Caracas.- A través del informe titulado La ruta de la opacidad electoral: Elecciones Regionales y Parlamentarias 2025, Transparencia Venezuela en el exilio señala las irregularidades que han acompañado la convocatoria al proceso electoral programado para el mes de mayo.
En este proceso electoral se elegirán 569 cargos: 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores de los estados y 260 legisladores regionales.
El 27 de marzo, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció la reprogramación de las Elecciones Regionales y Parlamentarias del 27 de abril al 25 de mayo, a través de una intervención televisada. Sin embargo, no se realizó la publicación correspondiente en Gaceta Electoral, con lo cual se constituye un incumplimiento a la legislación electoral.
El artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que «el Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria para la elección de los cargos de elección popular correspondientes. Dicha convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, sin menoscabo de su publicación en otros medios de información masivos».
Transparencia Venezuela destaca la falta de información publicada por medios oficiales. El informe detalla que el sitio web oficial del Consejo Nacional Electoral ha acumulado hasta la fecha de su publicación nueve meses fuera de línea, desde que fue cerrado la noche del 28 de julio.
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«La ausencia de sitio web del CNE ha obligado a que la comunicación sobre el proceso electoral regional sea directamente entre funcionarios y representantes de los partidos políticos. De cara al electorado ha sido más complicado, pues no hay canales oficiales disponibles», expone el informe.
En consecuencia de la falta de información publicada por medios oficiales del órgano electoral, han sido otros actores políticos quienes proporcionan detalles del proceso electoral previsto para 2025, especialmente voceros del partido oficialista PSUV.
Transparencia Venezuela advierte que se ha tratado de un proceso opaco, donde se han incumplido las actividades correspondientes, las cuales están contempladas la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
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