Las presas políticas Rusmarelys Zacarías y Rosanis Medina continúan detenidas en el Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Tucupita, estado Delta Amacuro, pese a que en una audiencia el pasado jueves, 3 de septiembre, el juez de la causa declaró su libertad plena.
Con alegría su familia esperaba que después de más de un año volvieran a sus hogares. Pero para su sorpresa, el jefe del Destacamento 611, César Fernández García, ordenó detenerlas nuevamente al alegar que la boleta de excarcelación no era original sino una copia vía FAX.
Su familia dijo a El Pitazo, este lunes, 7 de septiembre, que los abogados de Zacarías y Medina se encuentran en Caracas para introducir un recurso que les permita recuperar su libertad.
Tienen libertad plena, pero un guardia se las niega
Los parientes compartieron las boletas de excarcelación de ambas jóvenes, firmadas por el juez Jorge Pichardo, titular del juzgado décimo de Primera Instancia en función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.
En esos documentos se lee que tienen una «sentencia absolutoria» con «libertad plena y sin restricciones» tras desestimar los presuntos delitos de los que las acusaban: tráfico ilícito de municiones y asociación, reiteró la tía de las presas políticas, Reecaris Medina.
Sin embargo, el militar se niega a darles la libertad desde entonces al pedir que la orden tenga el sello húmedo del tribunal, aunque la audiencia fue virtual.
El dirigente Ángel Aristimuño, quien estuvo un año encarcelado por razones políticas (entre julio de 2024 y julio de 2025), dijo que como ha ocurrido con otras excarcelaciones, los militares o policías alegan «órdenes superiores» para incumplir la sentencia de un tribunal.
«Ellas deberían estar en sus casas porque el tribunal les dio la libertad. Pero este régimen tiene muchas corrientes y si el jefe del componente no le da la orden al comandante regional, no sales», dijo Aristimuño a El Pitazo.
Derechos vulnerados
Zacarías y Medina se desempeñaban como manicuristas antes de su detención. Son primas y residen en el municipio Barrancas del estado Monagas, al sur de la entidad oriental, aunque las recluyeron en la vecina Delta Amacuro por la cercanía geográfica con esa región.
En un video que compartió la exdiputada a la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, ella explica que durante su prisión «sufrieron todo tipo de abusos de sus derechos» que se vuelven a repetir a pesar de que un tribunal decidió su libertad plena.
«Fueron detenidas nuevamente sin razón legal alguna. Actualmente aún se encuentran en Delta Amacuro detenidas», dijo el viernes 4 de septiembre. Pasadas 72 horas de esa denuncia, aún las mantienen encarceladas como El Pitazo confirmó con sus familiares.
Explicó además que el comandante de la GNB en esa localidad les informó que tendrían otra audiencia, algo que no queda claro, porque ya tuvieron una en la que les otorgaron la libertad.