Los Llanos-. Cuatro mujeres han sido víctimas de femicidio en Portuguesa en lo que va de 2026, según el monitoreo de medios de comunicación y organizaciones civiles. Tres de las víctimas tenían menos de 35 años. El caso más reciente es el de Lisbeth Elena Briceño Linares, de 49 años, reportada como desaparecida el pasado 4 de agosto en Guanarito.
El 22 de agosto, funcionarios localizaron restos humanos en el río Guanare, durante un operativo en el sector Falconero, y los trasladaron a Caracas para su análisis por la Unidad de Antropología Forense. Este jueves se confirmó, mediante estudios de identificación y ADN, que corresponden a Lisbeth Elena.
Por este caso permanece detenida la pareja de la mujer, quien tenía una orden de captura emitida por un tribunal de Portuguesa. El hombre quedó identificado como Juan de Jesús León, a quien capturaron el sábado 29 de agosto, en el sector Las Uñas, municipio Arismendi del estado Barinas. Actuaron funcionarios de la Séptima Compañía del Destacamento 331 de la GN.
Días antes, el 23 de agosto, Deilymar Carolina Gil Aguilar, de 29 años, fue asesinada en el sector El Filito, del caserío Barro Negro, municipio Monseñor José Vicente de Unda. Su pareja, José Antonio Cabriza Piña, de 26 años, fue detenido. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por estrangulamiento.
Las víctimas de julio son Brithanny Alexandra Zarismar Velásquez Zárate, de 20 años, localizada enterrada en una vivienda de Acarigua, y Francia Maholy Pérez Mendoza, de 35 años, quien murió tras ser atacada a tiros en su vivienda en Guanare. También son casos investigados como femicidios la expresión más extrema de una violencia que, según organizaciones de mujeres y testimonios recogidos en las comunidades de la región, permanece oculta en muchos hogares.
Entre cinco y siete denuncias cada semana
Datos obtenidos mediante monitoreo de medios y fuentes consultadas de manera extraoficial por El Pitazo indican que la Policía del estado Portuguesa recibe semanalmente entre cinco y siete denuncias por violencia de género. La mayoría corresponden a amenazas, lesiones y agresiones físicas. También se conocen casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, principalmente de sexo femenino.
Las autoridades no ofrecen declaraciones ni cifras oficiales actualizadas sobre estas denuncias, por lo que la falta de estadísticas públicas se convierte precisamente uno de los principales problemas señalados por las organizaciones que trabajan en prevención y atención de la violencia basada en género.
Mujeres que buscan ayuda y no encuentran respuesta
A la falta de información se suma, según fuentes consultadas y testimonios recogidos en comunidades del estado, una respuesta institucional insuficiente. Mujeres que han acudido al Instituto de la Mujer en municipios como Páez, Turén y Esteller e incluso al Ministerio Público en busca de orientación, protección, acompañamiento o simplemente para denunciar relataron que no recibieron la atención esperada o que sus casos no tuvieron seguimiento.
Los testimonios son parte de las experiencias recogidas directamente en comunidades donde organizaciones civiles desarrollan jornadas de sensibilización. Algunas mujeres aseguran que, ante la falta de respuesta, terminan recurriendo a familiares o redes comunitarias para recibir orientación.
El señalamiento apunta a una de las principales brechas identificadas por organizaciones como la Asociación Civil Gurrufio y la Red de Mujeres de Portuguesa: «una mujer puede decidir romper el silencio y denunciar, pero si no encuentra acompañamiento, protección y una ruta clara, puede terminar regresando al mismo entorno de violencia», expresa María Teresa Piñero, activista de la región.
El silencio también forma parte del problema
Diagnósticos realizados por la Asociación Civil Gurrufío, la Red de Mujeres Constructoras de Paz y la Red de Mujeres de Portuguesa identifica el desconocimiento como una de las principales barreras.
Estas organizaciones trabajan en sensibilización sobre la violencia basada en género en municipios como Araure, Páez, Ospino, Turén, Esteller y Santa Rosalía, mediante talleres, círculos de escucha, espacios seguros y actividades de prevención de la violencia de género.
De allí elaboraron un diagnóstico revisando reportes y alertas de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación digitales, información de agencias del sistema humanitario y entrevistas con actores vinculados a organismos receptores de denuncias y cuerpos de seguridad. Uno de los principales hallazgos fue el subregistro y la falta de estadísticas oficiales actualizadas sobre violencia doméstica y delitos sexuales.
58 % de las mujeres consultadas guarda silencio
Durante la campaña de sensibilización #YoTeCreo y Violencia Basada en Género participaron más de 155 personas: 140 mujeres y 15 hombres. Además, se aplicaron encuestas durante los talleres y otros 90 instrumentos a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.
Los resultados muestran que 58 % de las mujeres consultadas guarda silencio y no comunica su experiencia de violencia, mientras que 46 % desconoce los servicios institucionales disponibles para recibir apoyo. Un 42 % manifestó querer recibir ayuda especializada para salir del ciclo de violencia.
Para las organizaciones, estas cifras evidencian que el problema no es únicamente la violencia que ocurre dentro de los hogares, sino también las barreras que encuentran las mujeres cuando deciden pedir ayuda.
La violencia psicológica es la más reportada
La violencia psicológica y verbal representó 54 % de las situaciones reportadas por las participantes. Un 26 % señaló conductas de control sobre sus relaciones y amistades y 34 % manifestó sentir temor ante su pareja o un hombre cercano.
Además, 28 % reportó agresiones físicas y 20 % amenazas explícitas de daño o represalias. En materia de violencia sexual, 8 % señaló haber sufrido actos no consentidos. «También los insultos, descalificación, control, aislamiento y amenazas tienen que entenderse como señales de alerta y no como conflictos normales dentro de una relación», advierten.
No conocen las rutas de atención
Las organizaciones señala que muchas mujeres desconocen dónde denunciar, qué instituciones deben atenderlas y cuáles son los pasos posteriores a una denuncia. «También existe desconocimiento sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres reconocidas por la legislación venezolana», resaltó Piñero.
El trabajo comunitario busca precisamente que las mujeres puedan identificar no solo la violencia física, sino también la psicológica, sexual, económica, patrimonial y digital.
Respuesta institucional limitada
El diagnóstico identifica dificultades para acceder de manera articulada a atención psicológica, médica y legal. Según el informe, la ausencia de mecanismos de coordinación suficientemente consolidados dificulta una respuesta integral para las sobrevivientes y deja espacios que terminan cubiertos por organizaciones de la sociedad civil.
Entre las principales solicitudes formativas estuvieron los Primeros Auxilios Psicológicos, asesoría y apoyo legal sobre rutas de denuncia; y relaciones saludables, límites y asertividad.
El monitoreo de Gurrufío, realizado desde 2020, documenta dos femicidios ese año, nueve en 2021, tres en 2022 y uno en 2023. En 2024 ocurrieron tres casos y otros tres en 2025. En lo que va de 2026, la organización contabiliza cuatro.
Las recomendaciones
Ante este panorama, las organizaciones plantean fortalecer la formación de funcionarios de organismos receptores de denuncias y cuerpos de seguridad, incluidos PNB, Cicpc y Senamecf, con énfasis en atención humanizada y prevención de la revictimización.
Asimismo, recomiendan ampliar el acceso a atención psicológica especializada, asesoría jurídica y programas de capacitación laboral y educación financiera para sobrevivientes, consideran que la autonomía económica también es una herramienta para reducir la dependencia que puede dificultar que una mujer abandone una relación violenta.
Entre las propuestas también está consolidar redes comunitarias de apoyo y mantener el protocolo “Activistas Seguras", que contempla identificar y nombrar la violencia, documentar, activar redes de sororidad, establecer una ruta de acción y aplicar medidas de autocuidado.
Para las activistas, romper el silencio y fortalecer las rutas de atención son pasos urgentes para intervenir antes de que la violencia llegue al femicidio.