La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes 7 de enero un nuevo informe titulado «Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral», en el que destaca la estrategia represiva del Gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.
Este documento, publicado el 7 de enero de 2025, analiza los eventos previos, durante y posteriores a las elecciones del 28 de julio del año pasado, ofreciendo una mirada crítica sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Claves del informe de la Cidh
- Represión política: La CIDH señala que durante el período preelectoral, el Estado venezolano utilizó diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia para obstaculizar la participación política de la oposición. Se documentaron detenciones arbitrarias de opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales, así como la intimidación y la inhabilitación de dirigentes opositores.
- Falta de transparencia electoral: El informe critica la falta de transparencia en el proceso electoral, incluyendo la negativa a publicar actas de votación y a permitir una auditoría electoral independiente. Estas acciones, según la CIDH, se enmarcan en una estrategia para impedir una contienda libre, justa, competitiva y transparente.
- Violencia y terror: Se destaca el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las autoridades para reprimir manifestaciones, lo que ha resultado en numerosas muertes, detenciones arbitrarias y torturas. La CIDH describe estos actos como parte de una táctica para sembrar terror entre la ciudadanía y desalentar la participación política.
- Represión selectiva: Aunque se observa una disminución en la represión masiva de manifestantes en las calles, el informe menciona un aumento en la persecución selectiva, incluyendo vigilancia, acoso y criminalización de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
- Llamado a la comunidad internacional: La CIDH insta a la comunidad internacional a mantenerse vigilante frente a posibles escaladas represivas y a activar canales diplomáticos e institucionales para apoyar el retorno de la democracia en Venezuela. También pide al régimen de Maduro que cese la persecución política, libere a los detenidos arbitrariamente y restablezca el orden constitucional.
La publicación de este informe ha generado reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela, con organizaciones de derechos humanos y líderes opositores respaldando las conclusiones de la CIDH y exigiendo acciones concretas para revertir la situación.
El documento de la CIDH no solo pone de relieve la gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela, sino que también subraya la urgente necesidad de reformas democráticas y el respeto a las libertades fundamentales.
También el informe destacó que como parte de la “Operación Tun Tun” se registraron al menos 25 muertos, “más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos”.
La Comisión, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), también señaló los múltiples allanamientos sin orden judicial, y detenciones masivas de ciudadanos, “además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes”.
Llamado a la comunidad internacional
La comisionada Gloria de Mees, en su calidad de Relatora para Venezuela, explicó que la situación del país es un llamado a la reflexión para el resto del continente.
Y que el organismo “continuará alertando a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y utilizará todos sus mecanismos de protección para asistir a quienes lo necesiten”.
La funcionaria aseguró que durante 65 años, la instancia, con sede en Washington, ha jugado un papel clave para ayudar a algunos países de la región “a superar las dictaduras, golpes militares y graves violaciones a los derechos humanos”, por lo que la situación de Venezuela no es una excepción para la CIDH.
El informe presentado este martes surgió a petición -según consignó la CIDH en el resumen ejecutivo del documento- de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que tienen su atención puesta en Venezuela, dada la magnitud de los hechos.
Mencionó también que la fiabilidad de los datos consignados en el documento han sido obtenidos de fuentes primarias, con testimonios recibidos a través del Mecanismo Especial para Seguimiento de Venezuela (MESEVE) que reúne peticiones y medidas cautelares y provisionales dictadas por la Comisión.