El semiárido larense es una región ubicada en el estado Lara, distinguida por una vegetación xerófila que incluye especies adaptadas a condiciones de sequía. Sin embargo, como advierten organizaciones ambientalistas, esta zona está amenazada por actividades humanas como la deforestación y la extracción de carbón.
En esta nota, en alianza con Noticias Sin Filtro, revisamos qué está pasando en el semiárido larense y qué consecuencias trae la pérdida de sus especies.
🌵Biodiversidad en riesgo
La región del semiárido larense posee flora y fauna únicas en el país, que incluye los cardonales y árboles como vera y cují. Pero la extracción de madera para la producción de carbón está reduciendo de forma alarmante la superficie. Iniciativas locales como Cotoperiz estiman que el bosque xerófilo se ha reducido hasta 38 %.
En diciembre de 2023, el Movimiento Ambientalista Cerro Saroche envió una carta abierta al Fiscal General, Tarek William Saab, para denunciar la continua deforestación del bosque seco en las parroquias Aguedo Felipe Alvarado, en el municipio Iribarren; Castañeda, Espinoza de los Monteros, Chiquinquirá, Reyes Vargas, Camacaro y Altagracia, en el municipio Torres. Todas ubicadas en el semiárido larense, que ocupa más del 40 % del estado Lara.
“Se calcula que la deforestación del bosque seco alcanza a 70 % en la parroquia Reyes Vargas y 60 % en la parroquia Camacaro. En los sectores El Cardonalito y San Félix, de la parroquia Altagracia, también ha ocurrido la deforestación de cujíes”, denuncian en la misiva.
Para 2024, nuevamente, las comunidades del semiárido pidieron a las autoridades “que cumplan con sus obligaciones y frenar la destrucción de los bosques del semiárido larense”. Pero ninguna de las peticiones ha sido atendida.
⚠️ Se acelera la desertificación
De acuerdo con el más reciente informe de la organización Clima21 “El clamor de los pueblos con sed. Situación de los derechos humanos ambientales en el semiárido larense”, dos grandes situaciones están potenciando la desertificación en esta región:
- La deforestación generada por la extracción de madera para la producción de carbón, cocuy y artesanías.
- Los impactos de la extracción de sílice sobre los cuerpos de agua.
Los más afectados por la desertificación, señala Clima21, son las comunidades locales, ya que experimentan la falta de agua y alimentos, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra.
Esta situación, exponen, puede promover el aumento de la pobreza y la migración de la población, como ha sucedido en algunas comunidades de la Sierra de Perijá, en el Zulia, donde ciudadanos de los pueblos indígenas Yukpa y Wayúu han tenido que desplazarse hacia otras zonas del estado tras la pérdida de territorios por la explotación de carbón en las cuencas de los ríos Socuy, Yaza y Guasare.
Asimismo, datos de Global Forest Watch revelan que más de la mitad (57 %) de la pérdida de los bosques en el país por deforestación se concentró en cinco estados venezolanos durante el período de 2001 a 2023: Bolívar, Zulia, Monagas, Amazonas y Anzoátegui.
🌡️¿Cuáles son las consecuencias?
- La pérdida de la cobertura vegetal en zonas áridas y semiáridas incrementa la susceptibilidad del suelo a la erosión y la degradación. Esto incide, por ejemplo, en la calidad de los cultivos o que los suelos tengan menor capacidad de retención de agua, agravando las inundaciones
- Modificación de microclima local, al incrementarse las temperaturas y reducirse el suelo. También, la extracción del carbón puede generar una mala calidad del aire, con impactos en la salud como dificultad para respirar, deshidratación y agotamiento.
- Aumenta la vulnerabilidad a desastres naturales causados por eventos meteorológicos extremos, como lluvias e inundaciones
- Además de provocar una disminución de la biodiversidad, reduce la disponibilidad de recursos naturales esenciales (como el agua segura) para la supervivencia de las comunidades humanas
Desde 2018, organizaciones como el Observatorio de Ecología Política, la Sociedad Venezolana de Ecología y Clima21 han llamado al Estado venezolano a adherirse al “Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Este tratado contempla la obligación de las autoridades a brindar información transparente a los ciudadanos sobre cualquier situación ambiental que soliciten. Sin embargo, Venezuela no ha firmado este acuerdo, lo que impulsa la opacidad ante temas ambientales como el número real de derrames petroleros en cuerpos de agua, afectaciones derivadas del Arco Minero del Orinoco o deforestación en el semiárido larense.