El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) solicitó nuevamente la excarcelación para los nueve comunicadores sociales y trabajadores de la prensa que siguen detenidos por causas políticas. Con una misa efectuada en la sede del CNP en Caracas, el gremio exigió que estas personas deben gozar de libertad plena.
«Ya fueron excarcelados seis colegas, todos con medidas cautelares. Pero siguen detenidos arbitrariamente nueve comunicadores», indicó el secretario general del CNP Seccional Caracas, Édgar Cárdenas.
Cárdenas indicó que siguen tras las rejas los colegas Biagio Pilieri, Víctor Ugas, Fernando Chuecos, José Gregorio Camero, Roland Carreño, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González y Ramón Centeno.
Cárdenas llamó la atención sobre el caso de Ugas, que se mantiene detenido por una discusión con un tiktoker identificado con el chavismo y por la cual se le quiere aplicar al periodista una condena de hasta 30 años de prisión.
CNP llama a rechazar Ley Simón Bolívar
Respecto a la nueva ley Simón Bolívar, el dirigente gremial instó a rechazarla, pues se ha convertido en otro instrumento para la censura.
«Es un instrumento que avanza para controlar la información, censurarla y silenciarla. Para el gremio periodístico es alarmante porque es un paso más de violación a periodistas y medios», dijo.
Organizaciones defensoras de los derechos de la libertad de prensa y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportaron recientemente las excarcelaciones de Gilberto Reina, Deisy Peña, Ana Carolina Guaita, Yousner Alvarado y Paúl León, a quienes detuvieron en el contexto de las protestas poselectorales tras los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó la victoria de Nicolás Maduro.
Condena de la RELE y la Cidh
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) rechazaron este 26 de diciembre la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra los y las trabajadoras de la prensa en Venezuela.
Condenaron la detención de periodistas por el ejercicio de sus labores y denunciaron la violación al debido proceso. A la mayoría de los encarcelados y los que recibieron medidas cautelares sustitutivas de libertad los imputaron por delitos como traición a la patria, terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública.
Ya en la cárcel les negaron visitas de sus familiares, la asistencia técnica de abogados privados, con lo que se conculcaron sus derechos constitucionales.