permamente, donde Diosdado Cabello ha ganado influencia debido a que promovió toda la operación que le permitió al Psuv mantenerse en el poder frente a la estrategia fallida de los Rodríguez-Maduro”, analizó Uzcátegui.
“Estamos en presencia del aumento del uso del sistema judicial para la persecución de la disidencia y la violación de derechos, que nos avisora que a partir del 10 de enero de 2025, el país entra en una etapa mucho más regresiva y antidemocrática”, sentenció el directorio de Laboratorio de Paz.